Si bien se encuentran justificadas desde la óptica contractual, las reestatizaciones que llevó adelante el Gobierno del Tren de la Costa y de las ex líneas de cargas San Martín y Urquiza han disparado una serie de interrogantes legales y operativos que podrían complicar la prestación de los servicios y abrir nuevas e interminables demandas judiciales entre el Estado y los ex concesionarios.

De las tres concesiones que rescindió el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo la que más ruido ha causado por las derivaciones que podrían generarse es la del Tren de la Costa. A principios de los 90, la administración menemista le había adjudicado a Sociedad Comercial del Plata (SCP) de Santiago Soldati una “concesión integral” para la rehabilitación del servicio de pasajeros en el ramal Mitre II-Delta y la explotación comercial de las áreas aledañas de esa traza costera. De esa “ concesión multipropósito ” sobrevino la reinaguración del servicio ferroviario clausurado en la década del 60, el desarrollo comercial de las estaciones y el nacimiento del “Parque de la Costa”.

Los problemas arrancaron en el año 2002 cuando la concesionaria se presenta en concurso de acreedores y decide separar las unidades de negocios: por un lado, la operación del tren y por otro, la explotación del parque. Si bien el juez que intervino en la convocatoria avaló esos cambios en 2003, el Estado nunca otorgó el visto bueno para esa separación. Y en la resolución 477 que dio por caída la concesión, la cartera de Randazzo desconoció los alcances de ese concurso de acreedores de hace una década.

Sostuvo que “los efectos de ese acuerdo no pueden modificar el objeto del pliego y del contrato, como tampoco sustituir su cocontratante sin la expresa autorización del Estado”.

De esta manera, ahora el Estado podría avanzar sobre activos del parque, que ya no pertenecen en su totalidad a Soldati, sino al grupo de acreedores que se quedó con la mayoría de SCP. En Transporte sostienen que la mayor parte del parque de atracciones está emplazado en terrenos estatales. Del otro lado, los dueños del complejo aducen que sólo el 15% del predio pertenece a la zona concesionada.

Además, algunos técnicos del Gobierno consideran que también hay que revisar cómo y donde se levantó el casino Trilenium, que está muy cerca del parque y cuyo 50% es propiedad de SCP.

En el caso de la empresa brasileña ALL –a la cual el ministerio de Randazzo le quitó dos líneas de cargas por medio de la resolución 469--, la principal duda gira en torno a la capacidad de respuesta que tendrá la nueva operadora estatal de los trenes que han sido reestatizados. Se trata de Belgrano Cargas y Logística SA. (BCYLSA), que fue creada recientemente para manejar la red del ferrocarril Belgrano y que ahora – cuando recién se está terminando de conformar– ya tiene asignada la misión de operar otras dos líneas de cargas más, que requieren urgentes y millonarias inversiones para seguir en pie.