En el Gobierno no logran digerir el dictamen adverso al acuerdo chino

El Gobierno difundió, ayer, una batería de opiniones de funcionarios d que no aceptan el dictamen que emitió el doctor Virgilio Martínez de Sucre, obligando a llamar a licitación pública si se pretende hacer un negocio con una empresa privada, entregando el gas en concepto de pago.
El más disgustado con esta resolución adversa, es el ministro de Economía, Roberto Crocianelli, principal impulsor de este acuerdo con la empresa china Tierra del Fuego, Energía y Química.

El funcionario dijo que existe una «sistemática obstrucción a cada uno de los caminos que tomamos», y anotó que «si bien no le hago cargo a nadie en particular de esta situación, sí quiero decir que es lo que yo siento en cada gestión que llevo adelante, y que por ello cuesta muchísimo poder avanzar en cualquiera de los temas».

Contrastando con esto, el ministro de Gobierno, Guillermo Aramburu, fue más mesurado y lamentó que el Fiscal de Estado haya dado un margen escaso de tiempo para poder remitir todos los antecedentes del acuerdo, de manera que pueda tener más elementos de prueba a la hora de resolver el planteo que hizo la CGT regional Ushuaia.

Eduardo Olivero, secretario Legal y Técnico, el funcionario a quien más hondo caló, esta decisión del organismo de control, insistió en que «este es un procedimiento que se puede hacer tranquilamente por contratación directa, y que así y todo ha sido habilitado expresamente por la Secretaría de Energía de la Nación. Esa es la naturaleza jurídica correcta de la operatoria».

Comentá la nota