El Gobierno y EDECAT, blancos de duras críticas de los usuarios

Una consultora contratada por el ENRE consideró "desequilibrado" el ajuste reclamado por la firma. De todas maneras, se daría la suba en febrero.
La audiencia en la que se analizó el ajuste tarifario pedido por EDECAT fue el escenario para que distintas entidades de usuarios, sindicalistas y legisladores apuntaran contra el Gobierno y la distribuidora, en el marco de una de las peores crisis de servicio que se recuerde. Los cuestionamientos giraron en torno a la mala calidad del servicio, la falta de inversiones, el colapso de la red, pero también a falta de previsiones de la Provincia para afrontar un contexto como el actual y hasta la política de gestión de los directores-interventores nombrados por el gobernador Eduardo Brizuela del Moral en la firma.

Todas las voces salieron al cruce de la pretensión de la empresa de lograr una recomposición de costos de entre el 75 y el 140 por ciento, como una manera de afrontar el fuerte déficit que arrastra.

EDECAT fundamentó en primer término el requerimiento, al argumentar los mayores gastos que tuvo y la falta de actualización tarifaria. Entre otras cosas, dijo que debe costear el aumento de insumos, el mantenimiento de líneas rurales y la generación aislada.

Los porcentajes pedidos por la firma impactarían especialmente en los usuarios domiciliarios, comerciales y en las pequeñas demandas.

Sin embargo, los valores fueron objetados por la consultora contratada por el ENRE (uno de cuyos integrantes es Julio Molina, ex directivo del organismo de contralor), que aunque reconoció la necesidad de mejorar los ingresos de la empresa, consideró "fuera de foco y desequilibrada" la pretensión de EDECAT. De esta manera, presentó lo que consideraba era una recomposición adecuada, sensiblemente inferior a la que pidió la distribuidora (ver comparación).

Posteriormente, los representantes de las entidades participantes expusieron sus cuestionamientos a distintos aspectos de la operación de la empresa (ver Voces...), rechazando un aumento en la tarifa. Sólo la Unión Industrial y la Asolcat, que agrupa a los olivícolas, aceptaron un ajuste, pero en los porcentajes previstos por el ENRE.

El ente ya adelantó que, más allá de atender lo expuesto en la audiencia, otorgará el aumento de costos, que podría ser de un 30% en promedio. Éste se realizaría a partir de febrero.

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