El Gobierno hará caer la concesión de aguas pero el contrato no aparece

Es el que firmaron OSM SA y Saur. Ahora, la francesa reclama la inversión original.
El fin de la concesión ya está decidido y, por eso, Celso Jaque anunciará en breve la extensión de la intervención de Obras Sanitarias por 180 días más. La dilación de los plazos obedece a que el Gobierno ha encarado una nueva auditoría para saber cuánto dinero reclamarán al principal operador que intervino en la concesión, Saur Internacional, por el incumplimiento en la prestación del servicio. Pero es aquí donde está trabada la decisión, porque, llamativamente, el contrato entre OSM SA y la firma francesa Saur no aparece por ningún lado. Simplemente se perdió o alguien lo escondió, y esto podría terminar de embarrar la cancha.

En el Ejecutivo no se animan a decir si hay ocultamiento, complicidad o simplemente nunca existió, pero lo cierto es que, desde hace meses, los auditores dispuestos por el Gobierno están buscando el acuerdo celebrado y no lo encuentran. Además, detectaron otras pérdidas de contratos internos como los correspondientes a personal y servicios que utilizaba la empresa. Pero este primer escrito es vital para saber en qué términos se concretó en el 2004 el traspaso de las acciones de Azurix (inversor estadounidense original a quien entregó el servicio el ex gobernador Arturo Lafalla en 1999) a los franceses Saur Internacional SA, y cómo ingresaron en la composición accionaria de OSM SA. En medio de esta maraña se supo ayer que la firma reclama la inversión original, que ellos calculan en 70 millones de dólares, aunque la Provincia sostiene que no supera los 18 millones de dólares. Así dice el pedido elevado ante el Centro Internacional de Arreglos y Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) que envió la Procuraduría General de la Nación al asesor general de Gobierno, César Mosso Gianinni.defensa. En este escenario, la Provincia ha decidido contratar a un equipo de profesionales de la Universidad Nacional de Cuyo para que antes del 1 de marzo eleve un informe exhaustivo sobre lo que hay que reclamarle a Saur en concepto de resarcimiento por el incumplimiento en el contrato. Una vez que esté listo el número, el Estado provincial elevará una demanda por daños y perjuicios ante los tribunales locales, dictaminará la caída de la concesión y anunciará el modelo que impulsará para que la empresa de aguas siga funcionando. Este último dato fue confirmado por el interventor de la prestataria, Gonzalo Dávila, tras el tercer encuentro del Consejo Asesor de Obras Sanitarias, que se realizó ayer en Infraestructura. Si bien el técnico dispuesto por el EPAS para analizar el panorama jurídico y financiero de la empresa elevará la recomendación -porque el consejo no es vinculante- al gobernador, será este último quien tome la decisión que en los pasillos del cuarto piso ya dan por sentada.

Hasta ahora, la mira está puesta en Saur, pero lo que no se sabe es qué destino sufrirán los demás operadores, entre los que hay dos locales: Groisman y Vila-Manzano.

El dato más llamativo que se supo ayer trascendió a través del malestar expresado por una legisladora. Se trata de Alejandra Naman (ARI), quien se quejó por la pérdida del contrato de concesión de Saur, un dato no menor que viene a embarrar la cancha justo cuando la estrategia de defensa de la Provincia ante el CIADI se dirige a pedirle al tribunal que unifique al demandante. Esto porque en cada presentación judicial que se conoce, el apoderado por Saur es una persona diferente y lo único que tiene claro la Provincia es que en Argentina la francesa opera junto al Grupo Sielecki, principal accionista de otras empresas de aguas en varias provincias, algunas de las cuales ya muestran serios problemas en la prestación e, incluso, están intervenidas.

Lo que sucedió concretamente con el contrato, nadie lo supo explicar. Así, ni José Luis Puliafito -a cargo de la auditoría- ni Gonzalo Dávila ni los legisladores presentes -Alejandra Naman y el diputado radical Jorge Serrano- supieron explicar dónde está el documento en cuestión ni qué podría suceder si jamás aparece.los concesionarios. La firma ha ido mutando en su composición accionaria, y, hoy, Saur Internacional tiene 32,08 por ciento de las acciones; Agua del Sur, 32,08; la Provincia, 20 por ciento; el personal, 10; Inversores de Mendoza, 3,34, e Italgas, 2,50. Esto en términos generales, pero el Gobierno maneja un cuadro de distribución de acciones Clase A, B y C sobre las que se ha puesto la lupa para armar una nueva composición (ver cuadro).

La discusión que ahora comienza, además de intentar encontrar el contrato perdido, es qué modelo de empresa pretende encarar Jaque para recuperar el servicio que está caído con una desinversión histórica. La reestatización total de la compañía no sería de lo más recomendada por los técnicos del consejo. Es más, Gonzalo Dávila se expresó a favor de un modelo accionario intermedio que no sea entregar toda la concesión a otro grupo, pero tampoco 100 por ciento estatal.

Lo que se está mirando es el modelo intermedio que se aplica en Santa Fe, con 51 por ciento de las acciones en manos del Estado.

En el medio de la discusión están los usuarios del servicio de agua potable y cloacas que seguirán sufriendo la ausencia del control estatal para que los operadores cumplan con el plan de operaciones. Prueba de esto es que ni siquiera el Estado fue capaz de nombrar a un miembro en el directorio que, al menos, informara sobre lo que hacían los privados con el servicio público.

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