El gobierno de San Luis acudió a ex juez antisemita para hacer su presentación por la ley de medios

Según publica el diario La Nación el domingo, y luego ratifica el diario del gobernador, la provincia de San Luis acudió al cuestionado funcionario menemista y luego ministro de la Corte Suprema, Rodolfo Barra, para judicializar la ley de Servicios Audiovisuales que se aprobó en la madrugada del sábado en el Congreso de la Nación.
El diario porteño, bajo el título "La disputa por la ley llega a la Justicia", indica que San Luis presentará un amparo en la Corte Suprema y las licenciatarias de TV, distribuidoras de cables y radios irán a los tribunales.

La llevará adelante la misma persona que el mismo diario, el domingo 2 de agosto de 1998 lo calificaba como un "mensajero del poder" menemista, junto a Corach y el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorregui

También -eran otras épocas- un par de años más atrás, Clarín daba cuenta del pasado ultraderechista de Barra y su aversión por la comunidad judía -que esperamos el diputado Julio Braverman condene- "Barra renunció tras las denuncias sobre su pasado de ultraderecha", dice el título de "El Gran Diario Argentino", quien señalaba en ese artículo que "El presidente Menem forzó su desplazamiento · Barra había negado las acusaciones por sus antecedentes antisemitas · Pero no fue suficiente · Organizaciones judías habían convocado a una marcha el lunes, para pedir su renuncia.

Un feroz contrasentido (o no tanto) con lo que hoy deberá defender Barra es el que le ponía Clarín en su mochila a Barra: "Fue el autor de los proyectos de "ley mordaza", que intentaron limitar la actividad de la prensa, y en los últimos tiempos mantuvo una pelea fragorosa con el ministro de Economía, Domingo Cavallo, al propiciar una iniciativa para facilitar el pago de juicios contra el Estado".

Ahora, según La Nación, en un artículo que publica el domingo último, que firma Adrián Ventura, remarca que "Por su parte, la provincia de San Luis prepara una acción de amparo. "La ley viola el artículo 32 de la Constitución, porque afecta el derecho de la provincia a legislar sobre los medios que operan dentro de la provincia. Pero, además, como lo acepta la Suprema Corte de los Estados Unidos, litigaremos en favor del derecho colectivo a la información de los habitantes de San Luis", afirmó a LA NACION el ex juez de la Corte Rodolfo Barra, que prepara ese planteo.

Olvidando que el pasado los condena, los hermanos Rodríguez Saá acuden, de manera cada vez más clara e inequívoca a un hombre que todavía puede tener influencias sobre la Corte Suprema, con un pasado poco envidiable, pretendiendo "defender" el derecho de los ciudadanos de la provincia que en distintos foros se manifestaron a favor de la ley que fue sancionada.

El rodriguezsaismo fue quien en 2004 aprobó la llamada Ley Mordaza, que si era groseramente censora para los medios periodísticos. Solo fue derogada tras marchas en su contra y el pronunciamiento de diversas entidades ligadas a los trabajadores de la comunicación.

El sábado último, al llegar a San Luis, en declaraciones al programa La Locomotora, de Radio Universidad, Adolfo Rodríguez Saá dijo que no conocía el resultado de las exposiciones realizadas en el Salón Azul de la Legisltura local, donde hubo un pronunciamiento masivo en favor de la iniciativa y aseguró que no había participado porque no lo habían invitado.

Hay que destacar que la versión taquigráfica de las ponencias fue girada a todos los legisladores nacionales el miércoles último, por lo que Rodríguez Saá no debería haber desconocido la posición de al menos un sector del pueblo que dice representar en el Congreso.

Detrás de esta pretendida defensa de la libertad de expresión, lo que los Rodríguez Saá pretenden es tener un control más férreo que el que ya tienen y pasar a su jurisdicción una herramienta que les serviría, junto a las que ya han sabido manejar como pocos, para acallar las voces críticas del periodismo puntano. Y no se ponen colorados al requerir los servicios de personajes como Barra.

Comentá la nota