El Gobierno delega toda denuncia en la Justicia

Regino Amado señaló que depende de los beneficiarios afectados por prácticas clientelares efectuar las denuncias correspondientes. "El Ejecutivo no toma ninguna resolución", adujo.

Enero se despide con una elevada temperatura no sólo en el ambiente, sino también en el contexto socio-político, ya que no transcurrió un solo día del primer mes del año en el cual las autoridades de la provincia no tuvieran que salir a defender a capa y espada la implementación del programa asistencial "Argentina Trabaja", calificado desde varios sectores como una práctica netamente "clientelar".

En esta ocasión, el presidente subrogante de la Legislatura, en ejercicio de la Gobernación, Regino Amado, volvió a señalar que ante las denuncias entabladas por supuestas irregularidades en el cobro de este plan, que involucran a punteros políticos relacionados con el oficialismo que exigen un porcentaje del monto remunerativo a los cooperativistas, las personas afectadas deben "realizar las denuncias ante la justicia" con el objeto de poder deslindar responsabilidades.

Todo recae en la justicia

De esta forma, el discurso alperovista mantiene los mismos argumentos esgrimidos desde un principio, pero con la particularidad que, esta vez, Amado admitió que "no podemos (por el Ejecutivo) tomar ninguna resolución; lo que hemos hecho siempre en todos y cada uno de los casos, es acatar lo que diga la Justicia, si la Justicia determina que hay algún culpable dentro o fuera de la política deberá cumplir con lo que dictamine la Justicia".

Recalcó que el dinero provisto para efectivizar el pago a quienes desempeñen alguna labor en cada una de las cooperativas conformadas, no puede ser destinado a otros fines o personas ajenas al programa asistencial: "De lo que cobran en concepto de salarios, son los dueños ellos mismos, son los dueños de todo, es el reconocimiento del trabajo que van a realizar".

Advirtió que el Gobierno se encuentra en un estado de molestia ante las denuncias periodísticas que dan cuenta de esta serie de irregularidades, porque, a su entender, no se focaliza en los beneficios que otorga el ser adherente a estos planes: "por supuesto que nos molesta, porque hay 15 mil personas trabajando y dentro de esas 15 mil puede haber inescrupulosos que quieran lucrar con el dinero y cobran lo otro. Pero en 15 mil destaquemos lo que significa para la provincia porque son 35 millones de pesos más que se distribuyen en el comercio local, los conocimientos que adquieren los trabajadores a través de los capacitadores es muy importante y el trabajo va en beneficio de la comunidad, al hacer una vereda, al mejorar una casa, al construir un playón deportivo, al mejorar una escuela o cualquier edificio público", enfatizó.

Beneficiarios en alerta

Desde la gestión local, reducen toda acción preventiva a efectuar una denuncia policial y en la determinación personal de todos aquellos que se encuentran afectados: "Decimos que lo importante es defender lo que es de ellos (los cooperativistas), el sueldo es de ellos no tienen por qué darle un centavo a nadie. Ellos se deben a las cooperativas formadas por ellos mismos, y tratar que este programa funcione en el tiempo", remarcó.

Finalmente sostuvo que durante la próxima semana llegaría a la provincia una partida presupuestaria cercana a los 40 millones de pesos con lo cual poder hacer frente a los gastos para instrumentos, materiales y demás elementos que son necesarios para los trabajos de las cooperativas.

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