El Gobierno, otra vez en manos del Parlamento

Luego de la accidentada sesión del pasado martes, la Administración Ríos confía en que esta vez logrará los consensos para la aprobación de la nueva ley tributaria. Los vaivenes de su relación con la oposición esta vez no serían impedimento. Pero como ya pasó antes, podría haber sorpresas.
¿Será la vencida? El jueves próximo, en una nueva sesión especial de la Legislatura, el oficialismo intentará nuevamente lograr la sanción de la nueva ley tributaria. Para el Gobierno, la dilación de la aprobación del proyecto se transformó en un dolor de cabeza. Es que con esa herramienta espera recaudar entre 150 millones -según los cálculos más conservadores- y 200 millones de pesos anuales, según los más optimistas. Lo cierto es que cualquier cifra que oscile en ese monto sin duda alguna significará una fuerte oxigenación para las alicaídas arcas provinciales, más teniendo en cuenta que para el ejercicio económico 2010 está proyectado un déficit cercano a los 500 millones de pesos.

Ahora bien, la pregunta obligada con el correr de los días es la misma: ¿conseguirá el ARI los votos necesarios para la aprobación de la tarifaria? Desde el bloque oficialista dan por descontado que sí. Y para ello ataron al temario que se tratará ese día en el recinto el Programa de Asistencia Financiera otorgado por Nación (en el marco del cual restan llegar a la Provincia 35 millones de pesos), y la autorización para la firma de un acuerdo con el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, organismo que otorgará al Gobierno un crédito por 50 millones de pesos.

De esta manera, el Ejecutivo lograría la aprobación de un paquete de herramientas financieras que en el marco de la crisis se perfilan como fundamentales. Es que el PAF permitiría a la Administración de Fabiana Ríos afrontar sus compromisos corrientes, de acá a fin de año, con cierta holgura. Y el crédito del Fondo Fiduciario servirá para cancelar deuda histórica de coparticipación con los municipios de Río Grande y Ushuaia, mediante el financiamiento de obras en ambas ciudades.

De esta manera, Ríos liberaría fondos que, sumados, a los que proyecta recaudar con la tarifaria, contribuirán a morigerar el fuerte desequilibrio de las cuentas públicas. No es la solución definitiva, pero como paliativo es mucho más importante que los parches que significan los adelantos de coparticipación que otorga cada dos o tres meses el gobierno de Cristina Kirchner.

No obstante, las urgencias del Gobierno colisionan con los tiempos del Parlamento, los que a su vez se mueven de acuerdo a las dificultades del oficialismo parlamentario para lograr consensos.

Desde la caída de la tarifaria corta el Gobierno se enfrascó en duras negociaciones con los bloques opositores para la definición de un nuevo proyecto. La discusión estuvo jalonada por duras discusiones sobre los alcances de la nueva ley y por interminables cruces mediáticos entre funcionarios y parlamentarios, a tal punto que el proyecto se estancó. Los principales cuestionamientos a la nueva tarifaria se centraban en la intención de aplicar nuevos gravámenes al comercio, los cuales fueron considerados recesivos por el sector, que manifestó no estar dispuesto a profundizar su propia crisis para solventar los gastos corrientes del Estado provincial.

Conciente de que la confrontación no era el camino para sacar la ley, el Gobierno se allanó al diálogo de la mano del legislador Fabio Marinello y del ministro de Economía, Rubén Bahntje. Y si bien los enfrentamientos continuaron, finalmente oficialismo y oposición consensuaron un proyecto que contemplaba solo a los sectores de la pesca, petróleo e industria.

Pese a ello, el ARI fracaso en sus intentos de sancionar la ley y achacó las responsabilidades, una vez más, a la oposición, que a su vez volvió a hacer hincapié en las dificultades para generar consensos y en las diferencias internas del oficialismo.

El último ejemplo de ello fue la sesión especial que se iba a realizar el martes, la cual fue convocada por decreto por el titular del Parlamento, Manuel Raimbault, mientras se encontraba momentáneamente a cargo del Ejecutivo provincial. Hasta antes que el legislador oficialista apelara a ese mecanismo la sanción de la tarifaria era un hecho. Pero la oposición reprochó a Raimbault haber firmado un decreto cuando pudo realizar la convocatoria por los canales normales. En definitiva, la tarifaria no fue sancionada y los bloques acordaron tratarla la semana que viene.

¿Logrará esta vez el oficialismo el consenso? Todo parece indicar que sí. Raimbault anticipó que las tres iniciativas lograrían el acompañamiento de la oposición, e incluso desde el Frente Para la Victoria deslizaron que votarán por la afirmativa. Una señal para no desdeñar, teniendo en cuenta que el justicialismo había condicionado la aprobación de la nueva carga tributaria a la industria, a la sanción en el Senado de la ley de incentivos a la industria electrónica fueguina. En tanto, se descarta que la oposición en su conjunto votará a favor tanto lo referente al PAF como al préstamo del Fondo Fiduciario.

Más allá de las desprolijidades del oficialismo y de las duras críticas a la Legislatura por parte de algunos funcionarios aristas, detrás de las posturas de los bloques opositores sobre el proyecto se adivina, además de las críticas puntuales a la iniciativa, una pasada de factura a las estrategias del oficialismo en la Cámara. Pero en un marco de culpas compartidas, es necesario que los acuerdos se alcancen y se apruebe una ley que obrará como un bálsamo para el Gobierno.

Reconstrucción

Mientras mantiene la pulseada parlamentaria, el Gobierno parece querer iniciar un nuevo rumbo luego de meses de enfrentamientos con distintos sectores.

Los avances más significativos se dieron con los municipios, a partir de la relativa normalización de los envíos de la coparticipación, a lo que se suma el casi seguro acuerdo entre la Provincia y el Fondo Fiduciario. De esta manera, las comunas podrán encarar obras que necesitan pero que no estaban en condiciones de financiar por la falta de recursos de la coparticipación.

Paralelamente, la relación con la Nación aparece como estable a partir del alineamiento con el kirchnerismo de los senadores y diputados que responden a Fabiana Ríos.

Por contrapartida, el diálogo con los gremios estatales es nulo, más allá del inicio de conversaciones entre funcionarios del Ministerio de Salud y los médicos de Ushuaia. El arco sindical reclama por el pago de los salarios en una sola cuota, y también recomposiciones de emergencia ante la pérdida del poder adquisitivo en el marco de la crisis.

Ante ello el Gobierno siempre contrapuso como argumento la falta de recursos para hacer frente a ambas demandas, y sugirió que el reclamo estatal haga foco en la Legislatura ante la falta de sanción de las leyes pendientes.

Si el paquete de iniciativas acordadas por los legisladores finalmente es aprobado, quizás se abra una puerta para recomponer las relaciones y avanzar en negociaciones en función de la disponibilidad de recursos.

En el medio hay algunos temas polémicos como el controversial acuerdo con los chinos para la venta de gas de regalías -que genera el rechazo de amplios sectores de la sociedad- que tienen en vilo al Ejecutivo.

En este contexto, el panorama para el Gobierno sigue siendo complicado, pero puede tornarse menos escabroso, lo que no es poco para encarar los dos últimos años de gestión. Pero para ello será fundamental la cintura política de la gobernadora y que muchos funcionarios se llamen a silencio para no entorpecer, como sucedió más de una vez, las estrategias definidas por la propia mandataria.

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