"El día viernes recibimos un oficio de la policía provincial informándonos que un ciudadano había hecho una denuncia porque un inmueble que este ciudadano afirma es de su propiedad, aparecía con un cartel de venta y un teléfono publicado en ese cartel, como estamos acostumbrados a ver" indicó el ministro.

Agregó que "El señor ve el cartel, hace los contactos pertinentes, se inicia la investigación, con el teléfono que figuraba en el cartel, la persona con la que habla, dice que ese terreno estaba en una operación, y le ofrecen otro en venta, de manera que se acuerda con esta persona realizar esta operación, y que la persona que estaría ofreciendo en venta ese inmueble era un funcionario del gobierno de la provincia".

Relató el titular del ministerio de Gobierno que "Realizada la actuación policial, determinan que esta persona que aparece ofreciendo, sería el titular del Registro de la Propiedad e Inmueble, por lo tanto de inmediato realizamos un sumario administrativo para deslindar cualquier tipo de responsabilidad administrativa y se ordenó el desplazamiento de esta persona de la titularidad del organismo al escribano (Andrés) Duarte".

Enfatizó que "Para preservar cualquier tipo de situación ordeno, clausurar el despacho de este funcionario, con la colocación de fajas de seguridad, para resguardar la documentación que se encuentra allí adentro. El día lunes ya con la persona que pusimos a cargo de la Dirección del Registro, escribana Sian, en su presencia, invitamos a la policía de la provincia, que lleva adelante la investigación a que realice una observación, un análisis del despacho, y una vez que se realizó eso, se habilitó de nuevo la oficina para el cumplimiento de las funciones pertinentes".

Sobre el escribano Duarte, dijo que "Procesalmente está en una causa por ante el juzgado de instrucción del doctor Rubén Spessot, y en un sumario administrativo ante la provincia. La justicia dirimirá las responsabilidades penales, y el sumario administrativo si existieran responsabilidades en su faz como funcionario".

Aclaró González que "No está cuestionado el registro como tal, que tiene controles que permiten el monitoreo permanente, lo que está cuestionada es la conducta particular de una persona que trabaja en ese ámbito".