Al Gobierno le molesta que no se valore la gestión económica

El Gobierno está molesto por el modo en que ha sido abordado el debate por el presupuesto 2010 en la Cámara de Diputados. Pero el fastidio mayor lo experimentan los miembros del equipo económico, que parecen morderse los labios para evitar hacer público lo que comentan en privado: la prudencia con que han ido tomando decisiones, más allá de los gestiones, para mejorar el perfil fiscal.
Algo de ese malestar apareció en una charla que el director de Presupuesto, Luis Erbes, mantuvo con EL DIARIO. Más allá de las opiniones que sus intervenciones pudieran despertar, lo socialmente relevante es que ha habido un esfuerzo por documentar las posturas con números, esquivando el recurso habitual de la adjetivación sin la debida argumentación.

"Siguiendo las críticas y observaciones, me parece que se pueden ordenar en función de la cancelación de deudas y la disminución de pasivos y, por otro lado, el endeudamiento para el financiamiento de obra pública", prologó el funcionario, antes de referir que "el proyecto presentado pide autorización para contraer operaciones de crédito público por hasta 1.726 millones de pesos, de los cuales 1.047 millones se destinará a la cancelación de los vencimientos de la Deuda y a la Disminución de Pasivos". Allí nomás, subraya que "será para refinanciar o reestructurar deuda ya existente". Así las cosas, los 678 millones restantes que se solicitan servirán "para equilibrar la ecuación presupuestaria" y su destino "es exclusivamente el financiamiento de la obra pública".

De las palabras del entrevistado surge que los 1.047 millones de pesos para reestructurar deuda ya existente, permita una discriminación. Por un lado, está ahí una parte de las deudas que vencen en 2010 y que la Nación pagará a los acreedores de la Provincia. De manera que esos 462 millones serán papeles que cambiarán de acreedor, con la diferencia de que ahora el plazo de devolución será notablemente mayor, tal como quedó acordado en el Programa de Asistencia Financiera, que se viene aplicando año a año desde 2003. "No es mayor endeudamiento sino reemplazo de uno existente, en mejores condiciones de devolución", aclara Erbes.

Los otros 580 millones de pesos requeridos son "para la atención del déficit acumulado en las rentas generales" y se constituye en virtud del rojo del ejercicio 2007 (66,46 millones), del ejercicio 2008 (228,24 millones) y el estimado para el ejercicio 2009 (285,3 millones). Ante una consulta, Erbes explicó la raíz de este desfase combinado. "Por la crisis financiera y económica internacional, desde mediados de 2008 la economía argentina muestra una merma respecto del sendero expansivo que había venido experimentando durante los últimos 6 años, potenciado aún más por el impacto de distintos factores que afectaron a nuestro país y fuertemente a nuestra provincia como lo fue el conflicto con el sector agropecuario, la fuerte sequía y la pandemia de la gripe A, recientemente superada". Sostiene el funcionario que este cóctel es el responsable principal de la actual situación fiscal. "Sin ir más lejos, los ingresos en promedio durante 2009 fueron un 9% inferior a los considerados al momento de la formulación del presupuesto", indicó.

Para el corriente ejercicio se estima que la caída en la recaudación respecto de los niveles previstos rondará los 350 millones. "¿Y entonces?", preguntó esta Hoja. "Justamente, el problema es que no puede haber una política de reducción del gasto porque la mayoría de los conceptos resultan inflexibles ante una caída en la recaudación, ya que se tratan de salarios, jubilaciones, coparticipación a municipios, intereses de la deuda y los de funcionamiento de la salud, educación, seguridad, entre otros", respondió, antes de indicar que "me llama la atención la ligereza con que se dicen ciertas cosas, porque no se trata de una situación inédita". Entonces, extiende un gráfico, ordenado por años, de 1999 a 2009, de donde surge que ha habido déficit en las rentas generales en 1999, 2000, 2001, 2007, 2008 y 2009.

OBRA PÚBLICA. En cuanto al endeudamiento para el financiamiento de obra pública, Erbes sostuvo que "lo que se pide es una autorización por 678 millones, que no es lo mismo que decir que esa deuda será tomada totalmente en 2010, porque hay proyectos que se desarrollan en varios años y algunos, como indica la experiencia reciente, ni siquiera se llegan a empezar por diverso motivo, porque no son parte de las prioridades fijadas por el gobierno, porque no existen posibilidades de endeudarse o por las condiciones que rodean la toma de créditos, el contexto que a veces se vuelve directamente desfavorable".

Allí, Erbes extendió por segunda vez una ayuda memoria. Lo sostuvo con una mano, con el índice de la otra produjo indicaciones. El paper cita casos en que los endeudamientos fueron autorizados y se utilizaron en ciclos plurianuales o directamente no se los usó, por considerar que la herramienta imaginada dejó de ser atractiva. Por caso, la ley 9.100 de 1997 autorizó a que el Ejecutivo realice operaciones de crédito (colocación de bonos) por hasta 300 millones de dólares. Hoy serían 1.140 millones de pesos. Pues bien, esa autorización sigue vigente y, en virtud de las condiciones financieras generales, la transacción se ha vuelto inconveniente. También de 1997 es la ley 9.080, que autorizó al Ejecutivo a endeudarse por casi 54,5 millones de dólares para afrontar obras contra inundaciones en distintos departamentos que se fueron ejecutando en los diez años posteriores. El último ejemplo, es el de la ley 9253 del 2000, que autorizó endeudarse por 60 millones de dólares para ejecutar el mejorado de los caminos rurales, obra que aún hoy se está ejecutando.

"Somos prudentes", se defiende Erbes

"MÁS ALLÁ de la autorización legislativa, previo a concretar una operación de crédito se requiere informes de Fiscalía de Estado y de la Contaduría General", explicó Erbes y añadió que "recién si la evaluación es favorable las actuaciones se derivan al Ministerio de Economía de la Nación quienes en última instancia autorizan o no el endeudamiento en salvaguarda de la salud económica y financiera de los Estados", en virtud del Programa de Financiamiento Ordenado.

Para Erbes, "todos estos aspectos garantizan en cierta manera que no se va a provocar un endeudamiento por encima de los niveles que la prudencia en la administración en las cuentas públicas indica". El funcionario entiende que "existe un déficit y la prudencia indica atenderlo". Fue entonces cuando señaló que "no se puede criticar una gestión económica cuando sabido es de la grave crisis internacional que afectó financieramente al mundo". Como prueba de la "prudencia" con que el equipo que integra se ha venido desempeñando, recuerda Erbes dos situaciones: a) "en 2002, la deuda representaba el 247% de los recursos; en 2004, el 136%; en 2007, el 76%; en 2008, el 67% y en 2009, el 56%"; y, b) "mientras la Ley de Responsabilidad Fiscal establecía como límite que los compromisos de la deuda no puede exceder el 15 % de los recursos, los de la Provincia de Entre Ríos hacia el 2010 no superarán el 9 %".

En este contexto, sentenció que "hoy una de las herramientas para no resentir básicamente el cronograma de sueldos es ese endeudamiento que financie por un lado los vencimiento del año y por el otro los compromisos que por la caída en la recaudación no se han podido atender".

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