El Gobierno dilata definiciones sobre el régimen penal juvenil

El Gobierno puede enviar recomendaciones puntuales en lugar de remitir un proyecto propio de ley penal juvenil al Congreso Nacional. Sin embargo, la Casa Rosada dilata esa definición, una situación que preocupa al oficialismo parlamentario, sobre todo porque, a 63 días de las elecciones, un nuevo hecho de violencia que involucre a un menor podría acarrear un problema para el kirchnerismo.
La vía de las recomendaciones sobre ciertos puntos de algunos los proyectos que cohabitan en el Congreso (hay once en Diputados y dos en la Cámara de Senadores) parece la elegida, según confiaron fuentes parlamentarias. Pero el Ejecutivo también debe definir cuál de los proyectos respaldará. "Todos son de la misma matriz", coincidieron en decir tanto desde la oposición como desde el oficialismo. Todos ellos apuntan a establecer un régimen especial para jóvenes de entre 14 y 18 años, que respete tanto sus derechos individuales como el de debido proceso, con penas alternativas y la privación de la libertad como último recurso y para delitos graves.

La diferencia está en las penas: se debate si deben ser por franja etaria -por ejemplo de una definida cantidad de años para los menores de entre 14 y 15 y otra mayor para los de 16 a 18-, la forma de los castigos alternativos y el modo en que se incorporan como materia penal los delitos menores.

Para ellos se busca respetar los tratados internacionales a los que la Argentina adhirió y que tienen rango constitucional, como la Convención de los Derechos del Niño. Ese documento sostiene que los juicios deben ser lo más breves posibles y contemplar la prisión como medida última. Hay una opinión unánime: "En un menor la marca es indeleble cuando pasa al servicio penitenciario adulto". Por eso varios legisladores sostienen que "hay que pensar penas en las cuales a los 21 años no se tenga que pasar al menor al servicio penitenciario de adultos, porque se devuelve a la sociedad una personas más agresiva de lo que ingresó".

"Esas razones hacen necesario conocer la posición del Ejecutivo", admitió una legisladora de oposición conocedora de la problemática. El régimen especial reclama un poder judicial acorde: tribunales que puedan resolver en un plazo máximo de tres meses la situación judicial de un menor, de acuerdo con los tratados y con instituciones que logren socializarlo.

Hoy, el ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, quien remitió un anteproyecto de ley a la Cámara baja, concurrirá a la comisión a explicar su posición al respecto. Ya hubo voces de advertencia: "Que Zaffaroni venga para hablar de las penas. No hace falta que venga a explicarnos su posición", dijo un diputado de la oposición.

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