La excusa fue la presentación de uno de los tradicionales informes de coyuntura económica que viene realizando el Consejo Empresario Mendocino desde diciembre del 2001. En este caso, el trabajo se tituló: “Minería responsable para el crecimiento sustentable con equidad”, y fue utilizado por los hombres de negocios más poderosos de Mendoza y por el gobierno de Mauricio Macri para enviarle un claro mensaje al gobernador Alfredo Cornejo.

El gran obstáculo que tiene el sector minero en la provincia es la ley provincial 7.722, conocida como ley antiminera, que prohíbe la megaminería en territorio mendocino. Cornejo se comprometió a mantener la vigencia de esa ley, sancionada en su momento con un importante aval social. Pero la presión para eliminarla es cada vez más fuerte.

En este caso, el CEM contrató al Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) para que realizada el estudio, con el aval de la Fundación Vida Silvestre. ¿El objetivo? Pedir por una minería “integral” que tenga aval del sector público, de la ciudadanía, que sea controlada y que se esfuerce por ser sustentable. En este sentido, la gran ausente en el informe fue la referencia a la ley 7.722.

El gobierno nacional y fundaciones cercanas al macrismo impulsaron en Mendoza la realización de un encuentro para empujar la minería, que estimaron podría dejarle a la provincia más de 300 mil millones de dólares.

Cippec es un centro de estudios cercano al macrismo y de hecho importantes cuadros de esa institución asumieron cargos con el PRO. Su ex presidente, Fernando Strafase, es el nuevo secretario General del gobierno porteño y el presidente del Consejo de Administración, Eduardo Levy Yeyati, pasó a integrar el directorio del BICE con la asunción de Francisco Cabrera como ministro de Industria.

El trabajo presentado cita un estudio previo realizado por la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camen), que estimó que el valor bruto de la producción metalífera potencial en Mendoza podría alcanzar un máximo de 349.234 millones de dólares, teniendo en cuenta los recursos conocidos y susceptibles de valoración económica. La cifra sin embargo, fue cuestionada localmente, por considerarla estimada en un plazo no determinado y calculada según difusas “actividades de exploración en distintos grados de avance”.