El Gobierno podría intervenir en los contenidos de los medios

El Gobierno podría intervenir en los contenidos de los medios
Así lo indican especialistas en la materia que analizan el proyecto de ley de radiodifusión
El Gobierno comenzó a librar "la madre de todas las batallas", tal como definió el interventor en el Comfer, Gabriel Mariotto, a la propuesta de proyecto de ley de radiodifusión, presentado por Cristina Kirchner la semana que pasó.

Si el plan fuera aprobado por el Congreso sin cambios, eso supondría un cambio cultural de 180 grados en el país, en algunos aspectos a contramano de lo que ocurre en el mercado internacional, según coincidieron especialistas en medios consultados por LA NACION. Además, pondría en un serio aprieto a la industria audiovisual, habilitaría la injerencia del Gobierno en los contenidos de la radio y la TV, y podría violar derechos constitucionales, ya que contempla que los grupos que hoy son dueños de radio, TV abierta y cable tendrían que "desinvertir" en la TV paga si tuvieran un canal abierto.

En la Argentina las leyes no pueden tener efecto retroactivo si afectan derechos adquiridos o garantías constitucionales, por lo que la norma supondría una "lesión grave", opinó el constitucionalista Gregorio Badeni. Cabe preguntarse si el proyecto paga una deuda de la democracia o fue concebido contra el Grupo Clarín, como denunció la oposición.

Sin embargo, algunos especialistas rescatan que la iniciativa propone una renovación institucional en sintonía con el modelo europeo de regulación del mercado de los medios, porque genera la participación y el control parlamentario y contempla la figura del defensor público. Además, facilita a nuevos actores -que no sean empresas privadas- el acceso a la titularidad de licencias de radio y TV. Un dato destacado en la iniciativa es que la transferencia accionaria de una empresa que sea titular de una licencia sólo podría hacerse después de cinco años, con lo que se evita la acción de testaferros.

No obstante, la propuesta desequilibra el juego de la competencia al habilitar el ingreso de compañías de servicios públicos (las compañías telefónicas, por caso) y de sindicatos, entre otros. Surge entonces la primera confusión: si la propuesta apunta a romper los monopolios, ¿por qué habilita el ingreso de las compañías telefónicas, que no son empresas de objeto único y cuyo volumen de facturación triplica el de cualquier grupo de medios? En el caso de los sindicatos, dijo Badeni a LA NACION, "ser titulares de medios de comunicación no hace a la razón de su existencia", por lo cual resulta desconcertante su inclusión en el proyecto.

Entre los puntos salientes, la ley determina que el titular de una licencia de TV abierta no puede ser dueño de TV paga en la misma plaza. Y contempla la "desinversión" en uno de los mercados en un plazo de un año para quienes hoy son dueños en ambos sistemas televisivos. En esta situación están hoy el Grupo Clarín y América, y otros del interior.

Además, disminuye el período de duración de una licencia de 15 a 10 años (en España acaba de subirse a 15 años), convierte a la TV paga en "servicio de interés público" (ello conferiría al Estado el poder de intervenir en sus contenidos) e interviene en la programación obligando a los licenciatarios a emitir un 70% de producción nacional.

Otro punto saliente de la iniciativa del Gobierno es que el dueño de un sistema de TV paga no puede tener una señal de TV paga. En el capítulo relativo a la multiplicidad de licencias, se prevé que cada dos años la autoridad de aplicación revise las reglas establecidas para la concesión de licencias, "con el objeto de resguardar la competencia y el interés público", lo que en la práctica significaría que el Poder Ejecutivo asuma una atribución parlamentaria.

Si bien la redacción del artículo no parece dejar margen de duda, en diálogo con LA NACION, el director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, Damián Loretti, consultado para la redacción del proyecto, dijo que el artículo no se refiere a las reglas de juego de la radiodifusión, sino a las que determinan el número de licencias por actor. Ello, en virtud de que la era digital abrirá más opciones de licencias.

El ex interventor en el Comfer Julio Barbaro, ex integrante del Grupo Calafate que catapultó a Néstor Kirchner, es crítico del proyecto: "El desarrollo del mercado audiovisual nos ha permitido tener una gran cantidad de canales. Todos los países tienen grandes grupos, por ejemplo, México y Brasil. El problema no es el tamaño de los grupos, sino cómo se relaciona el Estado con ellos".

En cuanto al ingreso de las telefónicas al mercado televisivo, Barbaro se mostró en contra. Y, sobre la matriz de la iniciativa, agregó: "Una cosa es confrontar hasta la destrucción y otra debatir en una mesa de diálogo".

Observaciones e interpretaciones

Voces a favor y en contra: mientras los defensores de la propuesta, como el especialista Damián Loretti, afirman que ésta contempla la apertura de nuevas licencias de TV abierta, Julio Barbaro dice que la situación de la radiodifusión en la Argentina no será mejor "porque los grupos de comunicación sean más pequeños". Y advirtió que hasta que "no se denuncie el tratado de inversiones recíprocas con Estados Unidos" toda norma estará subordinada a esa otra.

Garantizar derechos: para la diputada nacional Norma Morandini, "las leyes son democráticas, no porque las sanciona un gobierno elegido en las urnas, sino cuando garantizan el derecho de la ciudadanía a ser informada". Y añadió: "Es sospechoso un proyecto de ley de un gobierno que canceló la mediación de la prensa, se jacta de la comunicación directa y contrata a una empresa propia para filmar los actos de gobierno".

Defensa de la competencia: para el especialista Gabriel Bouzat, la iniciativa da mucha discrecionalidad a la autoridad de aplicación. Al constitucionalista Badeni le preocupa que la norma lesione derechos adquiridos.

Voces críticas

"No hay en el proyecto ningún fundamento técnico ni económico que explique por qué el titular de un canal abierto no puede acceder a la TV por cable"

GABRIEL BOUZAT

Especialista en defensa de la competencia

"En el país hay 700 sistemas de cable. El grave desacierto del proyecto es que desconoce que esta industria emplea a 20.000 personas y hay más de 600 canales de producción nacional"

WALTER BURZACO

Presidente de ATVC

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