La Provincia respondió a la acción de amparo colectiva iniciada por el legislador del Pro, Alberto Colombres Garmendia, en marzo de 2015 ante la Sala II del fuero Contencioso Administrativo, que integran los vocales Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello. En el planteo pedía la regularización del funcionamiento de tres entes autárquicos: el Instituto Provincial de Luchas contra el Alcoholismo (IPLA), el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) y el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSS, conocido como Subsidio de Salud).

En el descargo, firmado por el abogado de la Fiscalía de Estado, Juan Pablo Stein, la Casa de Gobierno negó haber hecho un uso "excesivo e irracional” de la figura de la intervención, a pesar de que el Ipvdu y el Subsidio llevan 25 años bajo esa modalidad de gestión, y el IPLA, 16. "La revisión judicial de los actos dictados por el PE y sus entes subordinados sólo procederá cuando haya existido alguna violación normativa que ubique tales efectos fuera de lo establecido en el ordenamiento jurídico”, redactó Stein. Y agregó en el escrito que "la intervención del IPLA, del Ipvdu y del IPSS (Subsidio de Salud) constituye no sólo una potestad del PE, sino que ella se encuentra dentro de los límites de lo que en doctrina se denomina la ‘zona de reserva de la administración’, ajena a la potestad jurisdiccional del Poder Judicial”. 

Colombres garmendia consideta que "la intervención es un remedio excepcional y transitorio, que sólo debe ser usado en circunstancias graves y por un período de tiempo limitado. El PE ha hecho claramente un uso y abuso de su facultad de intervención y ha demostrado, a todas luces, que no tiene en absoluto la voluntad de regularizar el funcionamiento de tales entes autárquicos”, indicó en la demanda. Y advirtió que, en rigor, los directores de esos organismos deberían ser designados con acuerdo de la Legislatura.

El abogado Stein defendió el funcionamiento de esos entes provinciales, negó que el régimen de administración afecte o lesione los derechos de los usuarios de esos servicios estatales y objetó la legitimidad de Colombres Garmendia para actuar en representación de un colectivo. 

"En lo operativo y lo funcional, el IPLA, encontrándose bajo la figura de una intervención administrativa, no sólo cumple con sus objetivos y funciones esenciales asignados por las leyes (…), sino que además en los últimos años ha ampliado considerablemente su espectro de actividades, fortaleciendo los controles con las tareas de prevención”, remarcó el letrado. Sobre el Ipvdu, agregó: "el ente ha realizado, y continúa haciéndolo, gran cantidad de obras tendientes a cumplir con los fines con que fue creado”. Luego, formuló un repaso histórico sobre el funcionamiento del Subsidio.

"El nombramiento del interventor es un acto administrativo, siendo su dictado facultad privativa del gobernador”, añadió el representante legal de la Provincia en esta causa.

Colombres Garmendia cuestionó la contestación oficial. De hecho, consideró que está casi todo dado para que el tribunal dicte sentencia. "No deja de sorprender que el Gobierno se siga oponiendo a normalizar la situación en la que se encuentran estos organismos, dando como único argumento que los mismos están funcionando ‘bien’ en el marco actual de su organización. Justamente, el hecho de que su funcionamiento es el correcto, debe ser el motivo para lograr el cese de las intervenciones”, indicó el macrista.