El Gobierno lleva a la Justicia a Claudio Poggi

 El Gobierno lleva a la Justicia a Claudio Poggi

La denuncia contiene también el pedido de investigación de la conducta de dos Escribanos que aparecen involucrados en las maniobras que denuncia el Gobierno.

 

Entre los documentos que se citan figuran escrituras públicas realizadas por  el escribano Julio Andrés Camargo Escudero, titular del Registro Notarial 31 de la localidad de La Toma,  y por la Escribana Lucrecia Inés Soria, Registro 20 de Villa Mercedes, autoridad del Colegio de Escribanos de esa Ciudad al momento de los hechos que se denuncian. El Gobierno pidió al Juez de la Causa que investigue la conducta profesional de los Escribanos, aunque no realizó imputaciones precisas contra ellos, aun cuando son evidentes las irregularidades.

El representante del Estado planteó ante el Juez dos hechos. El primero se trata de la construcción de 118 viviendas en La Toma. Aquí la gestión de Poggi llamó a la licitación de la obra con la inclusión de una cláusula por la que la empresa constructora, Alfa y Omega en este caso, debía proponerle al Estado un inmueble, de propiedad de la empresa, y transmitir el dominio al Gobierno Provincial. Estas condiciones eran parte del llamado a licitación de la obra.

El Gobierno detectó que esta escritura no había sido protocolizada por el Escribano General de Gobierno, una de las condiciones legales insalvables, y que además se pagaron más de 300 mil pesos en concepto de honorarios al profesional que intervino. Precio que obviamente no se hubiese pagado de intervenir el Escribano Oficial. Aunque la demanda no lo dice, fuentes oficiales dejaron trascender que también se investigan los montos elevadísimos que se pagaron por esa propiedad, sobre la que luego se construyeron las viviendas sociales.

El caso de Justo Daract es más grave aún. Mediante llamado a Licitación publica en el año 2014 la Gestión de Poggi convocó a las empresas para la construcción de 96 viviendas en la localidad de Justo Daract bajo la modalidad de “provisión de Terreno” y ejecución de las obras. Aquí lo que pasó es que directamente no hay escritura del inmueble en favor del Gobierno, o si, hay una escritura, pero SIN LA FIRMA DEL ESCRIBANO. En realidad los funcionarios de obras públicas encontraron, investigando el caso, “... en original la Matriz del Protocolo Notarial…”, es decir varios folios del Libro de Protocolo de la Escribana Soria, quien integraba la comisión directiva del Colegio de Escribanos de Villa Mercedes. Algunas fuentes creyeron encontrar en este cargo la explicación de cómo debe haber cerrado su año notarial la profesión si le faltaban folios en Libro.

Las hectáreas sobre las que se construyeron las 96 casas en Justo Daract siguen inscriptas en el Registro de la Propiedad a nombre de Walter Hugo Torres quien a su vez había comprado los terrenos a cuatro hermanos de apellido Saldañez poco tiempo antes de que el inmueble fuera propuesto al Gobierno para las viviendas. Sin embargo se especula, aunque no está la documentación, que la tierra fue pagada tanto como los honorarios del Escribano. Ahora las viviendas se sitúan sobre terrenos que no pertenecen al Gobierno y que, por esto mismo, no puede trasladar en dominio a los adjudicatarios. A la vez de quedar expuesto el Estado a cualquier plateo judicial sobre la persona que figura como titular del inmueble.

En todos los casos aparecen firmando los instrumentos ahora cuestionados, Claudio Poggi, en su carácter de Gobernador de la Provincia y de Néstor Ordoñez como Ministro Secretario de Estado de Hacienda y Obras Publicas. Más allá de los mencionados, la investigación no podrá obviar la responsabilidad de los funcionarios del Registro de la Propiedad que participaron en estos actos. Inscribir un inmueble del Gobierno sin la participación del Escribano Oficial, afirman los denunciantes, es una grave falta que se develará ahora en los tribunales penales.

La denuncia del Gobierno contra Poggi tomó por sorpresa al sector político que lidera el ex Gobernador. Los voceros consultados desconocían la noticia aunque, es lógico, esperaban el inicio de alguna andanada de denuncias. Antes, Néstor Ordoñez, con el patrocinio de un Estudio Jurídico que se vincula al Frente Cambiemos, presentó una denuncia contra el Contador General de la Provincia acusándolo de falsear documentación de la ejecución presupuestaria del último año de Poggi en el Gobierno. La denuncia fue presentada ante el Juzgado del Crimen 3 a cargo de Virginia Palacios. La Jueza fue recusada argumentando una relación íntima con el Secretario General de la Gobernación, Alberto Rodríguez Saa (h), que fue tomado como un golpe bajo e innecesario en los sectores más altos del actual Gobierno. Esta causa aun no tiene Juez.

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