El gobierno de Evo expropia 80.000 hectáreas de una empresa para dárselas a indígenas

El gobierno de Evo Morales anunció ayer que revertirá al Estado 80.000 hectáreas de una empresa boliviana que se dedica a la importación de vehículos, productos de consumo masivo y artículos industriales, pero cuyos terrenos estaban sin producir. La medida se enmarca en la nueva política de tierras impulsada bajo la gestión de Morales, que es fuertemente resistida por la oposición, sobre todo en la rica ciudad de Santa Cruz que concentra a los grandes terratenientes.
El director de Distribución de Tierras, Cliver Rocha, explicó que se tomó la decisión de revertir 80.000 de las 100.000 hectáreas que posee la empresa Hansa en la provincia Iturralde, en el norte del departamento de La Paz. Esa superficie que volverá a manos del Estado más que duplica la extensión de la ciudad oriental de Santa Cruz, que es la más grande del país.

Rocha señaló que la decisión se tomó tras haber realizado un proceso de titulación de tierras en el norte de La Paz, en el que se detectó que la mayoría de los terrenos de Hansa no cumplen con la Función Económica Social (FES) establecida en las normas bolivianas.

Dijo que la resolución para revertir estas tierras se aplicará en los próximos días, en tanto que fuentes de Hansa, al ser consultadas ayer por la prensa, señalaron que no emitirán aún ninguna opinión porque sus ejecutivos se encuentran de vacaciones.

Sobre el punto, el vicepresidente del país, Álvaro García Linera, afirmó ayer que la decisión "es simplemente un cumplimiento de lo que dice la norma" en casos de propietarios de tierras que no las tienen en producción.

Las normas establecen que los predios que no cumplen una función económica y social deben ser revertidos al Estado para su posterior distribución a campesinos e indígenas que no posean tierras.

El gobierno de Morales revertió recientemente 3.000 hectáreas en la región oriental de Santa Cruz, que pertenecían a la familia del empresario Osvaldo Monasterio, que entre sus inversiones posee la cadena de televisión Unitel, uno de los medios más críticos con el Ejecutivo.

También se tomó la misma decisión sobre 12.000 hectáreas que pertenecían al empresario opositor Branco Marinkovic, líder del Comité Cívico de Santa Cruz.

Los líderes cívicos y empresariales cruceños han denunciado varias veces que las reversiones de tierras son una "persecución política" del Gobierno en contra de los empresarios de esa región, lo cual ha sido negado por el Ejecutivo.

Según el Gobierno, las decisiones están justificadas porque en los casos de las familias Monasterio y Marikovic se detectaron presuntas irregularidades en las adjudicación de esas tierras.

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