El Gobierno no devuelve los aportes voluntarios.

Son depósitos extra que realizaban afiliados a las AFJP y que absorbió la Anses en enero, cuando se estatizaron los fondos jubilatorios. Expertos sostienen que el PEN analiza la forma de que de esos fondos se descuente Ganancias.
Cuatro meses han pasado desde la vigencia del Sistema Integrado Provisional Argentino (SIPA), es decir, desde la estatización total de los fondos de las jubilaciones y de las pensiones, impulsada por el gobierno de la presidenta, Cristina Kirchner. Pero un aspecto ha quedado sin ser resuelto: la devolución de los aportes voluntarios que realizaban los afiliados al sistema de capitalización; o sea, a las AFJP.

El artículo 6 de la Ley 24.645 establece que los afiliados al sistema de jubilación privada (actualmente ya todos están en reparto) cuentan con la posibilidad de transferir esos depósitos voluntarios a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para mejorar su aporte previsional. Pero nada menciona ese artículo respecto de que cómo será ese supuesto beneficio.

Funcionarios nacionales han deslizado que cuando se reglamente esa disposición se dará la posibilidad a esos afiliados de recuperar en efectivo esos fondos, o bien, la de transferirlos a compañías privadas, en carácter de seguros de retiro.

No obstante, hasta ahora no hay nada y se calcula que a cientos de tucumanos (no hay un registro oficial sobre la cantidad) les retienen decenas de miles de pesos sin que estos sepan qué va a ocurrir con su dinero. Mientras, el Gobierno pone en marcha millonarios planes de obras y de créditos, entre otros, con fondos que ahora maneja la Anses.

José Páez, abogado especialista en temas previsionales, confirmó que el Estado no ha cumplido, pese a que esos aportes deben ser reintegrados, según considera, a cada ex afiliado a una AFJP. Al respecto sugirió dos acciones:

• Efectuar el reclamo administrativo ante la Anses, en la oficina de Tucumán (25 de Mayo y Córdoba), dirigido a la Anses central.

• En el caso de no obtener respuestas favorables, iniciar la acción judicial ante la Justicia Federal, cuyos tribunales se encuentran en Las Piedras y Congreso.

"Me entrevisté con un grupo de ex afiliados que me consultaron sobre el tema, y efectivamente no han devuelto esos fondos. Son varias decenas de miles de pesos que pueden haber sido aportados por cada afiliado", dijo Páez.

A su vez, María Teresa Apud de Giuliano, experta previsional, comentó que los aportes jubilatorios mayormente fueron realizados por afiliados con salarios altos (superiores a $ 8.700; valor actual), un poco para resguardarse y también con el objetivo de eludir el pago del impuesto a las Ganancias. "El Gobierno nacional está evaluando la forma de reglamentar este aspecto, pero quiere que les paguen Ganancias. El problema es que, según trascendidos, aspira a que les paguen la tasa máxima, del 33% de esos aportes", comentó. La especialista dijo que la segunda opción que se baraja es la que figura en la Ley 26.425:?que se reconozca un mejor haber jubilatorio: en vez del actual 50% del promedio de los últimos 120 meses de aportes, un 60% o un 70%. "La tercera opción es que esos fondos puedan ser transferidos por cada ex afiliado a una AFJP a compañías de seguro, como seguros de retiro. El tema es que, en estos dos últimos casos, estarían exentos de pagar Ganancias, que es lo que no quiere el Gobierno", explicó.

Apud de Giuliano afirmó que conviene esperar. "Nada está claro hasta el momento", aseveró.

La demora ha dado lugar ya a tres medidas cautelares en contra del Estado

La demora en la reglamentación del artículo 6 de la ley que crea el SIPA ha dado origen a tres fallos (cautelares), que obligaron al Estado a depositar los aportes voluntarios en cuentas bancarias.

• El Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nº 10, a cargo de la jueza María Emilia Postolovka, en dos causas, ordenó que esos fondos sean depositados en cuentas bancarias (plazo fijos), consignó El Cronista Comercial. Son cautelares, de modo que regirán hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

• La jueza Elvira Muleiro, a cargo del Juzgado Nº 5 de Primera Instancia de la Seguridad Social, en la causa iniciada por Gisela Scorri, ordenó a la Anses que devuelva el saldo en la cuenta de la afiliada, más los intereses al momento en que se dictó la Ley 26.425. En este caso, la jueza se expidió sobre la inconstitucionalidad de la norma. El fundamento de la magistrada en su fallo es que, si bien el Congreso puede modificar la legislación previsional, no está facultado para arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido bajo el amparo de la legislación anterior. Agregó que el aporte es una propiedad de quien lo efectúa y que no puede arrebatárselo ni dársele otro destino sin el consentimiento del interesado. Muleiro sostuvo este argumento en la respuesta que el Estado argentino le dio al juez estadounidense Thomas Griesa, en la causa de embargo de los fondos de las AFJP. Entonces, el Gobierno sostuvo que esos fondos no pertenecen al Estado, sino que son destinados al pago de los beneficios de la Seguridad Social.

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