Según pudo saber LA NACION, se canalizará a través de las principales tarjetas de crédito del mercado asociadas a los bancos. El propósito es volver a las compras en 12 cuotas fijas, sin interés, en todos los locales, de manera permanente y no sólo en promociones de fin de semana.

Tendría un plazo de vigencia de tres meses, hasta noviembre próximo, para apurar a los consumidores a aprovechar la oportunidad.

El anuncio, que se iba a hacer el miércoles último en la Casa Rosada, está previsto ahora para la semana próxima o la siguiente. Ello depende de la celeridad de las negociaciones que comenzaron hace dos semanas entre el Ministerio de Economía, que dirige Axel Kicillof, y las principales tarjetas de crédito, confiaron a LA NACION fuentes de la Casa Rosada. Todavía falta acordar detalles y condiciones.

"Están presionando a las tarjetas para volver a las 12 cuotas fijas sin interés", confió un funcionario oficial. No se descarta que también participen como fuentes de financiamiento la Anses y el Banco Nación. En la elaboración también interviene la ministra de Industria, Débora Giorgi.

"La idea es reactivar el consumo, la economía está parada, en caída libre, y se temen más despidos. No hay un peso en el Estado, la situación financiera es comprometida", se sinceró otro allegado a la Presidenta. En la Casa Rosada temen terminar el año con 200.000 despidos.

Hace tres semanas, tras las cesantías y suspensiones en la imprenta Donelley y otras fábricas y frigoríficos, Cristina le ordenó a Kicillof elaborar un plan de urgencia. La caída del consumo la preocupa. Además, había que dar una respuesta anticipada al paro del jueves último de las CGT de Hugo Moyano y de Luis Barrionuevo y la CTA de Pablo Micheli.

Los bienes de consumo incluidos serán electrodomésticos, productos de línea blanca, motocicletas y vestimenta. Hace un mes, Cristina exhortó a los trabajadores a cuidar su empleo consumiendo lavarropas, planchas y motos. Durante el plazo de vigencia del plan destinará cada semana para un rubro diferente.

Se analiza resucitar la Super Card, la tarjeta de compras que había diseñado Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio, y que nunca vio la luz, para dar rebajas en los supermercados sobre la canasta básica y la de fin de año.

La Presidenta también suspendió la semana última una reunión con los gobernadores petroleros para acordar la ley de hidrocarburos y otra con el Consejo del Salario Mínimo. Pasaron para la semana próxima, que podría ser de anuncios, para mostrar una recuperación ante el último paro.

El nuevo plan de cuotas se complementaría, así, con otras medidas contracíclicas recientes que buscan evitar la crisis, pero parecen insuficientes: el ProCreAuto, Vivir Más Cerca (viviendas), Fondear (crédito a empresas), Cedín (compra de inmuebles), ProEmpleAR (jóvenes), moratoria previsional, los planes Recuperación Productiva (Repro, subsidios para no despedir empleados), entre otros.

El clima de desmoronamiento de la economía desespera a muchos funcionarios con aspiraciones en las elecciones de 2015. Por eso, hay críticas internas a Kicillof. Pero Cristina Kirchner lo sostiene y sólo escucha a su superministro.

La inversión cayó desde enero un 5,5%; las ventas minoristas, el 9,6%; las exportaciones, un 9,1%; las importaciones, un 15,7%, la inflación ronda el 40%, el déficit previsto es de $ 200.000 millones para 2014 y la emisión monetaria de $ 150.000 millones, lo que preocupa al cada vez más crítico presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega.

En el Gobierno, algunos impulsan un levantamiento del cepo cambiario, para revertir la pérdida de reservas del Central. Cristina y Kicillof persistirán en la radicalización económica y política. Avanzarán con la sanción de la ley de abastecimiento y con el discurso duro ante los fondos buitres.

Frente a la CGT disidente, rechazarán la rebaja en el impuesto a las ganancias para no perder recaudación fiscal y la reapertura de paritarias, para evitar que los empresarios despidan empleados.

Sin embargo, sin anunciarlo en un acto público, el jefe del Gabinete, Jorge Capitanich, firmó la semana última el envío de $ 1215 millones a las obras sociales de todos los sindicatos, leales y disidentes, el mismo día en que culpaba a los jefes de los díscolos de estar financiadas por los fondos buitres..