“Puede haber contraofertas en los próximos días, la negociación sigue”, afirmó el presidente Alberto Fernández tras haber analizado con el ministro de Economía Martín Guzmán el resultado de la aceptación de la propuesta argentina, recibida de parte de los acreedores externos hasta el viernes pasado.

La baja adhesión que despertó la iniciativa argentina abre un difícil camino de negociación. En lo inmediato, el primer mandatario supervisa directamente las mejoras en la oferta argentina que elabora el equipo oficial.

En paralelo, los principales fondos de inversión se aprestan a presentar una “contrapropuesta”, tal como anticipó Ámbito, que tendrá -según señalan- la fortaleza de haber sido consensuada con la mayoría de los acreedores.

Son cinco los temas sobre los que Economía trabaja para hacer más atractiva la oferta. Una mejora pasaría por disminuir a menos de tres años el plazo durante el cual la Argentina prevé no pagar ni capital ni intereses, según la propuesta original. Este es uno de los puntos más resistidos por los bonistas a punto tal que le hicieron saber al gobierno que “en estas condiciones es más conveniente ir a juicio”.

La contraoferta argentina contemplaría también la cuestión de los intereses acumulados durante el periodo de gracia como así también la posibilidad de elevar el porcentaje del cupón.

Otro aspecto sería eliminar la quita de capital -en promedio de 5% de acuerdo a la oferta argentina-. Por último, también se evalúa otorgar un incentivo atando el rendimiento de los bonos al crecimiento del PBI. Este último aspecto es el que menos interés despierta entre los acreedores, según señalaron a Ámbito. Cabe recordar que las proyecciones macroeconómicas del Ministerio de Economía, contempla un crecimiento de 1,7% anual hasta fines de la década.

Voceros de los bonistas señalan que para que exista un acuerdo es necesario que la oferta argentina se acerque a un valor cercano a 60%, usando una tasa de descuento del 10% anual. Aplicando el mismo criterio, la propuesta oficial ronda el 40%. “Lo lógico sería que ambas partes se acerquen a 50%”, estiman quienes siguen de cerca las negociaciones.

En estos círculos se evalúa que vencido el plazo impuesto por el país para la recepción de las ofertas, la baja aceptación debilita la posición negociadora de Argentina.

“Ahora el país negocia con el tiempo en contra ya que caería en default si no hay arreglo antes del 22 de mayo”, afirman. Al respecto, analistas internacionales señalan que Argentina “perdió un tiempo precioso” y evalúan que ningún país debería caer en default por una deuda que representa sólo 20% del PBI.

“Guzmán no aprovechó para hacer una oferta razonable cuando se estaban cayendo los títulos argentinos ante la incertidumbre por el cambio de gobierno”, sostienen especialistas en mercados. “Tampoco sacó ventaja del derrumbe de los mercados tras la irrupción del coronavirus, siempre se mantuvo inflexible y no tomó en cuenta otras posibilidades”, señalan.

El mal vínculo entre acreedores y el titular del Palacio de Hacienda llevó a que representantes de los bonistas buscaran otros interlocutores dentro del gobierno. Por esta razón fue que Alberto Fernández tuvo que salir a ratificarlo como “único” negociador.

La tensión se acentuó, comentan, tras la insólita difusión por parte del Ministerio de Economía de la propuesta elevada de manera reservada por el fondo de inversión Black Rock.

Es más, se dice que hace una par de semanas los bonistas querían hacer llegar una contrapropuesta pero no “encontraron un interlocutor confiable”.

Puertas adentro del equipo del Palacio de Hacienda también hay diferencias. Lisandro Cleri dejará de comandar la Unidad para la Reestructuración de la Deuda en moneda extranjera, según pudo confirmar Ámbito.

Su salida se vincula a las diferencias que tiene con el secretario de Finanzas, Diego Bastourre. La renuncia también se relaciona a la falta de recepción de sus iniciativas por parte del ministro Guzmán, según deslizan en los pasillos del Ministerio de Ecónoma.

 

Fracaso

 

La estrategia de Guzmán en la negociación de la deuda no tuvo el resultado esperado. En este contexto, no parece casual que el presidente Fernández haya sido el primero en señalar públicamente que las “negociaciones siguen”, ratificando que tendrá la última palabra al momento de cerrar la restructuración.

En el escaso tiempo que media hasta el 22 de mayo, tanto el país como los bonistas intentarán llegar a un acuerdo ya que el default parecería no convenirle a nadie (salvo los fondos “buitre”).

El problema es que, si para esa fecha no existiera al menos un principio de acuerdo, el gobierno se vería ante la disyuntiva de caer en default o tener que pagar 500 millones de dólares por vencimientos de los bonos globales en momentos en que las reservas escasean –las divisas líquidas rondarían los 11 mil millones de dólares–.

La economía caería esta año cerca del 7% según el relevamiento de expectativas de mercado (REM), pero esta retracción sería mayor en caso de ir al default según coinciden los economistas. De ahí que en medios empresarios se cifre la expectativa que, aunque mas no sea a último momento, el propio Alberto Fernández termine encontrando una salida para la renegociación de la deuda.