El Gobierno, los medios y la ley de radiodifusión

Por Adrián Ventura

En medio de la embestida del Gobierno ?que impulsa una nueva ley de radiodifusión? contra el Grupo Clarín, la Corte Suprema y la Procuración General estudian una causa promovida por Artear contra un decreto de necesidad y urgencia que dictó Eduardo Duhalde.

Los presidentes, cuando ven aproximarse el fin de su mandato, pretenden escribir un nuevo capítulo sobre esa materia, prestando más atención al rédito político que puedan obtener que a las peculiaridades de un asunto tan sensible. Algo de eso le ocurrió a Duhalde, que en mayo de 2003, a seis días de entregar el bastón de mando a Kirchner, dictó el DNU 1214/03, que modificó la ley de radiodifusión 22.285 y autorizó a las provincias a explotar un canal abierto de televisión y una señal de AM y, a los municipios, una FM. Hasta ese momento, el artículo 11° de la ley sólo permitía a las provincias y municipalidades prestar esos servicios cuando no había prestadores privados. Está claro que, con esta autorización, las provincias pretendieron absorber parte de la torta publicitaria y competir en forma desleal con los canales privados, pues los canales y radios públicas no pagan los mismos cánones de licencia que los canales y radios privados. Artear, con la adhesión de la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas ?ATA, que agrupa a 22 canales privados? demandaron al Estado con un argumento constitucional sólido: un DNU, para ser válido, debe ser aprobado por el Congreso. Y aquí, el Senado nunca convalidó.

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En este caso entran en juego varios aspectos importantes de nuestras instituciones. Aparece puesta en tela de juicio la transparencia de las comunicaciones y se advierte el manoseo del poder político sobre el sector privado. La decisión del gobierno de Cristina Kirchner de lanzar un proyecto de reforma de la ley no sólo busca instalar ese asunto en plena campaña electoral, sino que bastardea uno de los temas más delicados de la democracia: la necesidad vital que tiene el sistema de contar con medios libres, fuertes e independientes. Mientras los avances tecnológicos y un profundo cambio en las pautas publicitarias ponen en riesgo el modelo de medios que se conoce hoy en día, con el consiguiente impacto para la democracia, el Gobierno, en lugar de fortalecer a los medios, busca resquebrajarlos.

Pero, curiosamente, la aludida causa también apunta a otra espada del poder político: los DNU. En julio de 2006, a instancias del entonces presidente Néstor Kirchner y en medio de fuertes críticas, el Congreso aprobó la ley 26.122, que reglamentó en forma amañada la atribución presidencial de dictar esos decretos. La ley no parece constitucional y mucho menos lo es dicho decreto, pero la interpretación que haga la Corte puede ser importante para diseñar el futuro del presidencialismo

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