El Gobierno fuerza a los docentes para que regresen a las aulas

Con la convocatoria de Inspección Laboral, el Gobierno gana tiempo. Los gremios habían dispuesto la profundización del conflicto.
Por pedido del Ministerio de Educación, la Dirección de Inspección Laboral dictó ayer la conciliación obligatoria, por segunda vez consecutiva en el conflicto de este año entre los docentes y el Gobierno. La decisión implica un plazo de 15 días para entablar negociaciones y durante los cuales ninguna de las partes puede aplicar medidas; en tanto que la primera audiencia de conciliación será el miércoles próximo, a las 9, en la sede de aquella dirección.

Al tomar conocimiento de ello, la secretaria general de ATECA, Francisca Dumeni, dijo al diario que "esto demuestra la debilidad del Gobierno y se da porque no tiene respuestas para los problemas de la provincia". Confirmó que "nosotros vamos a asistir a esta conciliación" pero, teniendo en cuenta que entre los argumentos oficiales se menciona el derecho de los niños a la educación, anticipó que "le vamos a hacer ver al Gobierno las graves falencias que hay con respecto a las necesidades básicas insatisfechas" de esta parte de la población.

"Acá sí que se van a notar las urgencias a las que los funcionarios se tienen que abocar", enfatizó.

También reclamó que a la conciliación acudan representantes de la patronal "con poder de decisión, como los ministros de Educación y de Economía, porque nosotros no vamos a ir a perder tiempo, que es lo que quiere el Gobierno".

Ayer por la mañana, en una reunión en la que los secretarios de las seccionales de ATECA pusieron sobre la mesa los mandatos de las bases, el gremio había dispuesto para la semana que viene: clases normales el lunes; paro con asistencia a los lugares de trabajo y sin atención de alumnos el martes; paro sin asistencia a los lugares de trabajo, con cortes de rutas o calles y asambleas escolares el miércoles; y paro sin asistencia a los lugares de trabajo el jueves.

Dumeni señaló que estas medidas, que iban a ser consensuadas con UDA y SADOP en el marco de la intersindical, quedaban en suspenso. "No vamos a bajar los brazos y después de que se termine esta conciliación las retomaremos", advirtió.

En ese sentido, dio por sentado que al cabo de los quince días la Dirección de Inspección Laboral se verá obligada a liberar a las partes, como ocurrió al final de la anterior conciliación, que se extendió del 25 de agosto al 25 de septiembre, con una prórroga de 15 días en el medio.

El titular de aquella dirección, Eduardo Tapia, explicó que el llamado se basa en que la pérdida de 19 días de clases es perjudicial a los intereses de los niños y jóvenes, poseedores del derecho a la educación que el Estado debe tutelar. Sin embargo, agregó que se busca "armonizar" este derecho con el legítimo derecho a huelga de los docentes.

En declaraciones radiales, Tapia admitió que la educación "no está considerada servicio esencial" y que "si lo fuera, en el lapso de 5 días hábiles posteriores a la última conciliación, las partes deberían haber acordado la cobertura de servicios mínimos".

Urbanc

El Obispo coadjutor sugirió ayer "orar por este problema que se repite", en referencia al conflicto en la educación, sobre el cual, además, opinó que "evidentemente se necesitan soluciones más de fondo", a fin de garantizar que "aquellos que tengan que ser educados tengan la posibilidad de recibir esta educación y aquellos que prestan este servicio tan importante lo puedan hacer con alegría, con dedicación".

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