El Gobierno creó un comité para la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y las armas de destrucción masiva

El Gobierno creó un comité para la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y las armas de destrucción masiva

El Gobierno creó un comité destinado a coordinar y articular políticas en materia de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. La decisión se comunicó mediante un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial.

A la hora de dar los fundamentos de su creación, el decreto hace referencia a la necesidad de implementar de la manera más efectiva posible una serie de recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una institución intergubernamental conformada por 36 países y dos organizaciones regionales – la Comisión Europea y Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo – dedicada a este tipo de tareas.

"Dichas Recomendaciones priorizan la necesidad de que las jurisdicciones, a través de las denominadas Evaluaciones Nacionales de Riesgos, identifiquen, evalúen y entiendan sus propios riesgos en la materia, a fin de asegurar que éstos se mitiguen efectivamente", indica el texto, que lleva las firmas del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete Marcos Peña y del ministro de Justicia Germán Garavano.

La Argentina es miembro pleno del GAFI desde el año 2000 y ejerció la presidencia del organismo entre julio de 2017 y junio de 2018. El representante fue el secretario de Justicia Santiago Otamendi, número dos del ministro Garavano.

En octubre de 2014 Argentina dejó de integrar la "lista gris" del organismo – lo que suponía estar bajo vigilancia intensiva de la institución – y pasó a integrar el grupo de estados con mayores estándares técnicos en el control del lavado de dinero a nivel global.

El órgano estará bajo la órbita del ministerio de Justicia y Derechos Humanos y será presidido por un funcionario designado por esa cartera. Además del coordinador nacional, el ente estará compuesto por otros 12 miembros.

El ministro de Justicia Germán Garavano (Nicolás Aboaf)

Algunos de ellos serán el representante argentino ante el GAFI, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) – que podrá designar un representante – y funcionarios de la AFI, la AFIP el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y el ministerio de Relaciones exteriores, entre otros. También se invitó a la Corte Suprema y a la Procuración General de la Nación a designar funcionarios al comité.

Dos de estas entidades, la UIF y la AFIP, ya suscribieron recientemente un convenio que establece pautas y modalidades de trabajo conjuntas, con el objetivo de evaluar riesgos y elaborar estrategias contra estas prácticas.

La principal función que tendrá a cargo el organismo será la elaboración de evaluaciones nacionales de riesgo en las materias bajo su órbita de competencia. Para ello, deberá "identificar, recabar y analizar la información propia y de los sujetos y áreas bajo su supervisión, y de otros sectores relevantes, que pueda resultar necesaria para la formulación del diagnóstico de riesgos encomendado".

En tanto, el Ejecutivo entiende que "con el objeto de identificar, reunir y analizar la información necesaria para lograr un diagnóstico completo, objetivo y certero", es necesario convocar a las administraciones públicas provinciales y al "resto de las agencias públicas, privadas y entes públicos no estatales con competencia".

Mariano Federici, el titular de la UIF, el principal organismo encargado de la lucha contra los delitos financieros (NA)

Una vez el organismo lleve a cabo las tareas iniciales, tendrá la asignatura de proponer al Gobierno una "Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva".

A marzo de 2019, el responsable de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, (AABE), Ramón Lanus, determinó que el Estado argentino recuperó entre 100 mil y 200 mil millones de pesos de la corrupción, el narcotráfico y el lavado de dinero, lo que equivale a entre 2 mil y 4 mil millones de dólares.

La mayoría de los bienes, propiedades, autos, barcos, aviones y dinero en cuentas bancarias no se pueden usar hasta que se ponga en marcha el decreto de extinción de dominio que firmó el presidente Mauricio Macri.

Según el Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados (RNBSD), la Justicia tiene incautadas 5 aeronaves, 1705 automotores, 3 buques y 286 inmuebles.

Comentá la nota