El Gobierno prestará $ 846 millones a municipios

Si durante el año hay aumentos de sueldos, las intendencias podrán afrontarlos ocupando recursos originalmente previstos para obras.
Por pura coincidencia administrativa, el Pacto para la Paz Social 2010 entró en vigencia el mismo día en que se disponía la puesta en marcha de ese mismo acuerdo durante 2009. El gobernador, José Alperovich, volvió a elegir el 8 de enero para emitir el decreto de necesidad y urgencia mediante el cual, en acuerdo con los ministros, otorga una serie de créditos con los que se garantiza a municipalidades y a comunas el pago de sus planillas salariales, la realización de trabajos comunitarios y la prestación de servicios públicos.

Los recursos para atender la faz salarial conforman el denominado "Pacto Social", mientras que los dineros para la realización de tareas componen el Fondo Fiduciario para Obras Públicas, también llamado "Pacto de Obras".

Por cierto, la fecha no es la única similitud entre el pacto pasado y el que se estrena. Según los términos del decreto 1/3, el mandatario resolvió que la asistencia financiera para las delegaciones rurales sea idéntica a la del año pasado: $ 65 millones, previa suscripción de convenios individuales de préstamo con cada comuna. (Ver "El Ejecutivo...") Y, para mayores similitudes, el fondo fiduciario para obras fue fijado en los mismos $ 183,6 millones que el año pasado, "para la ejecución de obras públicas esenciales a los intereses vitales del ejido municipal". Pero lo de las cifras no es ninguna coincidencia.

Austeridad

"Las cifras están congeladas", admite el ministro del Interior, Osvaldo Jaldo, en diálogo con LA GACETA. El funcionario, ante todo, destaca la voluntad política del gobernador para reeditar el Pacto para la Paz Social, al cual califica como "un acierto de Alperovich para garantizar la gobernabilidad" en las administraciones locales.

Jaldo subraya que la política de austeridad no es un discurso sino un hecho y que por eso no hay cambios en las sumas destinadas a las comunas ni en el "Pacto de Obras". Sólo el "Pacto Social" registra una variación y, según el ministro, el motivo es la inflación.

Tal como informó ayer LA GACETA, el decreto 1/3 fija que este año se destinarán $ 662,7 millones para "para la atención prioritaria de la política salarial del ejercicio 2010", incluyendo los salarios y el aguinaldo. Esto equivale a un incremento del 5,5% con respecto a los $ 628,1 millones que, finalmente, fueron ejecutados al 31 de diciembre pasado, en el marco del "Pacto Social" 2009.

"El ’Pacto Social’, en rigor, está destinado al pago de sueldos y/o de gastos de funcionamiento. Y en este último rubro pueden darse incrementos de tarifas a causa de la inflación. Previendo eso, se fijó una mínima variación respecto de lo ejecutado el año pasado", explicó el ex intendente de Trancas.

Recomposiciones

La inflación no sólo dispara tarifas: también motiva incrementos salariales. La prueba de ello es que cuando fue decretado el 8 de enero del año pasado, el "Pacto Social 2009" fue fijado en $ 566,2 millones. Si terminaron gastándose los $ 628,1 millones mencionados fue porque, precisamente, se produjeron recomposiciones salariales y hasta aumentos en los montos de las asignaciones familiares.

Como este año pueden darse circunstancias similares, Las municipalidades, mediante el artículo 7 del decreto refrendado el viernes, quedaron facultadas -al igual que durante el año pasado- para reasignar recursos del "Pacto de Obras" con la finalidad de pagar eventuales incrementos salariales. La norma subraya que el dinero que tengan asignados para trabajos comunitarios es el límite de lo que podrán destinar para afrontar mejoras de haberes.

Justificativos

"Se han obtenido resultados satisfactorios con estas medidas, que contribuyeron a la paz social y a la dignificación y el crecimiento en las respectivas jurisdicciones municipales y comunales", dice el DNU firmado por los ministros Jaldo, Edmundo Jiménez (Gobierno) Jorge Gassenbauer (Desarrollo Productivo), Jorge Jiménez (Economía), Mario López Herrera (Seguridad Ciudadana), Pablo Yedlin (Salud), Beatriz Mirkin (Desarrollo Social) y por el subsecretario General de la Gobernación, a cargo de la Secretaría, Ernesto Salas.

En la norma se aclara que, si bien es cierto que para la adopción de estas medidas es necesario el dictado de una nueva ley, "no es menos cierto que la premura con la que debe darse solución a las cuestiones fundamentales, imprescindibles e ineludibles de los municipios y comunas, a fin de garantizar el bienestar de la comunidad, amerita el dictado de un decreto de necesidad y urgencia".

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