El Gobierno confirmó la cesantía de Soto quien ahora va a la Justicia

Por Decreto Nº2.666, el Ejecutivo dispuso la sanción “disciplinaria de destitución del cargo en grado de cesantía” al referente de APPOLO, por participar de los cortes de tránsito sobre el Puente Manuel Belgrano los días 23 y 28 de agosto, junto a otros sectores.
Tal como lo publicara “época” en su edición del viernes 21 de noviembre en página 7, el Gobierno de la provincia destituyó de las fuerzas policiales al Oficial Principal Miguel Fernando Soto, por haber sido parte de los cortes de tránsito sobre el Puente General Manuel Belgrano que hace varios jueves realizan policías junto a docentes y agentes sanitarios nucleados en distintos gremios. El referente de la Asociación Penitenciaria Policial Organizada (APPOLO), conformada para la lucha por mejoras salariales y laborales, agotará las vías administrativas para responder a la medida y accionará ante la Justicia provincial en defensa de sus derechos constitucionales de reclamo y protesta. Por medio del Decreto Nº2.666 con fecha, precisamente, del pasado viernes, el Poder Ejecutivo de la Provincia emitió la sanción “disciplinaria de destitución del cargo en grado de cesantía” por transgredir normas policiales, a quien fuera vocero de la “familia policial” durante el conflicto con el sector en los primeros meses del año. La medida, refrendada por el gobernador Arturo Colombi y el ministro de Gobierno y Justicia, Walter Insaurralde, está relacionada con el corte de ruta protagonizado por el efectivo policial el pasado 23 de octubre, “fuera de la amnistía general dada por el Estado provincial meses atrás, en circunstancias similares”. Es que desde el Gobierno entienden que la medida adoptada por Soto transgrede la Ley Nº5824 sancionada el pasado 24 de mayo por la Legislatura correntina para destrabar el conflicto policial que, tras un par de meses, llegó a la protesta sobre el Puente Chaco-Corrientes. Entre los argumentos de la medida oficial, el uniformado “ha actuado con desobediencia e insubordinación a las normativas establecidas en la norma policial existente, violentando así los preceptos normados en el reglamento del régimen disciplinario policial y normas de procedimiento que se le imputa, al concurrir el día 23 de octubre de 2008, en la explanada del puente interprovincial General Manuel Belgrano, procediendo luego a interrumpir el libre tránsito sobre el viaducto interprovincial de personas y cosas por esta vía de comunicación”. En el texto del decreto, se agrega además que la “actitud fue reiterada en fecha del 28 de octubre de 2008, lo que evidencia una desobediencia e insubordinación manifiesta”. Señalan además que “ha reiterado esta conducta estando bajo proceso sumarial y con conocimiento de las faltas que se le imputaban en el mismo”, puesto que se había iniciado un proceso sumarial contra Soto ya por los últimos sucesos de la protesta en el Puente en mayo pasado junto a la “familia policial”. Por último, se destaca una evidenciada y “fehaciente carencia de apego a las directivas legales y normas disciplinarias que reglan la actividad y función policial”. Fuentes policiales anticiparon a “época” que, además de Soto, habría unas cuatro solicitudes más de cesantías. Si bien el dato aún no ha sido confirmado desde el Gobierno, en el decreto de destitución del oficial se señala que en base a “grabaciones de medios periodísticos de la capital correntina”, han sido “individualizados personal policial retirado y en actividad”.

A la Justicia

Soto aún no ha sido notificado de su cesantía, pero espera la comunicación oficial para actuar en su defensa. Para ello, cumplirá con los pasos administrativos de defensa y llevará el caso a la Justicia provincial. “Voy a agotar las vías administrativas”, dijo el oficial a este medio y adelantó que “voy a recursar una revocatoria de decreto”. Mientras tanto y en paralelo, acudirá a la Justicia. La semana que viene, “voy a presentar un recurso de amparo”, anticipó. El planteo, que hará entre el lunes y martes próximo, argumentará que “no se respetaron mis derechos de defensa”, adelantó. Así, ante los tribunales locales (por sorteo se determinará el Juzgado correspondiente), buscará hacer respetar los derechos constitucionales de protesta.

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