El gobierno inició en las últimas semanas una pelea que a principios de año parecía impensada. Luego de varios intentos y escasas respuestas concretas por parte de las mayores empresas del sector, analiza alternativas administrativas y legales para que las compañías telefónicas le paguen al Estado una deuda que hasta ahora alcanza los $ 12 millones por el alquiler de edificios públicos para la instalación de antenas. Además, las obligará a renegociar contratos que considera irregulares porque contemplan el pago del alquiler de espacios del Estado en especies, por ejemplo, a través de la cesión de celulares.

Así lo confirmó a LA NACION Ramón Lanús, titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que criticó en especial a Claro, Personal y Nextel, pero excluyó a Movistar, la única empresa con la que pudo llegar a un acuerdo para saldar la deuda, renegociar el cánon y definir nuevos convenios.

"Nos encontramos con una gran cantidad de contratos irregulares o vencidos y con una enorme dificultad para poder regularizarlos", resumió el funcionario.

La nueva gestión del organismo, que se encarga de administrar los inmuebles del Estado, encontró hasta el momento 215 antenas en terrenos públicos. No descarta hallar más unidades, debido a que a su llegada no había un registro preciso sobre esas instalaciones.

 

Claro, Telecom y Nextel fueron intimadas a regularizar sus deudas a través de cartas documento. Hasta fines de la semana pasada no habían respondido.

Cada antena está contemplada en un contrato específico. Según los números de la AABE, el 70% de los convenios están vencidos.

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Hay 69 contratos que implican pagos en especies. Uno de ellos obliga a Personal a "realizar las obras de remodelación y adecuación" de las instalaciones de la Policía Federal hasta los $ 160.000.

Otro convenio entre la firma de Telecom y el Estado Mayor General de la Armada contempla como forma de pago la entrega de 34 teléfonos nuevos "marca Blackberry modelo 8520 y 11 teléfonos nuevos marca Blackberry modelo 9780, todos con servicio BIS cuyas condiciones, términos y características del servicio se detallan en el Anexo Servicio Bis el cual adjunto al presente lo integra para ser asignadas a 45 líneas activadas que ya se encuentra utilizando la Armada".

"Tenemos una negociación abierta, estamos tratando de ponernos de acuerdo y no vemos ningún conflicto", explicaron allegados a Telecom.

Un vocero de las telefónicas sostuvo que no hay irregularidades en esos convenios salvo que los bienes se hayan destinado a un uso diferente al acordado.

Hay un contrato entre Claro y la Anac, el organismo que controla la aviación civil, por el cual la compañía de telefonía celular se comprometió a proveerle "un plan Corporativo consistente en abono por dos líneas corporativas, con llamadas libres entre sí, que serán incorporadas por la prestataria al plan corporativo existente entre las partes". La justificación de esa contraprestación fue "el desarrollo de la aeronavegación y a la calidad de los contribuyentes".

Hay 17 contratos de ese estilo firmados con AMX Argentina, la dueña de Claro, 34 con Telefónica y 18 con Telecom. La nueva gestión busca eliminar esa clase de convenios y que las compañías paguen por el uso de los terrenos del Estado debido a que es difícil controlar el destino de esas líneas.

Claro tiene 33 contratos vencidos, Nextel, 24; Telecom, 17 y Telefónica, 43. Los convenios que ya no tienen vigencia son 117, mientras que sólo hay 29 contratos vigentes.

"Las operadoras tienen una deuda anterior con este organismo. En el caso de Telefónica no sólo se negoció el pago, sino que ya se efectivizó", explicaron voceros de la compañía.

Claro, en tanto, sostuvo: "Estamos trabajando junto al AABE este tema para lograr un acuerdo que no afecte la calidad de servicio de los clientes".

En la AABE también generó confusión el pedido de las telefónicas para instalar más antenas que permitan mejorar el servicio de comunicación celular.

En mayo, el organismo que maneja Lanús comenzó a trabajar con el Enacom, el ente que regula las comunicaciones, para encontrar inmuebles del Estado capaces de albergar antenas.

La agencia ofreció 103 posibles sitios para instalar esas unidades, pero sostiene que hasta el momento las firmas tomaron sólo tres.