El Gobierno anunció el envío formal al Congreso de sus primeros tres proyectos de ley vinculados a la política exterior: la creación del Consejo Malvinas, el aumento de sanciones para la pesca ilegal y el nuevo mapa de la Argentina con la ampliación de la plataforma continental, tal como había anunciado el presidente Alberto Fernández el pasado 1 de marzo durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Aunque se esperaba la presentación formal en un acto en la Quinta de Olivos con motivo del Día de la Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, el anuncio mutó primero a un mensaje grabado y, finalmente, a un comunicado oficial de Presidencia.

"Trabajaremos incansablemente para potenciar el legítimo e imprescriptible reclamo por la soberanía”, había afirmado el Presidente ante la asamblea legislativa cuando señaló que “para esta tarea no alcanza el mandato de un Presidente, o de un Gobierno: exige una política de Estado, de mediano y largo plazo”. El canciller Felipe Solá y el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de Cancillería, Daniel Filmus, presentaron las iniciativas por la tarde en la Quinta de Olivos junto al subsecretario de Pesca, Carlos Liberman,

Solá sostuvo que los tres proyectos “tienen como objetivo fortalecer nuestra presencia soberana, nuestra actividad económica y promover la memoria con hechos concretos, por los héroes de Malvinas y por otros que dieron la vida en la Antártida”. Desde el ministerio que comanda se trabajó a lo largo de estos meses. Los tres proyectos , ya firmados, provienen del Ejecutivo, pese a que había ya algunos vinculados a estas temáticas a cargo de legisladores, como el de la ampliación de la plataforma continental con la firma de la senadora Norma Durango.

Los tres proyectos “tienen como objetivo fortalecer nuestra presencia soberana, nuestra actividad económica y promover la memoria con hechos concretos", dijo Felipe Solá

Acorde a la letra del “proyecto de ley sobre la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina” que enviará el Ejecutivo, el objetivo es "consolidar los derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo" en línea con una política de estado en la que se trabaja en el marco de las Naciones Unidas y a lo largo de varias administraciones. La presentación argentina tuvo lugar el 21 de abril de 2009 con el propósito de demarcar el límite exterior de la plataforma continental más allá de las 200 millas.

"La adopción de la ley y la publicación de las coordenadas de la plataforma continental argentina incrementarán la seguridad jurídica para el otorgamiento de concesiones que tengan como finalidad la exploración y explotación de hidrocarburos, minerales y especies sedentarias para todo el Pueblo Argentino y las generaciones futuras", asegura el proyecto. Explica que "se han obtenido datos inéditos para el conocimiento del margen continental argentino, con el fin de que el trazado de ese límite sea el más beneficioso para el país respetando las fórmulas y restricciones previstas en la normativa internacional".

Por supuesto que dicho rediseño impacta directamente en el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas: "La inclusión de los puntos que refieren a la demarcación de la plataforma continental proveniente de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur en el proyecto de Ley resulta imprescindible, y la eventual sanción de esta ley constituirá —ni más ni menos que— un nuevo acto de reafirmación de los derechos soberanos argentinos sobre tales áreas". El Gobierno reitera que tales derechos son inherentes, por el carácter ribereño del estado argentino, y no sujetos a su ejercicio efectivo.

"La adopción de la ley y la publicación de las coordenadas de la plataforma continental argentina incrementarán la seguridad jurídica para el otorgamiento de concesiones" 

A lo largo de sus fundamentos, la iniciativa hace un racconto de dos décadas de trabajo por parte de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (Copla), creada por ley N° 24.815 para nuclear al equipo científico, técnico y jurídico interministerial bajo la órbita de Cancillería—. El 11 de marzo de 2016, primero, y el 17 del mismo mes de 2017, luego, la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) de la ONU adoptó por consenso las recomendaciones sobre la presentación que hizo el país en 2009.

"Queda, de esta manera, finalizado el análisis de todos los puntos del límite exterior de la plataforma continental argentina a excepción de aquellas zonas sujetas a una disputa de soberanía con el Reino Unido, así como el sector que está regido por el Tratado Antártico", aclara la iniciativa.

Muy relacionado con este proyecto destaca la modificación al régimen de sanciones que fija la Ley 24.922 a la pesca ilegal en aguas argentinas, en base a montos de 1997, con una posterior actualización a los once años, que quedó muy lejos de desalentar su práctica. El proyecto busca no solo actualizar las multas sino también endurecerlas en base a unidades de valor relacionadas al monto del combustible —contemplando su actualización— y la restitución de los gastos del Estado.

"La pesca ilegal representa una de las mayores problemáticas para la sostenibilidad de los recursos pesqueros de nuestro país a corto, mediano y largo plazo —asevera el Ejecutivo—. Dicha problemática se da en muchos casos por buques extranjeros que depredan nuestros mares en forma ilegal." Al igual que la extensión de la plataforma, esta reforma reivindica el reclamo de soberanía sobre las islas y sus recursos, al punto tal de aclarar que "el régimen es aplicable a todos los espacios marítimos argentinos, por lo que contribuye a afianzar la soberanía en las zonas en disputa".

Se escuda, además, en el cumplimiento de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU que fija este año como límite para que los Estados reglamenten eficazmente la explotación pesquera para poner fin a la práctica excesiva, ilegal, no declarada y no reglamentada. "Existe una vasta gama de intereses nacionales en juego, los cuales además deben apreciarse a la luz de la existencia de la disputa de soberanía con el Reino Unido por nuestras Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur y los espacios marítimos circundantes, dado que dicho país continúa otorgando ilegítimas licencias de pesca en el área de Malvinas persistiendo en la ejecución de actos unilaterales, ignorando sistemáticamente el mandato de la Organización de las Naciones Unidas", acusa la norma.

"Existe una vasta gama de intereses nacionales en juego, los cuales además deben apreciarse a la luz de la existencia de la disputa de soberanía con el Reino Unido"

Por último, la creación de un "Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes" aspira a "constituir un espacio plural en el máximo nivel institucional, que diseñe y proyecte estrategias a mediano y largo plazo en el plano nacional, regional y global" y con una conformación "multipartidaria", que comprenda a distintos sectores sociales vinculados a la temática con el fin de forjar consensos políticos y sociales más allá de los cambios de gobierno. Parte de sus fines será también la proyección de estas ideas en el marco nacional e internacional con la participación de sus miembros en reuniones y seminarios referidos a la Cuestión Malvinas, en Argentina y el exterior.

Dicho consejo estará integrado por el o la Presidente/a de la Nación, el o la canciller y el o la secretario/a de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur (SEMAS) —a cargo de la coordinación técnica, por parte del Ejecutivo. Además, habrá un legisladores por cada uno de los tres bloques con mayor representación parlamentaria de Diputados y Senadores y el gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Y por último, incluirá a dos especialistas en Derecho Internacional, tres representantes del sector académico y científico con trayectoria en la materia y un representante de los excombatientes de Malvinas. Estos últimos seis miembros permanecerán en funciones por cinco años, con la opción de ser reelegidos. Todas las labores serán "ad honorem".