Gobierno y oposición pactan ofensiva conjunta contra operadores de OSM

Oficialismo y el cobo-radicalismo acordaron avanzar en la auditoría interna y en la vía judicial.
El gobierno provincial de Celso Jaque -con el respaldo de la principal fuerza de oposición política- dará continuidad a las acciones judiciales ya existentes e iniciará otras contra el concesionario de Obras Sanitarias Mendoza al tiempo que también llevará a cabo una auditoría que complete las ya realizadas, sobre los doce años de concesión.

La decisión aparece como un ofensiva conjunta contra el actual concesionario (Saur International de Francia, Grupo Sielecki de Argentina y Groisman y Vila de Mendoza), que -incluso- en algunos momentos mostró visos ciertos de preparativos de desadjudicación.

Así se pudo ver públicamente durante el acto de presentación del Consejo Asesor de Servicios Públicos de Agua Potable y Saneamiento de Obras Sanitarias, en el que estuvieron presentes el secretario general de la gobernación, Alejandro Cazabán y los ministros de Gobierno, Mario Adaro, de Infraestructura, Francisco Pérez y el secretario de Medio Ambiente, Guillermo Carmona, por el gobierno junto a los máximos referentes de Confe, Juan Carlos Jaliff, y de la UCR, Carlos Le Donne, alcanzando una inédita coincidencia.

"Hay que ir a fondo con una intervención de la Justicia simultánea al avance de la auditoría", dijo Carmona. "Se dedicaron a facturar y no a invertir", manifestó en su informe el interventor Gonzalo Dávila.

"Encontramos la empresa en una situación de abandono", fustigó el ministro de Infraestructura, Francisco Pérez. "Nos pretenden apretar con una denuncia internacional en el Ciadi (el tribunal arbitral del BID) y no sé cómo van a responder ante la Justicia ordinaria argentina", remató desde la Asesoría de Gobierno, el abogado Aldo Rodríguez Salas.

Del lado de la oposición no se quedaron atrás y se ubicaron en la misma línea del Gobierno. "En cuanto aparezca un delito, el interventor debe hacer la denuncia penal ante un fiscal de delitos complejos. Las denuncias por perjuicio ambiental o delitos ecológicos las deben pagar los responsables privados y no la Provincia", enfatizaron el cobista Jaliff y el radical Le Donne.

"No se puede devolver la empresa a estos irresponsables que actuaron deshonestamente", manifestó -muy duro- el diputado radical, Jorge Serrano.

"Quiero agradecer a los partidos políticos de la oposición por estar presentes", había abierto momentos antes el secretario Cazabán. "Este tema trasciende a un gobierno y ocupa una parte fundamental del Plan Estratégico que necesita Mendoza. Y yo recuerdo que hace una década con Juan Carlos Jaliff pudimos consensuar una política de Estado en Seguridad", subrayó.

El informe

El interventor en OSM, Gonzalo Dávila, presentó un informe lapidario en power point que ilustró con fotografías buscando exhibir "más con imágenes que con palabras" el estado "preocupante, crítico y de colpaso parcial" en el que se encuentra OSM. Mostró "la mala atención a los problemas de incrustaciones en las cañerías del establecimiento Potrerillos que generaron desprendimientos de manganeso y dificultades de agua negra en la población".

"La situación de colapso en la Planta de Luján Uno con estructuras de toberas caídas que derivaron en problemas de frecuentes cortes de servicio y presencia de arena que escapa a los filtros y llega a la red de agua potable", manifestó mientras las imágenes en la pantalla mostraban cascotes dentro de canales y filtros.

A continuación disparó una serie de imágenes que mostraban el derrumbe de la colectora cloacal de la calle Lisandro Moyano de Las Heras en febrero de 2008; a personal de Obras Sanitarias trabajando sin equipamiento y chapoteando en aguas servidas; desbordes cloacales en las plantas depuradoras de San Carlos que generaron lagunas de aguas servidas y vehículos y equipamiento en estado deplorable en General Alvear, Valle de Uco y Lavalle, entre otras cosas.

También hizo referencias a la deuda de un millón de pesos con Carrefour por mala facturación del servicio, a la falta de pago de 750 mil pesos a Irrigación por el uso del agua y a la virtual suspensión de pago a los proveedores durante el último mes.

"No había conducción de conjunto y la empresa estaba a la deriva. No había una gerencia general y se privilegiaba el área comercial a la operativa", concluyó Davila.

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