El Gobierno estuvo a pocos minutos de llevarse la plata del Central al Tesoro

Fueron 3 horas y media al límite. Las claves: la resistencia de los gerentes y un llamado inesperado.
El Gobierno estuvo el viernes pasado a escasos minutos de acreditar casi 25.000 millones del pesos de las reservas del Banco Central en el Tesoro. Lo impidieron la negativa de funcionarios de línea a avanzar con directivas que no tenían sustento legal, una inesperada llamada desde Nueva York alertando sobre los peligros de una lluvia de embargos por parte de los fondos buitres y, finalmente, la llegada de la cautelar de la jueza María José Sarmiento suspendiendo la aplicación del Fondo del Bicentenario.

Pero en el medio hubo una historia de presiones y amenazas, que incluyó todos los condimentos necesarios para el guión de un película. Fueron, en total, 3 horas y 35 minutos, pero los protagonistas implicados juran que parecieron años. Con tres de ellos, Clarín pudo reconstruir paso a paso la trama oculta de un día de furia inusual para enero.

El viernes a las 9.15, Miguel Pesce llegó a la sede del BCRA de la calle Reconquista con la orden de Presidencia de transferir al Tesoro los 6.569 millones de dólares dispuestos en el DNU del Fondo del Bicentenario.

Pesce, un economista de origen radical, que dio sus primeros pasos en la arena pública en la década del 80 de la mano de Federico Storani, es un hombre de modales amables, al que se notaba incómodo y nervioso con la misión asignada. Quien, según los presentes, se dedicó a "cebar la bomba" con más entusiasmo fue Sergio Chodos, uno de los hombres del Gobierno en el directorio.

En los días previos, Chodos llamó al menos a media docena de gerentes y subgerentes para sondear "de qué lado jugarían" si el conflicto escalaba.

El primer paso fue convocar una reunión de urgencia del directorio para nombrar un nuevo subgerente del área jurídica, un cargo que está vacante desde hace dos años. El elegido del Gobierno fue Marcos Moisés, a cargo del sector de "Asuntos Jurídicos", que se encarga de los litigios de terceros contra el Central. Moisés le había mandado a comienzos de la semana un mail informal a Pesce, de tres párrafos, avalando la "legalidad del DNU". Pero a él no le correspondía opinar sobre ese tema. Quien sí debía hacerlo era María del Carmen Urquiza, jefa del área de "Estudios y Dictámenes Jurídicos", quien el 30 de diciembre, antes de irse de vacaciones, dejó un escrito de 12 páginas muy crítico sobre la operatoria del Fondo del Bicentenario, que esperaba a su vez ser evaluado por las oficinas técnicas de Juan Carlos Barboza (gerente de Administración de Reservas) y Juan Ignacio Basco (Operaciones Externas). La idea de los funcionarios kirchneristas era que Moisés anulara el escrito de Urquiza y diera el visto bueno legal al DNU.

A las 11 de la mañana, Pesce llamó a Hernán Lacunza -hasta entonces y por escasas horas más, gerente general del BCRA- para pedirle que abriera la cuenta a nombre del Tesoro. Lacunza, un economista de 40 años, de perfil técnico, se negó a hacerlo. A esa hora ya estaba en las pantallas de TV y en los portales de los diarios on line la noticia de la cautelar de la jueza Sarmiento contra la iniciativa oficial, pero la notificación todavía no había llegado a mesa de entrada. Era una carrera contrarreloj.

Ante la negativa de Lacunza, Pesce y Chodos fueron personalmente hasta el escritorio de Silvia Zaragoza, una analista de la entidad monetaria, para pedirle -de mala forma, según notaron unos 15 testigos- que operativizara la apertura de la cuenta. Ella les explicó que faltaban media docena de firmas de la cadena de superiores del Central. Pesce esgrimía un acta firmada el jueves a la tarde por los directores K autoconvocados (la Carta Orgánica establece que a las reuniones del directorio las debe convocar el Presidente del BCRA-.

-¿Qué necesita para abrir la cuenta?-, preguntó Pesce a Zaragoza.

La analista le redactó unos párrafos en su computadora, imprimió la hoja y Pesce la firmó. El Gobierno había completado su primer paso a las 12.20: abrir la cuenta (en rigor, fueron varias). Cada avance iba siendo comunicado de inmediato por teléfono a Economía y a la Rosada.

Sin embargo, restaba una segunda parte, la fundamental: acreditar los fondos en el Tesoro. Pero para ello necesitaban la aprobación de Basco quien, al igual que Lacunza, contestó que no pensaba hacerlo. De inmediato, Pesce y Chodos amenazaron con despedirlo. El mismo tono habían tenido minutos antes con René Gracia, gerente de Presupuesto.

En medio de las apretadas, con gritos de Chodos incluídos, llega al Banco Central un llamado desde Nueva York, del estudio Sullivan & Cromwell, que defiende los intereses de la entidad en Manhattan, anoticiando sobre una decisión del juez Thomas Griesa que implicaba una señal de alerta en la causa de los fondos buitres.

La novedad congeló e hizo dudar por unos minutos a los funcionarios K. Fueron instantes fatales para la intención gubernalmental, ya que dieron tiempo para que a las 12.50 llegara a mesa de entradas la cautelar.

A las 14.30 de la tarde, Pesce le comunicó a Lacunza que había sido removido de la gerencia general.

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