Gobierno pidió documentación y claves para reactivar el circuito administrativo

Lo hizo a través de un acta notarial elaborada por la Escribana General del Ejecutivo, con el propósito de reactivar el circuito administrativo que se encuentra paralizado a raíz de las medidas de fuerza del personal jerárquico.
«El Estado tiene que seguir funcionando, porque en realidad estas medidas de fuerza están generando un perjuicio a la comunidad», remarcó el ministro de Gobierno, Guillermo Aramburu.

El ministro de Gobierno, Guillermo Aramburu, confirmó que el Ejecutivo Provincial encaró el pasado viernes un pedido de documentación y claves de cada área para lograr la reactivación del circuito administrativo del Estado, indicando que dicha tarea fue puesta en marcha por la Escribana General de Gobierno, entendiendo que «el Estado tiene que seguir funcionando, y en realidad estas medidas de fuerza están generando un perjuicio a la comunidad».

Aclarando que no se requirió de la presencia de funcionarios judiciales, Aramburu detalló que «la escribana General de la Gobernación (Susana Asato) certificó por medio de un Acta Notarial esta situación, para que los responsables jerárquicos pongan a disposición la documentación y las claves para que el sistema de haberes pueda funcionar a pesar de la medida de fuerza».

«Esto no solamente afecta a la Dirección de Haberes sino que, básicamente, se realizará en cada una de las reparticiones donde el personal jerárquico, que es el responsable del circuito administrativo, se encuentre en medidas de fuerza porque el Estado tiene que seguir funcionando, y en realidad estas medidas de fuerza están generando un perjuicio a la comunidad», remarcó.

El Ministro de Gobierno lamentó que «más de un representante gremial sostenga que no hay diálogo con el Gobierno, que no se los atiende, porque la verdad que esto no es así; de hecho anteayer y ayer (refiriéndose al miércoles y jueves pasado) hubo dos encuentros con la dirigencia de ATE y los Directores de Casa de Gobierno, pero parece que cuando aducen falta de diálogo en realidad no les gustan las respuestas que el Gobierno como empleador les da».

Aramburu sostuvo que a la reunión del pasado miércoles «se los convocó para buscar una salida a la situación, y en ese encuentro que duró más de tres horas la dirigencia gremial planteó tres puntos», señalando que el primero de ellos se refería «al adicional que hoy se liquida al personal del escalafón seco en virtud del Decreto 1202, para que se vuelque al salario básico; el segundo punto de discusión proponía generar una justicia distributiva en la grilla salarial del escalafón seco; y el tercer punto consistía en la revisión del decreto firmado por la Gobernadora separando a ocho directores».

El funcionario recordó que en el contexto de crisis actual resulta «materialmente imposible otorgar un incremento salarial, por lo que cuando nos volvimos a reunir al día siguiente y el gremio planteó que el Decreto 1202 se volcara al salario básico, generando así una mayor erogación al Estado, volvimos al punto cero».

«Como administradores de la cosa pública tenemos la responsabilidad de cuidar el erario público, y hoy es imposible generar un incremento salarial; pero esto sigue sin querer ser reconocido por el gremio, porque realmente no ven algo que ve el resto de la sociedad, y a partir de ese hecho estimo que buscaron excusas para levantarse e irse de la reunión», enfatizó.

El ministro Aramburu reconoció que «los gremios pueden realizar medidas de acción directa, pero tampoco puede el Estado caer de rehén del perjuicio que causan a partir de esa medida de fuerza», remarcando que no se debe perder de vista que «todos los reclamos gremiales que hoy por hoy se mantienen, tienen que ver con un incremento salarial en una realidad económica absolutamente adversa para el Estado y para la comunidad en general, y el universo del empleado público no es el más postergado».

El titular de la cartera de Gobierno entendió que «la sociedad ve en esta situación un conflicto de derechos; por un lado los gremios adoptan medidas de acción directa que pueden o no ser legítimas; pero por otro lado se generan perjuicios a la comunidad por los parates administrativos, y la definición de un conflicto de derechos lo tiene que dar el Poder Judicial y no el Ejecutivo, pero sí es obligación del Poder Ejecutivo garantizar los mecanismos de emergencia para cubrir esta situación hasta que se pueda destrabar o solucionar el conflicto», concluyó.

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