Con 14 cottolengos y hogares distribuidos en siete provincias del país, en la Obra Don Orione viven más de 1400 niños y adultos con distintos tipos de discapacidad. Aproximadamente el 50% de esas personas son beneficiarias del programa estatal Incluir Salud, que financia las prestaciones médicas de quienes tienen pensiones asistenciales y no cuentan con otra cobertura. Sin embargo, desde Don Orione aseguran que desde hace seis meses no cobran de forma regular: sostienen que Incluir Salud les debe más de 70.000.000 de pesos.

"Hace dos semanas la situación era muy crítica, la cifra adeudada era el doble. Estamos hablando de personas con discapacidades severas y muy vulnerables, a las cuales no podemos dejar de darles atención. Por suerte, en la última semana nos pagaron hasta diciembre", subraya Beatriz Pérez, coordinadora técnica de la Obra Don Orione.

ADEMÁSEn velero: una argentina viaja por el Atlántico para generar concienciaGabriela Michetti: “El objetivo es que la discapacidad sea una política de Estado”

Referentes de las instituciones que integran el Foro Por la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que preside el sacerdote Pablo Molero y que agrupa a unas 500 organizaciones de la Argentina, denuncian que el incumplimiento es generalizado. La demora puso en riesgo la continuidad de las prestaciones en algunas de las instituciones, por la dificultad para abonar los sueldos de los empleados y las cargas sociales.

El órgano responsable de girar los fondos es la Agencia Nacional de Discapacidad, que fue creada en septiembre de 2017 y depende de la Secretaría General de la Presidencia. La vicepresidenta Gabriela Michetti, quien integra una mesa interministerial para la implementación de estas políticas, dijo a

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LA NACION que tiene un "compromiso personal" al respecto y explica que si bien la agencia se lanzó a fines del año pasado, recién hace un mes que se encuentra plenamente operativa.

"Los retrasos no tienen que ver con la agencia", sostiene Michetti, y agrega: "La deuda estaba. Pero desde que se puso a cargo a Pablo Atchabahian (designado el pasado 26 de abril) por día salen cientos de millones para saldarlas. A principios de mayo asumimos el compromiso de regularizar la situación en 60 días. Y así lo estamos haciendo", señala.

En busca de una solución

Atchabahian, director nacional de Incluir Salud, detalla que este programa federal "pasó a funcionar formalmente bajo la órbita de la agencia en marzo, proveniente del Ministerio de Salud de la Nación", pero que no fue hasta abril que recibieron la dirección administrativa, "junto a los créditos y los débitos para poder liquidar y pagar las prestaciones de discapacidad".

"Estamos cumpliendo con el compromiso que tomamos de cancelar las prestaciones impagas hasta enero de 2018", asegura el funcionario. "Este mes -promete- continuaremos regularizando la situación y se pagarán febrero y marzo de 2018. De esta forma, lograremos ponernos al día". La ley contempla hasta tres meses de demora.

Las organizaciones sociales valoran que las autoridades de la agencia las hayan recibido en varias oportunidades (el último encuentro fue hace una semana), y si bien son cautelosas confían en que los pagos se regularicen en el corto plazo.

"Sabemos que estamos en un momento complicado, pero no estamos pidiendo más dinero, sino que el Estado se ponga al día con la deuda que generó. Los recortes en los gastos no pueden ser con los más vulnerables: ellos no puede esperar", opina Molero. El sacerdote agrega que desde el nuevo organismo estatal le prometen que "se están moviendo para solucionar la situación".

Desde las fundaciones advierten que los retrasos no surgieron de la noche a la mañana. "Entendemos que la situación se profundizó por temas administrativos, como el paso de Incluir Salud a la agencia, pero nos preocupa que hayamos llegado a estos extremos porque no se tiene en cuenta la urgencia que pueden tener nuestros servicios. Muchas de las personas con discapacidad de estos hogares no tienen familia y quedarían en la calle", subraya Beatriz Pérez.

Carlos Muñoz, presidente de la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos (Aiepesa), sostiene: "Tenemos lugares con un 60% o 70% de la población con Incluir Salud donde la atención puede estar en riesgo si este mes no se resuelve el problema".

Defensores públicos curadores de la ciudad de Buenos Aires, que representan a personas con discapacidad intelectual o padecimientos mentales, también vienen realizando reclamos en este sentido (ver aparte). Denuncian que la Agencia Nacional de Discapacidad y el Ministerio de la Salud porteño tienen "deudas enormes" con residencias geriátricas y hogares para personas con discapacidad, lo que provoca que sus defendidos corran el riesgo de quedar en la calle.

La voz de algunos de los afectados

La Casita, Entre Ríos: "Esto perjudica a chicos muy vulnerables"

Delia Vinzón integra la Fundación La Casita, creada por un grupo de padres en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, para brindar rehabilitación y apoyo a chicos con discapacidades severas. Atienden a 54 niños y jóvenes con distintas patologías. "Recibimos a los chicos que nadie quiere. Desde Incluir Salud nos llegaron a deber hasta un año (1.600.000 pesos). Hace una semana empezaron a saldar gran parte de la deuda", resume Delia. Fueron meses muy difíciles: "Los chicos que tienen esta prestación vienen de situaciones económicas muy vulnerables. Hay una joven de 16 años que tiene a su mamá también con una discapacidad y viven solas en una casa que no tiene ni baño. En La Casita come, se baña, hasta las asistimos con comida. No podemos abandonarla". Desde la agencia aseguraron que el 30 de mayo se pagó hasta enero de 2018.

Centro AMAD, Mendoza: "Gestiones hay muchas, hay que ver si avanzan"

El Centro Educativo Terapéutico AMAD aborda en la ciudad de Mendoza la problemática de la discapacidad, desde recién nacidos hasta jóvenes adultos, con un total de 150 pacientes, muchos de ellos con Incluir Salud. "No hemos usado nunca a los chicos como moneda de cambio, no podemos dejar de atenderlos. Pero el transporte no los quiere ir a buscar y a los empleados no pudimos pagarles el sueldo de abril", explica Edgardo Sánchez, representante legal de la institución. "En diciembre pasado -relata Sánchez- sacaron dos pagos por junio y julio de 2017; en marzo nos pagaron septiembre y octubre, pero solo el 80%; luego abonaron noviembre. Nos deben seis meses, más o menos 3.000.000 de pesos". Si bien recibió nuevos cronogramas de pago, teme que las promesas no se cumplan: "Gestiones hay muchas, hay que ver si avanzan".

Defensoras públicas curadoras: "Hay más de 200 casos en CABA"

Según Soledad Fernández Mele y Adelina Navarro Lahitte, defensoras públicas curadoras de la Defensoría General de la Nación, existen más de 200 casos relevados de personas que se ven afectadas por el corte de las prestaciones de Incluir Salud en la ciudad, por lo que en muchos casos se ve interrumpida la atención que recibían, como acompañamientos terapéuticos o servicios de psiquiatría. Por otro lado, aseguran que acceder a dispositivos comunitarios donde poder trasladar a aquellas personas que habiendo estado internadas en hospitales o neuropsiquiátricos fueron dadas de alta resulta imposible. Navarro Lahitte cuenta el caso de uno de sus defendidos, un joven de 18 años con autismo que se encuentra internado en el Hospital Borda y hace un año que está en condiciones de alta, pero permanece allí porque la cobertura no aportó aún un lugar adecuado.