Gobierno vs. prensa, una disputa para toda la región

El debate que aumenta en la Argentina sobre la Ley de Medios se inscribe en la feroz pelea entre poder político y periodismo que atraviesa todos los países sudamericanos. Mientras en Venezuela, Ecuador y Bolivia se encuentra la mayor tensión, en Brasil, Chile y Paraguay el enfrentamiento es menor. La pelea de fondo mantiene en vilo a toda América del Sur.
La recrudecida puja entre medios y Gobierno que vive Argentina por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es sólo una arista del crudo choque que atraviesa al Cono Sur. Titulares que golpean sobre la base de intereses propios y presidentes que responden desde el atril son un común denominador en la región, aunque no siempre los actores crucen de igual modo la delgada línea del respeto mutuo entre prensa e institución.

"Es preciso distinguir la labor periodística de las empresas mediáticas. Como grupos de presión con sus ideologías, es natural que existan tensiones porque lo que está en juego son los espacios de poder", reflexionó ante PERFIL Patricia Vialey de la Universidad de La Plata.

El duelo abierto entre el ex presidente Néstor Kirchner y grupos locales coloca a la Argentina entre los países que registran hoy las confrontaciones más pronunciadas, pero, aun así, el escenario dista del venezolano. Allí, la Fiscalía General impulsó una ley de delitos mediáticos que regulaba con mano dura la actividad hasta que la Asamblea Nacional optó por cajonearla por la reacción social. Esto no sofocó, sin embargo, la batalla que libran los bolivarianos con el canal Globovisión, contra el que ayer se abrió un nuevo proceso sancionatorio, ni pesará tampoco a la hora de suspender próximamente otras 29 licencias, según anunció ayer la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, sumándose a las 34 removidas en agosto por irregularidades. Paisaje similar al ecuatoriano, donde una auditoría propuso revocar las licencias a 400 medios, entre ellos el canal Teleamazonas, que esta semana fue multado por difundir una conversación en el despacho presidencial.

Bolivia constituye un ejemplo aparte. La nueva Constitución de 2009 incluyó como derecho el acceso a la información, pero las encendidas alusiones de Evo Morales al "terrorismo mediático" atizó la violencia física de las bases contra periodistas. La Asociación Nacional de Prensa manifestó que los "reiterados ataques presidenciales obedecen a una estrategia gubernamental para intentar silenciar a la prensa independiente o afectar su credibilidad" y, durante la primera mitad del año, el Palacio Quemado dejó fuera de sus conferencias a las señales privadas.

"En los últimos años, ha habido una tentativa de regular su accionar sin su consenso y algunas empresas denunciaron ataques a la libertad de prensa. El Estado no puede ser rehén de esos grupos", sostuvo el académico de la Universidad de Buenos Aires Guillermo Mastrini.

Más reformas. Existen en Perú y Colombia dos tentativas legales similares con desigual suerte. Mientras la administración aprista de Alan García propuso una norma sobre derecho de rectificación incorporando los medios digitales al Código Penal y solidarizando a programas y emisoras en caso de juicios, el partido conservador colombiano, aliado del mandatario Alvaro Uribe, fogonea la "ley de opinión con responsabilidad" que, en su segundo artículo, obliga a "identificarse con nombre y número de cédula" en los foros web de los medios y los responsabiliza legalmente por las opiniones vertidas. La iniciativa peruana fue suspendida mientras que la colombiana sigue su curso.

En Uruguay, donde el Frente Amplio enfrenta en octubre un test electoral clave, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó sobre "el empleo de la publicidad estatal para premiar a los medios más adictos al gobierno" y resaltó el hostigamiento oficial contra la prensa. Y en Paraguay, si bien la misma organización denunció la reticencia de Asunción a informar sobre la agenda presidencial, el gobierno se diferenció de las políticas de choque condenando las acciones de Caracas.

"Algunos gobiernos hacen un uso arbitrario de su derecho a la administración estatal de las frecuencias por necesidad de control político. Nos preocupa que algunas acciones no responden a criterios de transparencia sino a una carga ideológica", advirtió a PERFIL desde Lima Ricardo Uceda, director ejecutivo del Instituto de Prensa y Sociedad .

En Chile creció el malestar por el cierre de medios comunitarios por omisión de la Concertación frente a una ley de la dictadura que los excluye. El Ejecutivo envió un proyecto para corregir esta falencia pero la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) advirtió que no subsana el problema fundamental: el 90% del espectro se reserva a las firmas privadas.

En Brasil, el Supremo Tribunal Federal abolió la ley de prensa de la dictadura. Sin embargo, cuando en julio crecieron las denuncias de corrupción contra el presidente del Senado y aliado clave de Lula da Silva, José Sarney, un juez de Brasilia prohibió al diario O Estado de Sao Paulo publicar información que lo rozara, extendiendo la censura a todo el espectro nacional. En respuesta, la Asociación Mundial de Diarios dirigió una carta al Planalto solicitando el repudio de la presidencia brasileña. Pero Lula guardó silencio mientras Sarney era eximido de sus pecados.

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