El Gobierno va por el edificio del CIEU: 300 alumnos se podrían quedar sin escuela

La Gobernadora declaró lesivo para el interés público el contrato de comodato gratuito mediante el que se cedió el uso del edifico que alberga al Colegio Integral de Educación Ushuaia a la Fundación de la Universidad Tecnológica Nacional. Se ordenó a la Fiscalía de Estado que impulse la declaración judicial de nulidad del instrumento. Con esta decisión se busca lograr la restitución del inmueble o el cobro de un canon a valores locativos del mercado. El colegio cuenta en la actualidad con una matrícula de 300 alumnos.
La gobernadora Fabiana Ríos declaró lesivo para el interés público el decreto 175/04, rubricado por el ex gobernador Carlos Manfredotti, mediante el que se había ratificado el contrato de comodato gratuito entre el Fondo Residual y la Fundación de la Unidad Académica Río Grande de la Universidad Tecnológica Nacional para el uso por 15 años del edificio que alberga al Colegio de Educación Integral Ushuaia.

Además, el Ejecutivo instruyó al Fiscal de Estado para que inicie las acciones legales pertinentes, a efectos de lograr la declaración judicial de nulidad de la mencionada norma. La disposición fue adoptada el pasado miércoles 25 de noviembre a través del dictado del decreto 2744/09, que fue publicado en el Boletín Oficial del 2 de diciembre.

En el considerando de ese decreto se menciona que el Administrador del Fondo Residual "realizó una serie de consideraciones sobre el particular, señalando que el contrato de comodato de autos, excede el objeto que posee el Fondo Residual Ley Provincial Nº 478, concluyendo que es necesario contar nuevamente con el inmueble, lo que amerita requerir al comodatario la restitución de la cosa, o en su caso que se obligue a pagar un canon por el plazo que resta de vigencia del contrato, a valores locativos del mercado".

Se argumenta que el objeto del "Fondo Residual consiste en la administración y realización en cualquiera de las figuras legales vigentes, de los bienes muebles e inmuebles, y de los créditos eventuales y contingentes que asuma como propios el Estado Provincial, representado por el Poder Ejecutivo Provincial, conforme a la Ley Provincial Nº478, como así también los bienes de propiedad de la Provincia y de sus entes autárquicos y descentralizados que permitan a aquella la cancelación de las obligaciones asumidas con el IPAUSS", por lo que "realizar actos que nada tengan que ver con el objeto del Fondo Residual atentaría contra el espíritu de la ley de creación del mismo". Se agrega que en el caso en cuestión "se suscribió un contrato de comodato cuya principal características es la gratuidad del mismo, y si el objeto del Fondo Residual es la cancelación de la deuda asumida con el IPAUSS, otorgándole para ello distintas facultades y luego se celebra un contrato de título gratuito, existe un evidente incumplimiento de la norma".

De allí se desprende que una vez recuperado el inmueble, éste tampoco podrá ser afectado por el Estado a fines educativos, a pesar de lo cual, y a pesar del notorio déficit edilicio que existe en el sector, la Provincia deberá garantizar la matrícula de los alumnos que cursan sus estudios secundarios en el CIEU.

300 alumnos en riesgo

Si bien el decreto 2744/09 ordena notificar la decisión a la Fundación de la Unidad Académica Río Grande de la Universidad Tecnológica Nacional, su aseguró que al día de ayer no habían recibido comunicación alguna que los impusiera de la determinación adoptada por el Poder Ejecutivo.

Mario Ferreyra se mostró profundamente sorprendido por la decisión, sobre todo por el momento del año en que se decidió adoptarla, por cuanto ya está en ciernes el ciclo lectivo del próximo año, y la posibilidad de no poder contar para 2010 con el edificio que alberga al CIEU obligaría, lisa y llanamente, a cerrar las puertas del establecimiento educativo que atiende una matrícula de 300 alumnos, ya que sostuvo que para la Fundación resulta imposible afrontar el pago de un canon a valores "locativos de mercado".

El titular de la FUNDATEC Río Grande precisó que una vez recibida la notificación de la declaración de lesividad y de la demanda judicial, se presentarán ante la Justicia para formular los descargos pertinentes y solicitar la restitución de los fondos invertidos para acondicionar el inmueble para que pudiera funcionar como escuela.

El contrato contra el que va el Ejecutivo

El 30 de diciembre de 2003, el por entonces ministro de Economía de la Provincia Héctor Cardozo firmó con Mario Ferreira, en su carácter de presidente de la FUNDATEC Río Grande, un contrato de comodato mediante el cual se cedió el uso, por 15 años y a título gratuito, del inmueble ubicado en la avenida Perito Moreno 1415, de Ushuaia. El edificio de la ex Videus había sido transferido al Fondo Residual como parte del paquete de cartera morosa del BTF.

En ese instrumento se determinó la Fundación se comprometía a darle al inmueble como único fin el de Institución Educativa, y que se haría cargo de los gastos por luz, agua, teléfono, como así los impuestos y tasas durante todo el tiempo que ocupe el inmueble.

El 8 de enero de 2004, el gobernador Carlos Manfredotti ratificó, mediante decreto 175/04, el Contrato de Comodato.

Desde aquel entonces transcurrieron más de 5 años y casi 2 desde que Fabiana Ríos asumiera al frente del Poder Ejecutivo, sin que el Gobierno objetara el contrato.

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