Tal como planteó el proyecto de ley del Ejecutivo, para pagar los juicios a los jubilados y actualizar sus haberes, el Gobierno estima que tendrá que destinar unos u$s 20.000 millones en los próximos cinco años del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSeS. La mitad se pagaría con la renta del fondo y el resto vendiendo algunos de sus activos.

El Ejecutivo todavía negocia en el Congreso el apoyo legislativo para poder manejar el FGS con un criterio más de mercado, y hoy espera obtener dictamen. Frente a las posiciones más duras contra la venta de acciones, los técnicos que trabajaron en la confección del proyecto podrían ofrecer que la tenencia de acciones tenga un piso del 10% (y un techo del 50%), pero puedan cambiar su composición. Y buscarán rebalancear las inversiones en proyectos productivos.

Si se aprueba la ley, se prevé empezar a financiar los pagos usando la renta del FGS (por cupones y dividendos) en los primeros 18 a 24 meses, unos u$s 5000 millones anuales o u$s 10.000 millones en 2016 y 2017, según indicaron fuentes oficiales.

Proyectan que el FGS rendirá a octubre de 2016 hasta un 10% anual en dólares. Luego, entienden que el FGS deberá vender activos para abonar los otros u$s 10.000 millones.La idea es reinvertir las amortizaciones de capital que generan los bonos que tiene el fondo, otros $ 70.000 millones. Pero al cabo de los cinco años, el FGS, que hoy cuenta con unos u$s 50.000 millones, quedará reducido.

El Gobierno estima que los acuerdos con los jubilados (unos $ 55.000 millones que se pagarán 50% en efectivo y la otra mitad en tres años) comenzarían a hacerse efectivos en noviembre próximo. En tanto, el margen de actualización de los haberes de estos jubilados es un flujo de $ 75.000 millones anuales que se estima durará de diez a 15 años.

El proyecto oficial pide al Congreso que derogue las trabas que le impide manejar el portafolio de acciones con libertad y evitar que la cartera quede congelada con las preferencias que tenían las AFJP en 2008, cuando se traspasaron los activos al FGS.

Por ejemplo, esas trabas obligan al FGS a mantener dos acciones fuera del régimen de oferta pública (Distribuidora Gas Cuyana y Socotherm); no poder participar de la actuales ofertas públicas de Telecom, Petrobras y Solvay Indupa, o aprovechar las salidas a Bolsa de Havanna o el Grupo Supervielle.

Además, consideran que el FGS tiene una alta concentración en determinadas acciones, como las del Banco Macro y Telecom, entre otras. Y que la inmovilidad en la salida de ANSeS le quita liquidez a un mercado que podría aprovechar el ingreso del país al índice de economías emergentes.

Si obtienen el aval legislativo, la venta de las acciones se haría por oferta pública, no con un acuerdo privado con cada empresa, por lo que se estima que el proceso podría demorar seis meses por cada acción.

Además, los funcionarios entienden que el FGS debería tener un rol definido, y que hasta ahora las inversiones estuvieron sujetas a la discrecionalidad del poder político (como la venta de títulos públicos para contener el tipo de cambio).

Ese cambio de rol implica rebalancear también las inversiones en infraestructura, hoy excesivas en determinados proyectos. La nueva ley permitiría que esos activos alcancen del 5% al 50% de la cartera. Y la idea del Gobierno es fondear proyectos que no se harían sin el respaldo estatal, con instrumentos que tengan liquidez y que permitirían aumentar la tasa de crecimiento potencial de la economía.

Además, se considera hoy al FGS como un gran fondo de deuda soberana, ya que un 70% a 75% está invertido en títulos del Gobierno directa o indirectamente a través de fondos comunes de inversión. Y otro 10% adicional, debido a las inversiones en infraestructura con garantía estatal. Pero en los próximos dos años seguirá asistiendo al Tesoro.