La desesperación está ligada a la impotencia. Dicho de otro modo: cuando los planes para esmerilar a un adversario no tienen éxito, el tiempo pasa y se acortan los plazos, y el rival sigue en una posición preponderante, llega el momento de intentar otra cosa. El tiempo de cambiar la agenda. Ese es el escenario para el que se está preparando la Casa Rosada. A una semana del inicio de diciembre, un mes de resonancias complejas para la historia reciente, la administración de Cristina Fernández trabaja en una batería de iniciativas que coincidirán con el regreso a la actividad pública de la figura central del mapa político: la propia jefa de Estado. Las acciones que se vienen incluyen movilizaciones en el espacio público, proyectos de ley en el Parlamento –las sesiones ordinarias se prorrogaron hasta el 31 de diciembre–, eventos culturales masivos en el área metropolitana de Buenos Aires y en la Costa Atlántica. En simultáneo con la reaparición de la presidenta, que en diciembre tendrá una agenda con viajes a Ecuador y México por cumbres regionales, no se descuidarán –todo lo contrario– las eventuales amenazas a la seguridad. Sin desatender el tema, en el gobierno nacional advierten que hay sectores opositores, tanto del arco político como del mundo empresarial y de los medios, interesados en instalar y promover el "fantasma del caos".  

La primera advertencia sobre la existencia de una estrategia opositora que buscaría crear un escenario de "estallido" para obtener rédito electoral la realizó la propia presidenta hace dos meses. A mediados de septiembre, desde la Casa Rosada, denunció a "dirigentes sindicales" que anunciaban "estallidos para diciembre" y dijo que quizá pensaban anticipar ese clima "preparando alguna matiné". A 70 días de aquel momento, y con el dato compartido por todas las encuestadoras de que Cristina viene subiendo en las encuestas y el FPV consolida su potencialidad electoral más allá de quien termine siendo su candidato, la hipótesis de que este año se produzcan saqueos a supermercados podría favorecer electoralmente a los rivales del oficialismo. No por casualidad, a principios de este mes, el diputado Eduardo "Wado" De Pedro (FPV) alertó que "intendentes massistas de la primera sección electoral" (norte y oeste del GBA) estaban "articulando conflictos para fin de año". En el mismo sentido se pronunció el concejal peronista de Hurlingham Juan Zabaleta, un dirigente kirchnerista de la 1ª sección que en su distrito es opositor al intendente massista Luis Acuña.  

Estos antecedentes explican por qué el secretario de Seguridad, Sergio Berni, en una medida que ya se convirtió en rutina para todos los finales de año, suspendió las vacaciones para todo el mes de diciembre a todo el personal operativo de la Gendarmería. De cualquier forma, y ante la hipótesis de situaciones de conmoción social, como la organización de robos a supermercados para generar impacto político y mediático, la primera responsabilidad es de las policías de cada distrito: las policías provinciales, por cuestiones de jurisdicción. En la provincia de Buenos Aires, Berni y el ministro de Seguridad provincial, Alejandro Granados, montaron el año pasado un Centro de Monitoreo y trabajo conjunto en el complejo policial de Puente 12, La Matanza. "Para este fin de año no tenemos ninguna hipótesis de conflicto al respecto (por eventuales saqueos). Estamos trabajando con normalidad y coordinando de manera permanente con Nación, pero como hacemos siempre", confió a Tiempo el vocero de Granados, Juan Pablo Biondi.

Otra de las prioridades a la que está atento el Ejecutivo es la posibilidad de que, para explotar cierto miedo producido por la historia reciente, las policías provinciales aprovechen el calendario para hacer reclamos salariales que puedan perjudicar la prestación del servicio. En el oficialismo aseguran que ese tipo de demandas están focalizadas en las provincias de Santa Cruz y Chubut. Y, además, recuerdan que en el Senado ya fue aprobado y en Diputados cuenta con dictamen favorable de la comisión de Legislación Penal el proyecto de Aníbal Fernández que propone reformar el Código Penal para establecer multas económicas y penas estrictas a los policías que abandonen su función en el marco de una medida de fuerza e incumplan así con la garantía constitucional que tienen los ciudadanos, de ser protegidos por el Estado.

Mientras estas cuestiones son monitoreadas con atención a medida que se acerca fin de año, la Casa Rosada volverá a convocar a una concentración multitudinaria para el 10 de diciembre, por un nuevo aniversario de la recuperación democrática. En la organización están trabajando la Unidad Bicentenario de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo del publicista Javier Grosman, responsable de las puestas en escena "monumentales" que caracterizan al kirchnerismo, y los productores Verónica Fiorito y Ariel Jasan, colaboradores de Teresa Parodi en el Ministerio de Cultura, quienes están a cargo de la programación musical. El ciclo de recitales organizados por el oficialismo seguirá durante la temporada de verano en Mar del Plata: el secretario de Polícias Socioculturales Franco Vitali está organizando una serie de eventos destinados a la juventud que se montarán en la zona del puerto de Ciudad Feliz. La invitación a una Plaza de Mayo llena y festiva el 10 de diciembre se convertirá en el mejor escenario para que la presidenta, a su regreso de una gira por Guayaquil y Quito (donde participará de la inauguración a la nueva sede de Unasur, cuyo edificio será bautizado Néstor Kirchner), más Guadalajara y Veracruz, donde asistirá a la Cumbre Iberoamericana de Presidentes, realice un discurso que promete ser clave para la campaña electoral. «