Martin Piqué.

El anuncio tan esperado del gobierno ratificó lo que se venía comentando desde hace días. Tiempo Argentino lo había anticipado el sábado. Ayer, al cumplirse la octava jornada del conflicto con gendarmes y prefectos, el Ejecutivo aseguró que en la próxima liquidación de sueldos, la correspondiente a octubre, se verá beneficiada "la inmensa mayoría del personal" de ambas fuerzas. "Van a ver incrementados sus haberes. Sólo aquellos que cobraban sumas exorbitantes, que son el 2 o el 3%, verán disminuidos sus salarios", comunicó el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, en rueda de prensa. Acompañado por el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, Abal Medina subrayó que el reclamo central de los uniformados –un salario básico de 7000 pesos netos en el bolsillo– es de cumplimiento imposible para el Estado Nacional. "Es imposible ofrecer un básico de 7000 pesos en cualquier área pública", remarcó.

El mensaje de Abal Medina y Lorenzino produjo descontento entre los efectivos que siguen manifestándose en los edificios Centinela y Guardacostas. La primera reacción de los gendarmes, difundida por el presunto vocero de la protesta, Raúl Maza, fue advertir que los miembros de la fuerza abandonarían "el 50% de los puestos" que la Gendarmería ocupa a lo largo del país. El clima también era de fastidio entre los miembros de Prefectura. "No nos vamos nada, que nos echen a patadas", coreó por la tarde un grupo de prefectos sobre la Avenida Eduardo Madero. Pasadas las 20, tras debatirlo en la calle, un grupo de gendarmes comenzó a marchar hacia la Plaza de Mayo. Otros prefirieron desconcentrarse. La protesta frente a la Casa Rosada duró menos de dos horas.

Abal Medina y Lorenzino denunciaron "el desquicio administrativo" en el pago de los sueldos. "El desquicio tiene la lógica de connivencia entre algunos abogados, algunos jueces y algunos elementos de las fuerzas", advirtió el ministro de Economía. Los funcionarios informaron sobre la presentación de una denuncia penal, por parte del Ministerio de Seguridad, contra "algunos prefectos, gendarmes y jueces". La denuncia, que fuentes judiciales facilitaron a Tiempo, lleva la firma de la secretaria de Cooperación con los Poderes Judiciales de la cartera, Cristina Caamaño, y el subsecretario de Asuntos Jurídicos del ministerio, Esteban Rosa Alves.

La demanda apela a las figuras penales de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública", "tráfico de influencias" y "violación de los deberes de funcionario público". El escrito solicita que se investigue a Héctor Schenone y Juan Obdulio Sainz, ex director y subdirector de Gendarmería, a cinco miembros del Servicio de Administración Financiera –entre ellos su actual director, el comandante Oscar Guidone– y a cuatro integrantes del área jurídica, incluyendo a su responsable en funciones, comandante mayor Raúl Tabocchini. Se sospecha que los mencionados pudieron haber incurrido en connivencia dolosa con estudios jurídicos y algunos jueces para resolver, en perjuicio del Estado, una serie muy numerosa de medidas cautelares por reclamos salariales.

En sus 26 fojas, la denuncia describe la operatoria irregular de las áreas financiera y jurídica de la Gendarmería: la mecánica apuntaba a seguir liquidando los haberes de los efectivos desconociendo a la jurisprudencia establecida por el fallo "Zanotti" de la Corte Suprema de Justicia. La sentencia establecía "criterios razonables" para el cálculo de los salarios, que debían ser análogos a los que se aplican en el resto del sector público. Pese a ello, los cargos jerárquicos de la Gendarmería mantuvieron un sistema de liquidación de sueldos que hacía caso omiso a lo establecido por la Corte: siguieron depositando los haberes "judicializados" (ver aparte). Eso hacía posible recibir salarios con una diferencia adicional del 800% respecto a lo percibido en 2005. Según la denuncia penal firmada por Caamaño, las autoridades de la Gendarmería continuaron pagando 12 mil salarios "judicializados" contra las recomendaciones del máximo tribunal.

Según los datos del Ministerio de Seguridad, mencionados en la denuncia, algunos jueces formaban parte de una fábrica de cautelares en serie. En un el juzgado de Santo Tomé (Corrientes), por caso, están registrados unos 6500 peticionantes. En ciertos juzgados, las medidas cautelares se siguieron pagando a pesar de que se habían dictado fallos de alzada (de Cámara o de la propia Corte) que revocaban esos beneficios. El rol de los jueces, de hecho, ocupó un largo párrafo en la rueda de prensa de Abal Medina y Lorenzino. "De las 7862 causas de activos, el 68% del total de las causas ha recaído en un juzgado de Río Gallegos. Eso generó un descalabro", cuestionó el ministro de Economía. El jefe de Gabinete responsabilizó con nombre y apellido. "Se llama Ana Álvarez, es jueza subrogante que está casada con un comodoro Estrella. Y es nuera de otro comodoro que está imputado por delitos de lesa humanidad", deslizó Abal. La jueza dijo que las imputaciones eran "absoluta mentira".

Abal Medina también dedicó un párrafo a los pases a disponibilidad que afectaron a algunos voceros de la protesta. "Nadie va a ser sancionado por reclamar", aseguró. Luego explicó que las sanciones –que no significan un retiro de la fuerza pero sí pueden ser un primer paso– se debieron a casos puntuales, como el ataque a uno de los altos mandos de la Prefectura (por el prefecto general Norberto Venerini), o el intento de "retener por espacio de dos horas al ministro de Economía". «

Juez bajo investigación

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) inició una investigación sobre el juez subrogante de la localidad formoseña de El Colorado, Jorge Sabino Zaracho, quien a principios de año hizo lugar a 43 medidas cautelares de orden remunerativo que beneficiaron a más de 11 mil gendarmes. Por esta acción, informaron fuentes judiciales, la Procuración del Tesoro de la Nación realizó una denuncia ante la justicia de Formosa, tras lo cual el STJ inició un sumario administrativo interno y a la vez anunció la conformación de un jury de enjuiciamiento.

Los hechos que se investigan se originaron en el Juzgado Civil y Comercial que subroga Zaracho, donde se presentaron 43 recursos de amparo reclamando a Nación que abone a 11 mil integrantes de Gendarmería haberes y adicionales presuntamente mal liquidados. En este marco, el magistrado ordenó al Estado Nacional que abone las sumas reclamadas por los integrantes de la fuerza de seguridad.

Telam

Toma

En Chubut

Un grupo de policías sancionados por un reclamo salarial tomó ayer por la mañana las instalaciones del sector finanzas de la fuerza y amenazó con quemar toda la documentación del lugar si los desalojaban.