El Gobierno investigará a obras sociales que negociaron con droguerías truchas

Después de que Cristina dispuso la intervención a la obra social de Zanola, Salud ordenó investigar si hubo irregularidades en los contratos de otras prestadoras gremiales
A la par de haber dispuesto la intervención de la obra social de los bancarios (OSBA) por su supuesta vinculación con llamada mafia que adulteraba medicamentos, el Gobierno ordenó ayer una investigación administrativa para determinar qué otras prestadoras médicas manejadas por los gremios tenían contratos con las droguerías San Javier y Multifarma, dos de las firmas sospechadas por la Justicia de proveer remedios truchos para enfermos oncológicos y hemofílicos.

Esa decisión fue tomada ayer por el superintendente de Servicios de Salud, Ricardo Bellagio, quien pidió a las áreas técnicas del organismo a su cargo un informe detallado acerca de las obras sociales que tuvieron o tienen contratos con las droguerías investigadas por el juez federal Norberto Oyarbide. Según explicó el funcionario a este diario, una vez culminado ese relevamiento, la Súper "auditará una por una" todas las obras sociales relacionadas con San Javier y Multifarma para determinar la existencia de supuestas irregularidades como la sospechadas en el marco de la causa que involucra a la OSBA, hasta ayer manejada por Juan José Zanola. "Queremos conocer toda la información posible sobre los contratos, las características y cumplimientos de los tratamientos, porque se trata de una cuestión muy grave", argumentó el funcionario, que –además– reveló que el organismo pidió a las obras sociales que le informen con carácter de urgente acerca de todos los casos de tratamientos oncológicos y hemófilicos registrados desde 2006 en adelante.

El avance del Gobierno sobre las obras sociales sindicales se decidió en coincidencia con la determinación oficial de disponer la intervención de la OSBA, solicitada por Oyarbide en el marco de la causa por la mafia de los medicamentos. En reemplazo de Zanola, el Ejecutivo designó al frente de la obra social al oncólogo bonaerense Pedro Ferrara, hijo del ex ministro de Salud Floreal Ferrara. La decisión fue justificada por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Salud, Juan Mansur, quienes afirmaron que la presidenta Cristina Fernández pretende "ir hasta las últimas consecuencias y que caiga todo el peso de la ley" sobre los responsables de la presunta adulteración de medicamentos, un delito que los funcionarios juzgaron de "deleznable".

Para concretar la intervención fue clave el resultado de un informe entregado el viernes por la Superintendencia de Salud al ministro Manzur, en el que se efectuaba un balance "profundamente negativo" sobre la gestión de Zanola en la obra social debido a "la falta de cobertura médica básica" según confiaron voceros gubernamentales. "Con esos antecedentes realmente Zanola debería haber dado un paso al costado porque era cuestión de tiempo que estallara el escándalo en su contra", dijeron las fuentes.

Tras conocerse la intervención de la obra social se produjeron incidentes en la puerta del Policlínico Bancario, donde empleados y afiliados festejaban la resolución del Gobierno. En medio de gritos y cánticos de los manifestantes, la vicedirectora del Policlínico, Susana Fiona, mano derecha de Paula Aballay –titular de la entidad y pareja de Zanola– debió retirarse con custodia policial, mientras era agredida por los afiliados y empleados.

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