Aún no llegó el calor, pero cuando el sol caliente el termómetro volverá el debate sobre los cortes de electricidad y las obras que el Gobierno realiza para empezar a dar vuelta la página de la crisis energética más profunda de la Argentina moderna.

Por estos días hay seis grandes proyectos hídricos que toman forma y que concentran los desvelos de los planificadores del Gobierno. Con diferentes grados de avance, un puñado de proyectos empezarán a ser noticia en los próximos meses. Y, claro está, serán focos de atención en las regiones donde se asienten.

En el mundo de lo que viene en energía conviven ingenieros y economistas. Los primeros proyectan y construyen. Los segundos, preocupados por la necesidad de importar combustible para abastecer las centrales térmicas, a falta de gas, sacan cuentas sobre la viabilidad de las obras y descuentan el tiempo hasta que los trabajos de hoy terminen en obras que produzcan energía más barata.

En este panorama siempre aparece como aspiracional volver a realizar grandes obras de infraestructura hídrica, ausentes en los últimos tiempos pese a los años de viento de cola que disfrutó América latina.

"Estamos trabajando en un conjunto de obras de infraestructura clave para el desarrollo del país y sus regiones. Muchas de esta obras han sido postergadas por años y algunas ya están en licitación", dijo Pablo Bereciartua, un ingeniero que estaba en la Universidad de Yale, Estados Unidos, que desde diciembre es el subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación.

Las grandes represas están divididas en dos grandes ministerios. Las que son puramente energéticas, como las sureñas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, están en la órbita de Juan José Aranguren y su Ministerio de Energía. Las que tienen algún tipo de aprovechamiento del agua, sea para riego o para contener inundaciones, por caso, las maneja Bereciartua desde el Ministerio del Interior y Obras Públicas.

"La Argentina estará invirtiendo este año aproximadamente 2% del PBI y esa proporción crecerá a 2,4%. Pero, para lograr la infraestructura necesaria que reduzca la pobreza, garantice los objetivos de calidad de vida y competitividad de las economías regionales y del país, hay que llegar a una inversión del orden de 5 o 6 puntos del PBI", dice Bereciartua. Para semejante objetivo, el Gobierno se esperanza en la inversión privada y para eso mira con atención una ley que recorre el camino legislativo que fijará las reglas de la participación pública privada en la inversión en infraestructura.

Los proyectos que avanzarán primero son seis, todos ubicados en cuencas hídricas importantes.