El Gobierno intervino OSM y dispuso un alza de la tarifa del 36,5% promedio.

El Gobierno intervino OSM y dispuso un alza de la tarifa del 36,5% promedio.
Lo hizo para evitar la "parálisis de la empresa", afirman. La suba va del 24,9% al 51,5% y rige desde octubre.
"El nivel de incumplimiento (de Obras Sanitarias Mendoza) es muy grave y está afectando profundamente la calidad de vida de todos los mendocinos", dijo en la mañana de ayer el secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán, durante la conferencia de prensa en la que anunció la intervención a esta empresa de servicios de agua potable por parte del Ejecutivo provincial.

La intervención no es gratis. Trae consigo el aumento de las tarifas a partir del 1 de octubre del 36,57% en promedio, que "tendrá por finalidad garantizar el funcionamiento mínimo de la empresa", dijo Cazabán. El incremento arranca en el 24,9% para los hogares con usos más bajos para llegar hasta el 51,5% dependiendo si son consumos medios o altos.

Además, se decidió crear un Consejo Asesor que será presidido por Javier Montoro, actual presidente del Ente Provincial de Aguas y Saneamiento (EPAS) y estará integrado por los partidos políticos con representación parlamentaria, por los prestadores del servicio, por los trabajadores del sector, las universidades y los sectores productivos y científicos.

Desde el Gobierno aseguran que OSM no paga los impuestos provinciales e insumos, como el agua y la luz, a lo que hay que agregar que de continuar este escenario, el próximo mes no podrán saldar ni los salarios del personal con lo que se produciría "la parálisis de la empresa", según Cazabán.

Financieramente, OSM tiene fuertes deudas tales como la devolución de la primera cuota del saldo de $ 48 millones que surge de una compensación de compromisos valuados en $ 1,5 millón, el canon de concesión de casi $ 8 millones, la primera cuota de la refinanciación otorgada por la provincia por incumplimientos por créditos con el BID de $ 1,2 millón

Muchas han sido las razones que, según afirman, impulsaron definitivamente al gobierno de Jaque a tomar tal decisión. En primer lugar, y tal como lo señaló Cazabán, "estamos ante una situación de colapso muy crítica del sistema de saneamiento".

Según el Ejecutivo, esta realidad es producto de una serie de reiterados incumplimientos, cada vez mayores y más graves, que ponían en peligro la garantía de este servicio esencial.

Un dato que refleja el alcance de los efectos es que la empresa ha llegado a tener 6.000 reclamos diarios. Dichas anomalías tales como los cortes en el suministro de agua potable, baja presión, bajo nivel de cloro en agua potable, alta turbiedad y el no cumplimiento de los parámetros de calidad, generó sanciones a la concesionaria por $ 835.000 sólo entre los años 2008 y 2009.

A su vez, la falta de inversiones de esta empresa, que está en manos privadas desde 1998, para mantener el sistema y expandirlo de acuerdo a la necesidades de la población alcanzó un déficit de inversiones por más de $ 200 millones.

Otro argumento del Gobierno es la falta de análisis que permitieran formular planes de prevención del servicio a través de estudios de vulnerabilidad y que produjo que hoy haya una "grave situación de imprevisión", según señala un informe del Gobierno de Mendoza, denominado "Revisión integral del sector de agua potable y cloacas".

Un dato no menor es el detalle sobre la contaminación hídrica existente en el servicio. En algunos barrios de Godoy Cruz apareció manganeso en el agua para consumo, esto se debe, conforme al estudio citado, a la oxidación de formas solubles y/o desprendimientos de depósitos en el tramo de acueducto entre la Planta Potabilizadora Potrerillos y la presa homónima.

Pero esto no es todo. También se constató mercurio de hipoclorito de sodio que alcanzaba concentraciones no permitidas. Esto ponía en evidencia la falta de control y desinfección del agua.

En los efluentes cloacales, según un estudio de EPAS, no se cumplían las metas de calidad y estaban superados con su carga en la mayoría de los establecimientos.

Los déficits de mantenimiento también se reflejan en cuanto al sistema de producción y distribución de agua para consumo. "Algunas perforaciones de refuerzo no cuentan con un sistema de arranque y parada automático de bombas", dice el informe.

Entre el 2005 y 2006, la empresa concesionaria obtuvo un incumplimiento del 88%, según el órgano de contralor, y el 12% de incumplimiento en su labor de administración hídrica e inversiones ejecutadas. De acuerdo a un análisis posterior, la empresa habría dado vuelta este registro y los incumplimientos fueron mayores, ya que pasaron a trepar al 61% contra el 39% de acciones que "cumplían" con las inversiones realizadas.

El mutismo de la empresa

Según la percepción de los directivos de la empresa, "los accionistas están intervenidos y éstos no han fijado una posición aún". El decreto gubernamental que declaró la intervención no fue publicado ayer y los ejecutivos de la distribuidora de agua potable se hallaron ante la inminente decisión sin anuncio previo.

El interventor oficial, el ingeniero Gonzalo Dávila, entró al establecimiento a las 12 del medio día con su equipo para dar inicio a la nueva etapa de la empresa potabilizadora de agua

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