Gobierno y grandes productores siguen tratando de acercar posiciones

Tras la reunión que mantuvieron ayer el ministro de Ambiente, Julio Nasser, y de Desarrollo Económico, Julio César Loutaif, con los grandes productores agrupados en PROGRANO, la Sociedad Rural Salteña y la Asociación de Productores de Legumbres y Hortalizas, se acordó seguir con convocatorias en las que se puedan acercar posiciones ante la reglamentación del ordenamiento territorial de bosques nativos salteños.
"Tiene que ser rapidísimo. No queremos que esto se dilate", contó a Nuevo Diario el coordinador de Política Ambiental y Desarrollo, Félix González Bonorino, tras la reunión mantenida en horas de la tarde.

Aunque por ahora no se tiene fecha, se dispuso que la próxima reunión sea entre los equipos técnicos que cada parte proponga. "Se busca que se entienda bien el sentido de la reglamentación", indicó el funcionario.

Los reclamos de los grandes productores sobrevinieron tras la reglamentación de la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos Nº 7543.

El texto del proyecto de ley enviado en principio por el Ejecutivo fue modificado en una comisión Bicameral de Diputados y Senadores, que a puertas cerradas cambiaron términos importantes de la ley que a entender de algunos técnicos, posibilitan el desmonte de gran parte de los bosques nativos salteños. Ya en aquel momento se sabía que el impulsor de esas modificaciones fue el senador-productor sojero de Anta, y electo diputado nacional, Alfredo Olmedo, quien había presentado un mapa por el que se veía claramente la intención de desmontar 5 millones de hectáreas. Pero en la reglamentación, y tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia que dispuso la suspensión de los desmontes en cuatro departamentos de Salta, el gobierno provincial ordenó que solo se podrán desmontar un poco más de un millón y medio de hectáreas, superficie que se podría modificar pasados cinco años.

Esto generó la reacción de los grandes productores cuyas intenciones, manifestadas por Olmedo, parecen apuntar a la extensión de la frontera agrícola en una superficie mucho maor. Y es que solo desde allí se entiende que ellos afirmen que con la reglamentación el gobierno provincial desvirtuó el "espíritu" de la ley provincial de Ordenamiento aprobada por los legisladores.

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