El gobierno inyectará $450 millones a obras sociales

La ministra Ocaña le prometió a Hugo Moyano destrabar un decreto que sumará millones a las prestadoras gremiales.
Los sindicatos recibirán para sus obras sociales el regalo de fin de año que no lograron para sus representados. La ministra de Salud, Graciela Ocaña, se comprometió con el jefe de la CGT, Hugo Moyano, a destrabar un decreto que inyectará 250 millones de pesos anuales en las prestadoras de los gremios.

La medida se sumará a otra publicada esta semana en el Boletín Oficial que incrementó en promedio 26% los valores mínimos garantizados percibidos por las obras sociales. En total, se calcula que el paquete aportará 450 millones de pesos al año a los gremios. Las promesas, sin embargo, no terminaron de conformar a los sindicalistas, que advirtieron que volverán a la carga con su aspiración de máxima: el control total de los fondos de la seguridad social.

Un paso clave para ese objetivo lo consiguieron con el nombramiento reciente de Juan Rinaldi al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud, en reemplazo de Héctor Capaccioli, un funcionario que reportaba a Alberto Fernández. Rinaldi, en cambio, era abogado del sindicato de camioneros, de Moyano, entre otros gremios, y su ascenso en la administración pública amenaza con golpear las puertas del Ministerio de Trabajo.

El compromiso asumido por Ocaña y Rinaldi apunta a reducir el aporte que las obras sociales deben hacer para sostener las prestaciones de alta complejidad y la estructura de seguridad social del Estado.

En la actualidad, los gremios sufren un descuento de 15% sobre los aportes de cada afiliado que gana por encima de 1.000 pesos, en un esquema que no se modificó desde 2001 a pesar de la inflación acumulada. En rigor, el descuento sobre los aportes es de 10% para los salarios por debajo de 1.000 pesos, pero las subas de los últimos años desactualizaron ese monto y ubicaron a casi todos los salarios en el rango de 15 por ciento.

Sobre este punto, Ocaña le aseguró a Moyano, en un encuentro que mantuvieron días pasados, que próximamente se fijará un nuevo esquema que descontará 12% sobre los aportes de los sueldos de hasta 2.900 pesos, y de 15% para los ingresos por encima de esa cifra. Rinaldi, por su parte, les dijo a los sindicalistas que la medida requerirá de la firma de un decreto. Los técnicos de los gremios evaluaron que el ajuste sumará unos 250 millones de pesos al año que hasta ahora se derivan al Estado.

El aporte salarial a la seguridad social es de 9% (3% a cargo del trabajador y 6% del empleador) y de ese porcentaje el Estado retiene fondos para sostener, además de las prestaciones complejas, el funcionamiento de la Superintendencia de Salud y de la Administración de Programas Especiales (APE).

Más que por nivel del aporte, la queja central de los sindicatos en este sentido tiene que ver con que los fondos, que a su juicio deberían circular en el sistema de seguridad social, terminan por ser absorbidos en el Presupuesto nacional, y por lo tanto quedan sujetos a las restricciones de esas partidas.

Moyano y la CGT pretenden manejar esos recursos con el argumento de que pertenecen a los trabajadores y no al Estado.

El primer paso del paquete sanitario se concretó este miércoles con la publicación de la resolución 1.765, que ajustó con un 26% de aumento los valores mínimos garantizados que perciben las obras sociales por la atención de pacientes que no les son propios. La medida beneficiará en particular a sindicatos como Unión Ferroviaria, Luz y Fuerza, Asociación Bancaria, Sanidad y Comercio, que atienden en sus obras sociales a jubilados que optaron por esas obras sociales en lugar del PAMI. Para estos casos, la suba del reconocimiento será de $91,50 a 114,50 pesos por afiliado.

También se ajustaron los valores, congelados en los últimos dos años, de todos los demás rangos de edad y de ambos sexos derivados a las obras sociales. La medida será retroactiva al 1 de diciembre y representará para los gremios un ingreso extra de 200 millones de pesos al año.

Se prevé que como correlato de esta resolución aumentarán los aportes de los monotributistas y del personal doméstico, que perciben atención de las obras sociales a cambio de 37 pesos mensuales. De aplicarse el mismo criterio que con los mínimos garantizados, el aporte deberá subir a 47 pesos.

Como parte del mismo paquete, quedó pendiente un viejo reclamo de los sindicatos, que consiste en frenar los traspasos de beneficiarios entre obras sociales, que derivan por lo general a las que realizaron acuerdos con empresas de medicina prepaga. El proceso se denomina “descreme” en la jerga sanitaria, porque priva a las obras sociales de los afiliados más jóvenes y con mayores ingresos.

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