El Gobierno criticó con dureza la marcha y calificó a los fiscales de desestabilizadores

El Gobierno criticó con dureza la marcha y calificó a los fiscales de desestabilizadores

Aníbal Fernández, Capitanich y Rossi minimizaron la multitudinaria manifestación y cuestionaron su carácter "opositor"; en la Casa Rosada hay una profunda preocupación por el avance de las causas judiciales contra los funcionarios y la Presidenta

Pasado el primer impacto del 18-F, el Gobierno reaccionó con dureza ante la marcha por la muerte de Alberto Nisman: la que calificó de "opositora" y acusó a los fiscales que la convocaron de tener la "vocación de desestabilizar" a Cristina Kirchner en sus últimos meses de mandato.

Lejos de la moderación, las principales espadas mediáticas de la Casa Rosada atacaron la movilización en medio de una cada vez más fuerte preocupación del oficialismo por las decisiones judiciales que ayer dejaron contra las cuerdas a buena parte de los funcionarios.

La línea oficial la abrió el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, que apenas llegó a Balcarce 50 descargó todo el malestar del Gobierno hacia el Poder Judicial.

Incluso, minimizó la concentración y la comparó con otras marchas en contra de la Casa Rosada. "¿Cuáles fueron las manifestaciones más grandes antes? La manifestación de [Juan Carlos] Blumberg y la de quienes se decían ser los representantes del campo en la Avenida del Libertador", se respondió. Y aunque dijo que no era un "estimador" de multitudes, sugirió que esas dos marchas habían convocado más participantes que la de anteayer.

"El homenaje solamente cupo por parte de la familia. Mucha pena me dio por ese tema. Lo demás es lisa y llanamente una marcha opositora. Basta ver los insultos que hubo a la Presidenta, no hemos cambiado nada con respecto a otras oportunidades", se quejó.

El malestar del Gobierno tiene destinatario, y son los jueces y fiscales. No por casualidad ayer Aníbal Fernández insistió en el reclamo de que se terminen sus privilegios. "Trabajan hasta las 13.30, no pagan impuesto a las ganancias, designan a sus familiares y las medidas cautelares [que toman] son para los poderosos a delivery cuando lo necesitan", reprochó.

"Hay que decirlo porque la sociedad argentina tiene que estar al tanto", descargó el funcionario, y se cerró con una advertencia: "No sueñen con empujar a este gobierno".

En la misma línea, siguió una hora después el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. Insistió en calificar la marcha de "opositora", denunció que hubo "expresiones agraviantes" hacia el Gobierno y pidió al Poder Judicial que tuviera independencia de las corporaciones.

Tanto Aníbal Fernández como el ministro de Defensa, Agustín Rossi, que se sumó a la reacción oficial, dejaron fuera de sus críticas a la familia de Alberto Nisman, a la que le reconocieron el legítimo derecho a marchar.

Pero si por la mañana la Casa Rosada sentó postura sobre el 18-F, a la tarde, la preocupación dejó de ser la masiva manifestación y se trasladó a lo que consideran puertas adentro la consecuencia de la marcha: la confirmación por parte de la sala I de la Cámara Federal del procesamiento del vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone; la ratificación de Claudio Bonadio en su investigación contra la Presidenta por su empresa Hotesur (ver página 12), y el llamado a indagatoria que hizo el juez Luis Rodríguez a Angelina Abbona, la procuradora del Tesoro y funcionaria del riñón de Cristina Kirchner (ver aparte).

El Gobierno vislumbra que esas medidas fueron aceleradas a partir de la marcha, que, según su visión, les dio legitimidad a los jueces para avanzar contra los funcionarios. Por eso la estrategia es ventilar los beneficios del Poder Judicial para contrarrestar, por lo menos discursivamente, el impacto en la sociedad.

Ningún funcionario se sorprendió ayer con las novedades sobre Boudou o la ratificación de Bonadio. La preocupación se concentró en el llamado a indagatoria a Abbona. Sostienen que apunta directamente a la Presidenta, que es a quien responde la procuradora.

Sin interlocutores de peso en Comodoro Py, en el Gobierno reina una suerte de desamparo judicial que los obliga a ser los últimos en enterarse de cualquier paso que den los jueces en su contra.

Poco alcanza la influencia que puedan tener el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini; el secretario de Justicia, Julián Álvarez, y el subsecretario de Inteligencia, Juan Martín Mena, los tres operadores que le quedaron al Gobierno en la Justicia.

Para la Casa Rosada, el temor es que las medidas judiciales sigan desgastando a la Presidenta. "Lo que buscan es disminuirle su capacidad de decisión sobre el sucesor", explicó un funcionario, que resaltó que la estrategia de denunciar un "golpe blando", como viene insistiendo el Gobierno, intenta establecer una línea de victimización. Nadie cree en serio puertas adentro de Balcarce 50 que los sectores a los que cuestionan puedan impulsar una salida anticipada. Eso los colocaría en víctimas. Lo que temen, y hasta consideran peor, es que dejarán a Cristina sin margen para condicionar al futuro gobierno. En el análisis que hace el oficialismo, los jueces apuntan a la Presidenta, su círculo más íntimo y La Cámpora, la fuerza propia que creó el kirchnerismo para resistir más allá de 2015.

INDAGARÁN A LA PROCURADORA DEL TESORO

 

El juez federal Luis Rodríguez citó a declaración indagatoria a la procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona, acusada de no adoptar las acciones correspondientes contra el grupo español Marsans por el presunto "vaciamiento" de Aerolíneas Argentinas.El juez decidió citar para el 26 de marzo a Abbona, tras considerar que no cumplió con el artículo 6 de la ley 26.466, promulgada en 2008 por el kirchnerismo para expropiar Aerolíneas Argentinas y Austral. El artículo obliga a los funcionarios a discriminar la deuda real de esas compañías de la "fraudulenta" y a iniciar o presentarse en las causas que investiguen esos desfalcos.La causa fue iniciada por el senador radical Gerardo Morales, quien denunció al presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, y al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y encubrimiento. Denunció que el Estado fue perjudicado en más de 800 millones de pesos y 800 millones de dólares por aceptar o condonar nuevos pasivos durante y luego de la expropiación.Cercana al secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, Abbona cobró notoriedad la semana pasada, cuando como defensora del Estado rechazó la denuncia que el fallecido fiscal Alberto Nisman presentó contra la Presidenta por la causa AMIA.

Comentá la nota