Sorpresa

Omar Quinteros, secretario adjunto del SITRAJUCH, dialogó con El Diario acerca de esta nueva propuesta del gobierno provincial: “Nosotros fuimos en busca de una respuesta que demandaban las bases, sobre la actualización que habíamos acordado en diciembre de 2013, respecto del 24 por ciento desde enero hasta junio. Nos encontramos con que ellos ofrecen zanjar todas las diferencias que hay desde 2008 para acá. Es un número que hay que analizar, porque todavía no lo tenemos, depende de muchos factores, o sea que es muy complejo de subsanar, pero entendemos que a esta altura del año nosotros tenemos una necesidad urgente. Si la voluntad es terminar con estos conflictos, esperamos que los empleados lo cobren lo antes posible”.

Falta la ley

Más allá de lo propuesto por el gobierno, uno de los pasos importantes lo debe dar la Legislatura provincial, la cual debe dictar una ley para enmarcar esta propuesta: “No es una mala oferta, porque entendemos que el gobierno necesita un marco regulatorio que evite las sucesivas sangrías que ha ido produciendo la anarquía salarial del Poder Judicial. Por un lado, nosotros tenemos una sentencia favorable, los Magistrados también, los que tenían un acuerdo que derivó en el incumplimiento de los pagos por parte de provincia y que terminó en los embargos que antepusieron a la provincia. Para darle un marco que solucione todo, necesitan una ley. El gobierno quiere solucionar el tema, pero depende de las posibilidades financieras que tenga la provincia de afrontarlo. Lo que el gobierno propone es que sea en 36 cuotas, pero a los empleados en una menor cantidad de cuotas que a los funcionarios, que ya han empezado a cobrar”, explicó el integrante del SITRAJUCH.

Escepticismo

Si bien la oferta es tentadora, los trabajadores mantienen cierta desconfianza a lo propuesto por el gobierno provincial: “Fuimos a buscar una cosa y nos terminamos trayendo mucho más, lo cual se ha bajado a las asambleas, pero el escepticismo es grande. Sabemos que es un año electoral el que viene y no podemos dejar de analizar que si un gobierno que firma un contrato a tres años, sabiendo que le queda uno, es para pensar”•, señaló Quinteros. Con respecto a las posibilidades que el parlamento provincial apruebe esta iniciativa, el gremialista fue positivo: “Sabemos que tenemos que ir a la Legislatura a buscar las manos que apoyen esta iniciativa, pero si lo pensamos bien, sabiendo que el acuerdo está entre el Poder Ejecutivo, la organización sindical y el Superior Tribunal de Justicia, no deberíamos encontrar barreras en la Legislatura para que se apruebe”.

La deuda

Según explicó Quinteros, el monto de dinero que percibirían los trabajadores judiciales en el caso de que el gobierno pague lo que ofreció, es muy importante. Acerca de esta deuda que mantienen desde el 2008, el dirigente del SITRAJUCH contó: “Desde el 2008 para acá, lo que decían los Magistrados era que veían vulnerados sus intereses respecto de la intangibilidad de que sus sueldos habían sido disminuidos respecto a la media patagónica. En el 2012, el gobierno intenta subsanar esta sentencia con un acuerdo de partes, y lo que viola el propio Poder Ejecutivo, es que en este acuerdo de partes, hablaba de pagarle solo a un sector del Poder Judicial y no a todos, como lo indica la Ley de Porcentualidad. Por ende se produjeron distintos reclamos administrativos, el incumplimiento de pagos, nosotros presentamos un recurso de amparo respecto a que estaba siendo violada la Ley de Porcentualidad. Todo esto ha sumado un montón de aristas que el gobierno no ha podido solucionar respecto de la mala gestión, porque fue un acuerdo violatorio de toda norma de un poder independiente del Estado”.

Un mes

Por último, con respecto a los plazos en los que puede definirse esta situación, Omar Quinteros explicó que los trabajadores esperarán hasta el 10 de noviembre para llegar a un acuerdo y que luego lo apruebe la Legislatura. En el transcurso de esos días, el Ejecutivo, el STJ y la organización gremial, mantendrán reuniones para ir diagramando de qué manera el gobierno subsanará esta deuda de casi seis años.