El Gobierno denunciará a todos los que corten las rutas en Misiones

La decisión oficial fue difundida por el ministro de Gobierno. Es porque pretenden asegurar la libre circulación de ciudadanos

POSADAS. Los controvertidos piquetes en las rutas como forma de protesta serán denunciados en todos los casos por el Gobierno de la provincia. Así lo aseguró el ministro Jorge Franco en oportunidad de reunirse el pasado jueves con los comerciantes de Eldorado.

Franco había presentado días antes una denuncia penal en el Juzgado Federal de Eldorado, contra Rubén Ortiz, gremialista quien fuera detenido por Gendarmería Nacional en el marco de las protestas de los tareferos en Montecarlo en febrero pasado.

La presentación fue radicada en su carácter de ministro de Gobierno de la Provincia y el funcionario aseguró que mantendrá dicha postura en caso de suceder otros bloqueos similares.

“Pueden realizar todas las protestas que quieran, pero al costado de las rutas, sin interrumpir el tránsito”, advirtió el funcionario provincial.

Aseguró que es una decisión del Gobierno para evitar esta manera de manifestarse.

“Cuando me presenté en el Juzgado me enteré que el ministro había hecho una denuncia penal contra mí por el corte de ruta. Esto confirma que detrás de mi detención y de todo el proceso hay una persecución política”, había dicho Ortiz.

Agregó que “con esto se confirma lo que había adelantado la intendente de Montecarlo cuando estaba vigente la protesta, que nos dijo que el Gobierno de la provincia tenía pensado tomar medidas legales contra quienes nos manifestábamos en la ruta”.

Esta causa en particular, se desarrolla en el Juzgado Federal de Eldorado, a cargo del juez Mario Hachiro Doi, desde el 5 de febrero pasado.

Mientras que desde el Movimiento Social de Misiones sostienen que el accionar del funcionario “explicita que la criminalización de la protesta social es la política del Estado misionero para responder los reclamos sociales básicos como el de alimentación, el trabajo y la educación”. El mismo magistrado también lleva adelante otras causas por similares formas de protestas. “Ninguna ruta ni provincial ni nacional, debería cortarse”, había expresado el juez Doi.

Jurídicamente, la situación genera posiciones opuestas. Se trata de un tema complejo, pues se encuentran enfrentados dos derechos de la misma jerarquía. Por un lado, el derecho de reunión, protesta, de peticionar a las autoridades, y, por el otro, el derecho de libre tránsito.

Desde el punto de vista jurídico, los abogados del foro local coinciden en que la protesta está protegida constitucionalmente, así como el derecho de reunión y el derecho de huelga. A su vez, el Código Penal establece sanciones a quien “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas” y establece penas de prisión “de tres meses a dos años”.

Un trabajo de investigación realizado por el Centro de Estudios Nueva Mayoría, a cargo del investigador Rodrigo Mallea, muestra que el nivel de piquetes aumentó en rutas en los últimos años.

“Con 5.608 cortes de rutas y vías públicas, durante el 2008 en el país se registró la mayor cantidad de cortes desde 1997”, aseguran.

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