El Gobierno paga para recomponer la relación con las empresas eléctricas

El Gobierno paga para recomponer la relación con las empresas eléctricas
Es por el servicio prestado a villas y asentamientos en el conurbano bonaerense. Se firmó un acuerdo marco una semana después del cortocircuito con Edesur por la distribución de ganancias entre accionistas.
El Gobierno, tras el cortocircuito de la semana pasada con Edesur por la distribución de sus ganancias, busca dar una señal de acercamiento con las empresas del sector. Por medio de un decreto de la gobernación de la provincia de Buenos Aires al que adhiere la Nación, se le pagará una deuda de $ 60 millones con Edenor, Edesur y Edelap por el servicio eléctrico prestado a las villas y los asentamientos del Gran Buenos Aires. El reclamo se remonta a 2007.

La provisión eléctrica para los barrios más carenciados siempre fue un tema sensible. Una base de 300 mil familias tiene como único medio de calefacción a la electricidad.

Desde que se privatizó SEGBA a comienzos de los noventa, los distintos gobiernos se comprometieron a urbanizar las villas con la instalación de postes y medidores individuales para facilitar el cobro. Entre tanto, se fijó un esquema de acuerdo marco que se renovaba cada dos o cuatro años y que les permitía a las distribuidoras facturar electricidad por medio de medidores comunitarios.

Ese esquema sigue vigente, pero el último acuerdo venció en enero de 2007. Durantes estos dos años y medio, Edenor, Edesur y Edelap prestaron el servicio sin cobrar.

La deuda se fue acumulando y era un constante reclamo de las empresas. En un gesto hacia ellas y en beneficio de sus cajas, el gobernador de la provincia de Buenos Aires publicó ayer el decreto 732 en el Boletín Oficial con el nuevo acuerdo marco que arranca de manera retroactiva desde el 1 de enero de 2007 y se extiende hasta el 1 de enero de 2011.

Así las distribuidoras podrán cobrar una deuda estimada en $ 60 millones y seguir facturando la electricidad entregada de aquí en adelante. Sin este acto administrativo-político, era imposible para las firmas obtener el dinero de las cajas oficiales.

Para todas las partes involucradas, el servicio eléctrico para el segmento más necesitado de la población es un asunto con distintos ribetes. Por un lado, existen no menos de 300 mil familias en villas como Itatí de Quilmes, La Cava de San Isidro, y otras tantas más que dependen para calefaccionarse de la electricidad. La cifra final de los beneficiados por el pago estatal de la luz aumenta año a año y por eso debe actualizarse con cierta regularidad.

Para las distribuidoras, esta prestación no es negocio, pero sí una obligación social. Sin embargo, en los períodos de crisis energética, en algunas ocasiones el primer corte del servicio para descomprimir la red se hizo en las villas y asentamientos del conurbano. La precariedad de las conexiones también influye en la calidad de la prestación.

Para Edenor, Edesur y Edelap es un dinero nada despreciable. Y, de paso, el Gobierno da una muestra de acercamiento tras impedirle la semana pasada a Edesur repartir $ 65 millones de ganancias entre sus accionistas.

Mil asentamientos en el GBA

Las villas del Gran Buenos Aires casi se triplicaron en los últimos cinco años. En los más de mil asentamientos que hay en los 24 distritos que integran el cordón del conurbano bonaerense –que representan el 85% del total de la provincia– viven 1.144.500 personas. El último censo de 2001 reveló que había 385 asentamientos. Los datos surgen de un informe elaborado en 2008 por el equipo de investigadores geográficos de Info-Habitat, perteneciente a la Universidad Nacional de General Sarmiento. La mayoría de los asentamientos están situados en el sur del conurbano, en los límites con la ciudad de Buenos Aires. Según esa investigación, en 1 de cada 4 lotes vive más de una familia en condiciones extremas de hacinamiento, sin agua potable ni cloacas. Hace 50 años había 40 villas bonaerenses con 78.430 habitantes. Una de las más grandes del conurbano es La Cava, en el partido de San Isidro: el 50% de ese asentamiento, donde viven más de ocho mil personas, fue urbanizado. Por la inseguridad está bajo la custodia de Gendarmería Nacional.

Aclaración sobre Techint y TGN

En una nota publicada por este diario ayer sobre el pedido de quiebra de un acreedor a TGN, empresa del grupo Techint, se informó erróneamente que si la licenciataria de transporte de gas se presenta en convocatoria de acreedores podría perder la concesión del servicio. La normativa al respecto establece que el Gobierno puede rescindir la licencia sólo si la prestadora entra en quiebra.

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