El Gobierno intervino la obra social bancaria y hay avalancha de juicios

Se designó por decreto a un interventor. Se desencadenó una avalancha de juicios de afiliados damnificados por los desmanejos de la conducción a cargo de Juan José Zanola. Las víctimas: afiliados enfermos y fallecidos.
Como lo anticipó Crítica de la Argentina, el Gobierno nacional intervino la Obra Social Bancaria Argentina, tal como lo requirió el juez federal Norberto Oyarbide en la investigación de la mafia de los medicamentos. Lo anunciaron Aníbal Fernández y Juan Manzur en conferencia de prensa en Casa Rosada, luego de reunirse con Cristina Kirchner. La Presidente firmó el decreto, que saldrá publicado el martes en el Boletín Oficial, donde se designa interventor al oncólogo Pedro Ferrara, actual director del Hospital General de Agudos "Profesor Dr. Rodolfo Rossi".

"La actitud del Gobierno será ir hasta el hueso, para garantizar los derechos de salud de todos los afiliados de la obra social bancaria y garantizar todas las acciones para que el juez pueda dar con los que están relacionados con estos delitos", dijo el jefe de Gabinete al confirmar el adelanto de Crítica de la Argentina. Aunque el domingo no estaba definido si la intervención se concretará a través de un decreto o por resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Finalmente se optó por la primera opción.

El ministro de Salud también expresó la postura de la Rosada ante los fármacos adulterados. Manzur dijo que "vamos a colaborar en todo con el juez porque nuestra obligación es garantizar el derecho a la salud de los argentinos".

IMPUTADOS. Una hora antes del anuncio, Oyarbide anticipó que citará a declarar como imputados al titular del gremio de los bancarios Juan José Zanola, a su mujer Paula Aballay, al ex subsecretario bonaerense de Salud Alberto Costa y al mayorista farmacéutico Néstor Lorenzo.

"El señor Zanola surge altamente comprometido con todas las pruebas, desde ya a su compañera también le tocará el turno y a Lorenzo y a Acosta", dijo Oyarbide en las habituales charlas con periodistas en la puerta de su casa.

El magistrado también adelantó que "de ser necesario" citará a declarar al ministro de Salud de la Nación y al secretario bonaerense del área, Claudio Zin, aunque no aclaró si como imputados o testigos. "El juzgado sigue trabajando reuniendo y analizando todas las pruebas para poder efectuar la convocatoria de distintas figuras que tienen que ver con este ilícito", dijo el juez.

Pasado el mediodía, fuentes judiciales informaron que Zanola y su pareja, que venía actuando como jefa del Policlínico Bancario, pidieron a Oyarbide que se aparte de la causa porque, a criterio de ellos, habría incurrido en "prejuzgamiento": no tiene imparcialidad en la toma de decisiones.

El Consejo Directivo Nacional de la Asociación Bancaria envió un comunicado apoyando "la intervención" de la OSBA: "Los primeros interesados en que el tema de los medicamentos se esclarezca debidamente somos nosotros, junto a todos los trabajadores bancarios... porque es la única forma que aceptamos para descubrir esta verdadera infamia que afecta a todos los trabajadores y a todos los bancarios, pues lo que se quiere es destruir -detrás de oscuros intereses- al Policlínico y a la Obra Social Bancaria", aseguró.

INCIDENTES. Enterados de la intervención, los trabajadores del Policlínico Bancario que apoyan la medida del Gobierno reclamaron la renuncia de los directores administrativos de ese centro médico. La vicedirectora de la entidad, Susana Fiona, mano derecha de Paula Aballay, debió retirarse con custodia policial, mientras era insultada por manifestantes.

El policlínico de la avenida Gaona vivió momentos de tensión cuando unos 30 empleados recorrieron sus pasillos hasta llegar a las oficinas de Aballay y Fiona, donde permanecieron durante media hora en forma de toma simbólica y pacífica.

EN LA MIRA. El viernes último no fue un buen día para el secretario general de La Bancaria, Juan José Zanola. Ese día Oyarbide ordenó un allanamiento en el Policlínico y declaró que "el cerco se cierra cada vez más" en torno de Zanola. En la mira del juez está también la mujer del sindicalista.

El juez investiga los supuestos vínculos entre el empresario Lorenzo y Zanola. Lorenzo estuvo detenido bajo la acusación de adulterar medicamentos y comercializarlos en los sindicatos a través de droguerías.

Zanola es uno de los principales aliados del Gobierno dentro de la estructura de la CGT y sus afiliados suelen participar en los actos de la presidenta Cristina Fernández.

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