El Gobierno dice que no pondrá fondos para jubilar los jueces

En el Colegio de Magistrados manifestaron que nunca pidieron que el Estado se hiciera cargo de las deudas.
"El Estado Provincial no va a poner ninguna diferencia de aportes. La van a poner quienes opten por el nuevo plan", dijo ayer el gobernador José Luis Gioja al referirse a la posibilidad de que en un hecho inédito una importante cantidad de funcionarios y magistrados provinciales puedan jubilarse con el 82 por ciento móvil. Pero para hacerlo cada uno tiene que pagar la diferencia de aportes desde el 1ro. de enero de 1996 hasta ahora, una cifra considerada muy elevada.

Ante esa situación, el presidente del Foro de Abogados, Carlos Vila, había manifestado que "estamos haciendo una investigación para determinar la certeza de rumores que han llegado al directorio respecto a que los jueces tendrían cuantiosas deudas de aportes. Y habría la intención de que el Estado se haga cargo de esas deudas".

Pero el mandatario provincial negó enfáticamente que el Gobierno vaya a poner fondos para pagar la deuda de aportes de los jueces. Sobre el tema dijo que "no es un privilegio de los jueces sino una cuestión que está en la Constitución y en función de eso y para evitar los numerosos reclamos judiciales que hay en los estrados de la Justicia Federal se llegó a este acuerdo".

Desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales, la vocal María Mónica Lucero dijo que "nunca nadie dijo que el Estado debía hacerse cargo de las deudas por aportes. Lo que se pretende es que la deuda generada pueda ser pagada en plazos razonables".

El pasado 30 de diciembre fue publicado en el Boletín Oficial de la Nación el decreto presidencial que tiene fecha del 22 de diciembre, que aprueba el acta complementaria entre la Provincia de San Juan y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Esa acta habla de que jueces y funcionarios del Poder Judicial de San Juan tendrán 90 días días, que vencen el 22 de marzo, para optar por adherirse a los beneficios jubilatorios de la Ley Nro. 24.018, que establece que podrán jubilarse con el 82 por ciento móvil de lo que percibían en el cargo que ocupaban al momento de la cesación en el servicio. Y de esa forma zafar del tope salarial fijado por ley y reglamentado en los '90 que estableció un techo de unos 3.500 pesos para los jueces jubilados, una cifra muy inferior a los remuneraciones vigentes en la Justicia.

Pero el problema es que, como se trata de un cambio de sistema, los magistrados y funcionarios que quieran jubilarse deberán actualizar sus aportes desde el 1ro de enero de 1996, fecha en que la provincia transfirió a la Nación la Caja de Jubilaciones a la Nación. Durante estos años estuvieron haciendo aportes por una cifra inferior, los 3.500 pesos de tope, pero tienen que pagar la diferencia de aportes hasta el importe del sueldo que cobran en la actualidad. En la Justicia hablan de que hay jueces que deben cifras que rondan entre los 50.000 y los 200.000 pesos. Y para cancelar esa diferencia es que la salida que imaginan en la Corte es un plan de pago que se pueda descontar de la futura jubilación. Pero eso estará sujeto a las futuras negociaciones entre la Corte de Justicia, el Poder Ejecutivo y las autoridades de ANSES.

Sobre la posibilidad de que se venga una avalancha de jueces que quieran retirarse, porque se habla de que hay un 40 por ciento en condiciones de retirarse, el gobernador Gioja dijo que "no creo que vaya a haber una salida de jueces en masa. Vamos a hablar con la propia Corte para que no lo haga y también vamos a aplicar todos los mecanismos institucionales y los que establece la Constitución para hacer el proceso de selección. A mí me parece que lo vamos a hacer lo más normal posible".

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