El Gobierno nacional calcula pagar 220 millones de pesos a damnificados

Esta semana ingresará a Diputados el proyecto oficial de "reparación" a los afectados por las explosiones de 1995. Los beneficiarios del aporte estatal serían alrededor de 12 mil.
El Gobierno nacional prevé destinar 220 millones de pesos al pago de las indemnizaciones a damnificados por las explosiones en la Fábrica Militar de Río Tercero, a las que se comprometió la presidenta Cristina Fernández durante el acto del viernes pasado en esa ciudad.

El monto está precisado en el proyecto de ley que la Casa Rosada enviará esta semana a la Cámara de Diputados y al que tuvo acceso este diario.

Los 220 millones de pesos surgen del aumento de 3.700 millones de pesos a 3.920 millones de pesos en el Presupuesto 2009, que serán destinados a la reparación de los damnificados por las explosiones del 3 y del 24 de noviembre de 1995.

Cristina Fernández presentó las indemnizaciones como parte de una "reparación por partida doble", ya que además anunció la reactivación de la planta, lo que podría concretarse con otro proyecto de ley que convertiría a la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) en sociedad del Estado.

Además de Río Tercero, están bajo la órbita de la DGFM las fábricas de Villa María, Fray Luis Beltrán (Santa Fe) y Azul (Buenos Aires), sobrevivientes de las privatizaciones de la década pasada.

Para determinar el monto de las indemnizaciones, el proyecto establece una fórmula que consiste en: "la remuneración mensual de los agentes (empleados) Nivel A, Grado 0 del escalafón para el personal civil de la APN (Administración Pública Nacional) aprobado por el Decreto 2.098/08". Por tanto la remuneración que se tomará como referencia es de 5.372,25 pesos.

Así, los herederos de las personas fallecidas por las explosiones de 1995 cobrarán ese monto multiplicado por el coeficiente 100: 537.225 pesos. Esta cantidad máxima de indemnización sirve como base para determinar las demás indemnizaciones previstas en el proyecto y que en todos los casos serán cobradas sin descuentos:

Las personas que sufrieron lesiones graves, según la calificación del Código Penal: 376.057,50 pesos (30 por ciento menos que los 537.225 pesos de la indemnización máxima).

Las personas que sufrieron lesiones leves: 322.335,00 pesos (40 por ciento menos que el monto máximo).

La reparación del daño moral o psíquico: 48.350,25 pesos (91 por ciento menos que la cantidad máxima).

El daño material o desvalorización del inmueble o daño emergente: 16.116,75 pesos (97 por ciento menos que los 537.225 pesos de la máxima indemnización).

"En los casos previstos en que se hubiere reconocido indemnización por daños y perjuicios por resolución judicial o se haya otorgado el beneficio previsto" en dos decretos de 1995 y un tercero de 1997, señala el proyecto, "los montos ya percibidos deberán deducirse del monto total que les corresponda a los beneficiarios o derechohabientes según el proyecto. Y si la percepción judicial o administrativa hubiera sido igual o mayor a la resultante de la presente ley –aclara-, no tendrán derecho a la reparación pecuniaria establecida en el proyecto de ley".

Los potenciales beneficiarios suman unas 12 mil personas, sobre un total aproximado de 13 mil que iniciaron juicios contra el Estado, calcularon ante este diario fuentes relacionadas con los abogados querellantes.

Podrán solicitar las indemnizaciones los perjudicados que tengan acciones legales en marcha y podrán hacerlo en un plazo de hasta 180 días posteriores a la sanción de la ley.

Indemnizaciones

A herederos de víctimas: hasta $ 537.225

A lesionados graves: hasta $ 376.057

A lesionados leves: hasta $ 322.335

Daño moral o psíquico: hasta $ 48.350

Daño material: hasta $ 16.116

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