os de cada tres empleados públicos del país son provinciales. En su plan para reordenar el gasto público y hacer más eficientes los ingresos (sin aumentar los impuestos), el gobierno nacional pretende que los gobernadores repitan su decisión de congelar la contratación de trabajadores en el Estado.

Una fuente oficial reconoció ante LA NACION que intentarán avanzar en un acuerdo con los gobernadores en el marco del debate por la reforma impositiva integral y de la nueva ley de coparticipación.

Hace una semana, por la Decisión Administrativa 12 se prohibió a los organismos que integran el Poder Ejecutivo sumar personal al que tenían hasta el cierre de 2016. Los que lo requieran deberán conseguir la autorización de Jefatura de Gabinete. Quedaron excluidas las empresas del Estado, las Fuerzas Armadas, las universidades, el Congreso y la Justicia. "Tampoco se incluyó a las provincias porque tienen autonomía para estas decisiones, pero el objetivo es lograr un consenso y conseguir que todos trabajemos en la misma sintonía para una mejor administración de los fondos públicos", agregó el funcionario del Ministerio del Interior.

Según datos de la consultora Economía & Regiones (E&R), entre 2010 y 2016 -cuando el PBI creció una media de 0% anual- el personal de las provincias aumentó dos puntos porcentuales por año y el de la Nación, el doble, cuatro puntos porcentuales.

Diego Giacomini, director de E&R, subrayó que por las transferencias de obligaciones de la década del 90, los servicios públicos esenciales hoy están a cargo de las provincias. "Salud, educación, seguridad y justicia dependen de las administraciones provinciales, y aunque el esfuerzo fiscal tiene que recaer en las dos esferas hay más responsabilidad de Nación."

"Si a los gobernadores les piden que no aumenten su planta de personal, la Nación tiene que empezar por reducirla", definió ante este diario. Los diferentes niveles del Estado (nacional, provincial y municipal) ocupan a casi 3,5 millones de personas; de ese total, 21% depende del central, 13% de los municipios y el resto (66%), de las provincias.

Para la Nación no habría equidad en que todo el esfuerzo fiscal quede de su lado: "Habrá asistencia, acompañamiento para mejorar la recaudación y apoyo para obras. Hemos devuelto recursos; hace falta que también de la otra parte se asuman compromisos y se cumplan".

Premiar la eficiencia

Hay provincias -como Salta- que en sus presupuestos hace tiempo establecen que no habrá nombramientos fuera de lo estrictamente necesario, pero el mecanismo no funciona en los hechos. La limitación presupuestaria para aumentar el número de personal termina salteado por alguna excepción.

Desde los ministerios de Hacienda y Finanzas -ambos involucrados en las reformas que se intentará poner en marcha este año- advierten que los números del empleo público estarán entre los monitoreados para evaluar la performance fiscal de las provincias.

Ya el año pasado, desde la Casa Rosada se les planteó a los mandatarios provinciales que no se garantizaría la toma de deuda para pagar salarios. Durante 2016, las provincias emitieron deuda por unos 7000 millones de dólares; no lo pueden hacer sin el aval de la administración central. Ahí, por ejemplo, la Nación tiene una herramienta para "presionar".

El desafío es encontrar mecanismos que permitan superar los compromisos "voluntaristas". En esa línea, una posibilidad en estudio es que, auditados los números, los gobernadores con mejor gestión tengan un apoyo "extra".

Desde NoaNomics, Félix Piacentini apunta a LA NACION que más conveniente que plantear "congelamiento" es establecer un parámetro objetivo, como el índice de crecimiento poblacional que, a nivel país, es del 1,2% anual.

Entre 2003 y 2015, según el análisis de la consultora, las provincias incrementaron sus plantillas en un promedio de 53%. Sin embargo, en ese período hay jurisdicciones en las que el empleo público aumentó por muy encima; es el caso de Tierra del Fuego (108%), Chaco (92%), Catamarca (88%), Salta (84%) y Santa Cruz (80 por ciento).

"Los gobiernos provinciales no pueden seguir usando la expansión del empleo público como herramienta de política económica sin poner en riesgo su situación fiscal y clima de negocios", sostuvo el especialista.