Lentamente, tanto en la Nación como en la provincia de Buenos Aires, se comienza a hablar de los acreedores “friendly” y de los “complicados”. Los primeros son aquellos que según los contactos que se mantienen casi diariamente (además de en el mayor secreto) están más cerca de arrimar posiciones y eventualmente cerrar un acuerdo de pago con quita de intereses pero no de capital, y con un período de gracia.

Entre otros, se anotan en este listado fondos como el Templeton, que en los últimos cuatro años, y con pérdidas millonarias, aceptaron participar en varias de las colocaciones de deuda (en divisas y en pesos) durante la gestión de Luis Caputo como ministro de Finanzas del Gobierno anterior. Se suman además al listado “friendly” varios de los bancos internacionales más importantes, muchos de los cuales también operaron durante el Gobierno anterior (especialmente en los primeros dos años cuando Alfonso Prat Gay era el ministro de Hacienda y Finanzas).

La mayoría son viejos conocidos de Alberto Fernández. En marzo del año pasado, cuando el ahora Presidente era un embajador de buena fe de Cristina de Kirchner en sus contactos con los acreedores tuvo reuniones para asegurarles que la deuda sería reconocida y que, eventualmente, habría una renegociación de buena fe. Las reuniones se realizaron en las oficinas porteñas de uno de los brokers más importantes del país e incluyeron a Templeton, la casa de inversiones estrella que había llegado al país en el peor momento de la crisis durante 2018, apostó al Bote y que calcula pérdidas que superan los u$s1.000 millones. Templeton y los otros interlocutores fueron los que pidieron aquel encuentro, suplicando para que el meeting se mantenga en secreto y en la más absoluta discreción; y comprometiéndose además a no divulgar lo que se dijera en esa oficina del microcentro porteño. Luego de aquellos días, y luego de haber sido el fondo estrella de los tiempos de Luis Caputo, Templeton se convirtió en estos tiempos en uno de los interlocutores más fluidos con el “albertismo”

En el otro bando se encuentran varios fondos de inversión con peso específico propio, y con diferente historial pasado en el país. Entre otros se menciona a Greylock, Fidelity, BlackRock y Rowe Price, más algunas casas de inversión europeas. Todos tienen fuertes posiciones en bonos locales, al punto de poder complicar los planes de alcanzar mayorías sustentables para lograr el 75% de acuerdos, luego de haber acelerado compras de bonos argentinos desde septiembre del año pasado. Esto es, en tiempos en los que el exministro de Economía Hernán Lacunza había lanzado el primer “reperfilamiento” de deuda, abriendo el proceso de alteración del normal cumplimiento de los pagos de los vencimientos de los pasivos tanto de la Nación como de la provincia de Buenos Aires.

Se destacaron en este proceso el Greylock, que aceleró compras de bonos nacionales aprovechando la primera caída pos-Paso del 12 y 13 de agosto de 2019, para avanzar en más posiciones luego del 11 de octubre. En aquellos días, el titular del fondo, Hans Humes, blanqueó su estrategia. En septiembre pasado, en una entrevista para Bloomberg TV, afirmó que valía la pena “comprar los bonos soberanos de Argentina, ya que la Nación tiene problemas de liquidez, pero no de solvencia” y que “si no se está asumiendo una reestructuración de base amplia como en 2005, vale la pena mirar esos activos”. Greuylock es un viejo conocido de la Argentina. Había participado del proceso de bonos argentinos en default por u$s95 millones con un valor nominal de u$s68 millones y era además el segundo acreedor de Impsa, el grupo industrial de la familia Pescarmona.

Greylock tuvo cuatro etapas en su relación de acreedor con el país. La primera fue luego del canje de 2010, cuando fue uno de los pocos impulsores del segundo lanzamiento de reapertura del canje de los títulos en default, durante el Gobierno de Cristina de Kirchner. Luego del fallo en contra del país de Thomas Griessa se sumó al “juicio del siglo”, y le reclamó a la Argentina la totalidad de sus tenencias. Después se sumó a la oferta de abril de 2016 de Alfonso Prat Gay. Finalmente reapareció en el segundo semestre del año pasado comprando deuda local en situación complicada. El caso de Fidelity es similar, pero concentrado en deudas provinciales, especialmente la bonaerense, donde ostenta casi el 17% de las acreencias y está complicando el proceso de canje de Kicillof.

En el medio comienza a aparecer una amenaza. Los últimos precios de algunos títulos, especialmente los de la provincia de Buenos Aires, tienen valores amenazantemente cercanos al interés de los fondos buitre. Inevitablemente estos aparecen cuando las cotizaciones se acercan al 40%, nivel porcentual donde el negocio ya es tractivo, y la apuesta a que el Gobierno de Axel Kicillof primero, y eventualmente también la Nación, no llegarían al 75% de aceptación y caerían en un inevitable default. Y a partir de allí, se abriría la peligrosísima puerta de los juicios contra el país en los tribunales internacionales.