El Gobierno y los indígenas no se pusieron de acuerdo

El Gobierno y los indígenas no se pusieron de acuerdo
Bibiloni defendió la teoría de que la tala "no fue determinante" en Tartagal. Representantes de pueblos originarios expusieron pruebas sobre su incidencia.
El alud que hace 10 días arrasó con la ciudad salteña de Tartagal fue el tema excluyente de la primera audiencia del año convocada por la Corte Suprema de Justicia, tras la denuncia que las comunidades indígenas radicaron contra la provincia el año pasado por deforestación.

El secretario de Medio Ambiente, Homero Bibiloni, afirmó que aunque "todo tiene incidencia", en Salta la tala "no fue determinante" del alud, a pesar de que las autoridades de la provincia admitieron que carecen de datos sobre el impacto ambiental por el millón de hectáreas deforestadas en los últimos 10 años, un tercio de ellas en el departamento de San Martín cuya cabecera es Tartagal.

Bibiloni expuso que el volumen de los desmontes realizados "es negativo" y dijo que impulsará medidas para "revertir esa tendencia en el Gran Chaco".

Sin embargo, consideró que la tala "no fue determinante" del alud, lo mismo que aseguraron los funcionarios salteños al fijar la posición de la Nación y Salta, demandadas por comunidades indígenas por el desmonte.

A diferencia de las autoridades nacionales y provinciales, el abogado querellante, Raúl Ferreira, sostuvo que los desmontes sí "tuvieron incidencia" y citó un estudio de la Universidad Nacional de Salta que, en el 2006, “advirtió sobre el peligro de aludes por el desmonte y la actividad petrolera".

En su demanda ante la Corte, las comunidades destacaron que entre 2004 y 2007, la Secretaría de Medio Ambiente de Salta avaló 191 de los 195 pedidos de desmonte, por un total de 807.509 hectáreas de bosque, y que estos desmontes están afectando seriamente su supervivencia.

Según cifras oficiales, citadas por Greenpeace, entre 1998 y 2002 la superficie deforestada en la provincia fue de 194.389 hectáreas, mientras que entre 2002 y 2006 se duplicó la superficie desmontada alcanzando las 414.934 hectáreas.

La organización señaló hoy, en un comunicado emitido tras la audiencia, que el gobierno de Salta no pudo justificar por qué se autorizaron, en pleno tratamiento legislativo de la Ley de Bosques, el desmonte de más de 435.000 hectáreas de bosques nativos.

“Tampoco pudo justificar -agregó- por qué no decidió suspender su ejecución para que no se destruyan los bosques mientras realizan el ordenamiento territorial que la ley nacional les exige”.

NO HAY DATOS SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL. Los indígenas y los agricultores aprovecharon la audiencia para hablar del impacto ambiental en primera persona.

Dino Salas, de la comunidad wichi de San Ignacio, planteó los perjuicios causados por la tala de bosques nativos en la región y en el mismo sentido se expresó Alfredo Riera, de la Asociación de pequeños productores del Chaco salteño, quien detalló el corrimiento de las fronteras y la destrucción de la producción local.

Del lado estatal el fiscal de Salta, Casali Rey, admitió que el mapa de los bosques y deforestación de la región aún no está terminado -"está en marcha”, dijo- y que la provincia carece de datos sobre el impacto que provoca la deforestación.

No obstante, el Estado salteño pidió que se suspenda la medida cautelar que dictó la Corte en diciembre de 2008 disponiendo el cese provisional de los desmontes y talas de los bosques nativos, que en el último trimestre de 2007 habían autorizado en Salta.

A una pregunta del ministro Maqueda respecto a la posible incidencia de la deforestación en el departamento de San Martín en el reciente alud, Casali Rey respondió que "no hay por el momento ninguna base científica que permita relacionar" ambos hechos.

"Sobre todo -explicó- si se toma en consideración que la alta cuenca del río Tartagal, donde se produjo el deslizamiento, no ha recibido ni desmontes ni aprovechamientos forestales que permitan atribuir a esa actividad la generación del fenómeno natural".

La causa "Salas, Dino y otros c/Salta, Provincia de y Estado Nacional s/amparo" que dio lugar a la audiencia fue iniciada a fines del año pasado por la demanda de 12 comunidades -nueve wichi, una guaraní, una colla y una criolla campesina- por desmontes en los departamentos salteños de San Martín, Orán, Santa Victoria y Rivadavia.

La demanda sostiene que la provincia, al autorizar la tala y "tolerar las prácticas realizadas en su jurisdicción de manera clandestina, no ha cumplido con sus obligaciones legales" y atribuye responsabilidad al Estado nacional "ante la falta de control", señaló la Corte.

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