Tras la media sanción que obtuvo el proyecto que modifica la ley de tarjetas de crédito, todo indica que se volverá casi a foja cero para analizar alguna opción superadora. El texto que obtuvo media sanción en el Senado estableció que el arancel máximo para tarjetas de crédito bajará de 3% a 1,5%, mientras que en el caso de las de débito pasaría de 1,5% a 0. Pero los bancos advirtieron que semejante reducción provocaría una disminución de ofertas y, sobre todo, el esquema de cuotas sin interés.

Tampoco quedaron conformes incluso quienes propiciaban el proyecto, como la Cámara Argentina de Comercio. La entidad consideró que los cambios eran insuficientes y no atacaban el fondo del problema, que a su entender son las cuestiones vinculadas con la "cartelización" del mercado de plásticos.

Justamente, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia había realizado una denuncia al sector por prácticas oligopólicas, apuntando contra Prisma, la compañía controlada por 14 bancos que emite la tarjeta Visa en la Argentina (tiene casi el 60% del mercado).

El secretario de Comercio Interior, Miguel Braun, es quien tiene a cargo la redacción de un proyecto alternativo al que impulsó el senador chubutense Alfredo Luenzo. Según fuentes oficiales, el objetivo sería encontrar un equilibrio entre la necesidad de reducir el costo del arancel que cobran los plásticos cada vez que se produce una transacción. Pero al mismo tiempo evitar que el impacto sea tal que termine jugando en contra de la calidad del servicio y la oferta para los consumidores, en un momento en el que se busca una mayor utilización de productos bancarios.

Una opción que ofrecen las entidades financieras es, por ejemplo, bajar el arancel máximo del 3% al 2% pero en un plazo de cuatro años. Y mantener una comisión, aunque menor que la actual, por el uso de débito.

El tema volvió a "colarse" en el acuerdo "Ahora 12" para que los comercios puedan seguir vendiendo en 12 cuotas sin interés hasta el 31 de enero. Los bancos son una pata fundamental de éste, ya que ofrecen una tasa diferencial inferior al 15% para que los comercios puedan financiar. Y a cambio reciben una reducción del encaje por parte del Central, es decir que el plan tiene un componente de subsidio estatal.

Sin embargo, las entidades terminaron condicionando su participación en el programa, clave para reactivar el consumo en las fiestas de fin año, a que no se apruebe el proyecto que reduce drásticamente los aranceles.

"Es evidente que no podemos seguir ofreciendo beneficios si nos sacan de esta forma la fuente de ingresos. No decimos que no haya cuestiones que se pueden revisar y corregir, pero no de la manera que propone el proyecto aprobado en el Senado", señalan los banqueros. Desde el Gobierno aseguran que no habrá conflicto. "Este proyecto está en el ámbito legislativo y no podemos hacer nada. Pero a los bancos les interesa como a nosotros que la actividad repunte, lo que también beneficiará a ellos", sostienen.